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El vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, de Vox, anunció el pasado 12 de enero en la rueda de prensa un “protocolo de latido fetal y registro cardíaco” que, según Gallardo, habían acordado entre su cartera y la Consejería de Sanidad, y también entre los dos partidos de la coalición de Gobierno -el Partido Popular y Vox- [min. 8:30].
Este protocolo, explicó la Junta de Castilla y León en una nota de prensa ese mismo día, incluía “un estudio ecográfico a partir de la sexta semana de embarazo” en la que se haría también un “registro del latido cardíaco” del feto. Además, se anunció que “se promoverá el acceso a la ecografía 4D a las mujeres gestantes durante el seguimiento de su embarazo”.
Gallardo detalló que era “obligatorio” para los sanitarios “ofrecer” la ecografía en la sexta semana, escuchar el latido fetal y la ecografía 4D [min. 29:01]. Explicó también que “la idea” era que el protocolo entrara en vigor “inmediatamente, en el corto plazo” [min. 1:03:13]. Un día después, el 13 de enero, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, del PP, aseguró a El País que se empezaría a aplicar el 16 de enero.
El protocolo no aparece en el boletín de Castilla y León a 18 de enero y Mañueco dice que no se va a cambiar
El 16 de enero, el protocolo, anunciado tanto por la vicepresidencia de la Junta como por la Consejería de Sanidad, no apareció publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León y Comisiones Obreras (CCOO) aseguró que los médicos no habían recibido indicaciones sobre el nuevo protocolo para las embarazadas. En el momento de publicación de esta información, a 18 de enero, la Junta de Castilla y León no ha publicado el documento.
El presidente castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, aseguró después que “ni se modifica el protocolo de actuación sanitaria del Estado y de la comunidad autónoma y en ningún caso la Junta de Castilla y León actualiza el protocolo de atención a las mujeres que se someten a una interrupción del embarazo” [min. 1:30]. “No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada”, detalló Mañueco [min. 2:08], aunque mantuvo las medidas que anunció su vicepresidente.
Horas antes, el vicepresidente autonómico volvió a comparecer y añadió lo que describió como un “matiz” a sus declaraciones previas asegurando que “lo que no es obligatorio para los médicos es ofrecer la información, pero lo que sí va a ser obligatorio a partir de hoy es ofrecer la posibilidad de tener la información”.
El 19 de enero, la Junta de Castilla y León anuncia la inadmisión del requerimiento presentado por el Gobierno central
El 17 de enero, el Ministerio de Política Territorial anunció en Consejo de Ministros un “acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben” la ley del aborto.
El requerimiento por incompetencia viene regulado en la Ley 2/1979 del Tribunal Constitucional, donde se fija que cuando una disposición, resolución o acto de una comunidad autónoma no respeta las competencias fijadas en la Constitución y en los estatutos de autonomía, el Ejecutivo tendrá un plazo de dos meses desde la publicación oficial del texto para presentar el requerimiento.
Dos días después, la Junta de Castilla y León, en palabras de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, anunció su “inadmisión” por “la inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento, ya que el Estado pretende ampararse en declaraciones políticas que son completamente ajenas a la aprobación de normas, el dictado de actos o resoluciones, o cualquier tipo de instrumento jurídico, cuya existencia se niega rotundamente”.
Cuando la Junta de Castilla y León presentó el protocolo, Carriedo explicó que Gallardo iba a anunciar actuaciones “en favor de la natalidad” que habían sido “puestas en conocimiento del Consejo de Gobierno por parte de la Vicepresidencia de Castilla y León y la Consejería de Sanidad” e iba a ser esta última la que iba “a poner en marcha” las medidas [min. 5:14].
Un día después, el Gobierno dice que la Junta ha acatado el requerimiento
Un día después de que el portavoz de la Junta “inadmitiera” el requerimiento, La Moncloa ha enviado un comunicado donde “considera” que el Gobierno autonómico “ha acatado formalmente el requerimiento realizado por haberse abstenido de adoptar y aplicar, o por haber dejado sin efecto aquellas actuaciones materiales, protocolos, acuerdos, instrumentos o comunicaciones” relativas al aborto que anunciaron la semana anterior y que “incumplieran la normativa estatal y menoscabaran los derechos de las mujeres”. El Ejecutivo ha mostrado su “preocupación” ante las declaraciones de Carriedo el 19 de enero en las que aseguraba que las medidas anunciadas de ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal y de hacer una ecografía 4D seguían adelante. Por ello, explican que enviará una carta al Gobierno de Mañueco en la que “se le recordará nuevamente que resulta contrario a la legalidad vigente y a nuestro orden constitucional de distribución de competencias que una comunidad autónoma adopte cualquier medida” como las que han propuesto.
Comunicado del Gobierno sobre el escrito enviado al Ejecutivo por la Junta de Castilla y León en relación con el requerimiento de incompetencia por actuaciones que puedan vulnerar los derechos de las mujeres. pic.twitter.com/0TuHhrShAI
— La Moncloa (@desdelamoncloa) January 20, 2023
Vox amenaza con romper el acuerdo de Gobierno y horas después dice que solo “revisarán los acuerdos”
Las palabras de Mañueco y de otros dirigentes del PP afirmando que no iba a haber un cambio en los protocolos de interrupción voluntaria del embarazo provocaron que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, anunciara en TVE que “si no se cumplen [los acuerdos de investidura entre los que estaba incluido el “apoyo a la natalidad” en el punto 10], evidentemente tendremos que revisar ese acuerdo y revisar la opción de seguir o no en el Gobierno”. En el acuerdo de investidura no se especifica qué medidas se implementarían para dar ese “apoyo a las familias, a la natalidad y a la lucha contra la despoblación, como centro de las políticas públicas”.
Unas horas después, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, explicó que “revisar el pacto y romper el Gobierno eran cosas distintas” [min. 11:37]. “Revisaremos las condiciones en las que pactamos con ellos y actuaremos en consecuencia. Eso no quiere decir necesariamente que vayamos a romper gobiernos”, añadió.
Primera fecha de publicación de este artículo: 19/01/2023
