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El Gobierno acaba de aprobar el real decreto con las medidas urgentes que regularán la nueva normalidad después de tres meses de estado de alarma. Aunque en las redes sociales se ha comentado que el Gobierno regula la vuelta a los bares pero no a los colegios, lo cierto es que el texto aprobado no recoge ninguna norma específica sobre la vuelta a las aulas pero tampoco sobre los bares o restaurantes más allá de que habrán de cumplirse las medidas de higiene, limpieza y desinfección así como respetar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.
En el caso de los colegios, los detalles sobre la vuelta a las aulas no están incluidos en este documento porque son competencia de las comunidades autónomas. De hecho, el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas han creado grupos de trabajo de cara a abordar el desarrollo del próximo curso y establecer planes de contingencia necesarios para la reapertura de los centros en septiembre.
En ese sentido, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha explicado este 10 de junio en Ser Catalunya [min. 1:45] que, a pesar de lo que ha escuchado estos días en relación a la vuelta a los centros docentes, “sí que hay desescalada para la educación (...): en la Fase 1, se abrieron estos centros para la actividad administrativa [matriculaciones, certificaciones…] y, en la Fase 2, la escuela tenía autorización para atender al alumnado”, tanto a aquellos que se tenían que presentar a exámenes de cambio de etapa (4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de Formación Profesional media y superior), como a aquellos que necesitaban refuerzo.
Celaá ha repetido el mismo argumento más tarde en otra entrevista en laSexta [min. 40:55]: “los centros han empezado a abrir de manera muy desigual. Hasta ahora, solo se podía autorizar una apertura en Fase 2. Por eso, la Comunidad de Madrid ha abierto esta semana, el lunes, en Fase 2, porque, efectivamente, las competencias corresponden a las comunidades autónomas que en función de sus propias características han ido abriendo los centros”.
Por el momento, algunas comunidades autónomas, como la Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares, Andalucía, Madrid y el País Vasco, han explicado a la ministra de Educación, Isabel Celaá, durante sus encuentros que rechazan la vuelta al colegio de los menores de seis años, tal y como recoge la prensa.
A tres meses de septiembre, momento en el que se tendrá que volver a la escuela, todavía es complicado saber cuáles serán las normas que se establecerán en estos centros por parte de las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en materia de educación. Pero este 11 de junio, Celaá se vuelve a reunir con las respectivas Consejerías de Educación, en lo que será la cuarta conferencia sectorial, para continuar trabajando en esta línea y ver cómo pueden asegurar el retorno a las aulas el próximo curso.
Sobre este punto, la ministra ha destacado que una de las propuestas del ministerio con respecto a la vuelta pasará por “la limitación de contactos, minimizando el número de alumnos”, en las clases de los más pequeños hasta los 10 años, “o aumentando la distancia entre los pupitres”, en el caso de los cursos superiores.
El objetivo del Ministerio de Educación es que la vuelta a las clases sea presencial
En ambas entrevistas, Celaá ha especificado que “el principio general” que debe regir en septiembre es “la presencialidad” y que, para ello, todos los espacios de la escuela tendrán que estar a disposición de los alumnos. En este sentido, ha añadido que “estamos trabajando en la optimización de los espacios” por lo que “se incorporarán lugares como la biblioteca o el comedor que no son propiamente aulas. Y cuando el colegio no disponga de espacio”, se buscará en otras entidades.
Además, “a diferencia de lo que ocurrió en marzo, que no tuvimos tiempo, esta vuelta al colegio se podrá hacer teniendo en cuenta ciertas medidas”, ha continuado. Por ello, ha recordado que la distancia interpersonal de 1,5 metro y la mascarilla a partir de los seis años tendrá que ser obligatoria en los centros docentes, tal y como está regulado en el decreto aprobado este 10 de junio, aunque seguirán trabajando “en una flexibilidad” en esos grupos reducidos.
