¿Son iguales un tomate marroquí, uno francés y uno español? ¿Tienen las mismas condiciones de seguridad alimentaria una plantación tomatera en el Levante que en Brasil? Una de las reclamaciones de los agricultores que se han manifestado por toda Europa a comienzos de 2024 son las supuestas distintas condiciones a las que están sujetos los productos producidos dentro de la UE y los importados desde países de fuera: consideran que la retirada de aranceles hunde los precios de los alimentos e incluso han pedido la retirada de acuerdos comerciales como el que se está negociando con Mercosur.
En este contexto, algunos mensajes dicen que los alimentos extracomunitarios no tienen los mismos requisitos fitosanitarios que los de la UE. La normativa europea establece que esos alimentos deben mantener los estándares europeos, pero dos de las tres principales asociaciones agrarias españolas consultadas por Maldita.es (COAG y UPA) consideran que el problema no es ese, sino las condiciones de producción ambientales, económicas y laborales en que se producen esos alimentos.
Según estas asociaciones, al no aplicarse las mismas reglas de producción en materia de medioambiente o de derechos laborales a los agricultores de países extracomunitarios, es más barato plantar, por ejemplo, tomates en Brasil que en España y, por tanto, se genera una “competencia desleal” entre los productos europeos y los de terceros países. Maldita.es ha tratado de contactar con Asaja, que es la tercera asociación, sin éxito.
Algunas asociaciones agrarias piensan que existe “competencia desleal”: es más barato producir en otros países que en la Unión Europea
Los agricultores se quejan de que, aunque los productos importados deben cumplir los requisitos sanitarios, las explotaciones agrarias de otros países se rigen por sus leyes nacionales y no tienen las mismas condiciones de producción ambientales, laborales y económicas: “Los requisitos medioambientales, las materias activas de los fitosanitarios autorizadas, las normas laborales, los costes salariales… son más estrictos en territorio europeo que en los países de origen de las importaciones. Esto genera una diferencia de costes que deriva en una competencia desleal de los productos”, indica COAG a Maldita.es.
En el caso de España, los siete primeros países no pertenecientes a la UE de los que se importaron en 2022 productos agroalimentarios (importaciones superiores a mil millones de euros) fueron Brasil, Marruecos, China, Estados Unidos, Ucrania, Argentina e Indonesia.
En el caso de las condiciones laborales, los dos primeros importadores extracomunitarios por volumen tienen menores salarios mínimos que España: en 2022, la OCDE estimó que Brasil tenía un salario mínimo anual de 2.816 dólares estadounidenses (2.601 € al cambio, 217 € al mes), mientras que Marruecos estableció en 2022 un salario mínimo agrícola de 215,30 € al mes. Durante 2022, el salario mínimo interprofesional en España fue de 1.000 € al mes en 14 pagas (14.000 € anuales). Por tanto, aunque los niveles de seguridad alimentaria son casi iguales, al menos en cuanto a mano de obra, no tiene el mismo coste una tomatera en Brasil o Marruecos que en España o Francia.
Los alimentos importados deben cumplir las mismas condiciones de sanidad que los cultivados en la Unión Europea
La normativa europea establece que los productos importados deben mantener los mismos requisitos y estándares europeos de sanidad que se aplican a los alimentos producidos en la UE. “Los productos agrícolas para consumo que proceden de cualquier país de fuera de la UE deben de cumplir los requisitos normativos de seguridad alimentaria de la Unión”, indica el Ministerio de Sanidad a Maldita.es.
Sin embargo, hay mensajes que dicen que los productos (como los tomates) procedentes de otros países fuera de la UE no pasan los mismos controles fitosanitarios que los productos europeos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, dijo el 22 de febrero que hay “un problema de competencia desleal” en el sector primario debido a que los agricultores de países terceros pueden usar modelos específicos de productos fitosanitarios (insecticidas, herbicidas, plaguicidas…) que en la Unión Europea están prohibidos.
Los controles de plagas y fitosanitarios se realizan en la frontera y Sanidad afirma que se fija un límite de residuos para productos no autorizados en la UE
Maldita.es ha contactado tanto con el Ministerio de Agricultura (que realiza los controles de plagas) como con el Ministerio de Sanidad (que realiza los controles de residuos fitosanitarios), que han confirmado que sí se realizan en la frontera revisiones de los productos: “Se realiza un control documental al 100% de los productos que se importan. En caso de sospecha de incumplimiento de la normativa o de que haya riesgo, se realiza un control de identidad y físico (incluida toma de muestra)”, explica el Ministerio de Sanidad. Maldita.es ha preguntado por la frecuencia con la que se realizan los controles físicos sin recibir respuesta hasta el momento de publicación de este artículo.
“La Unión Europea establece unas normas, en general, más estrictas que las internacionales, tanto en cuestión de plagas y enfermedades como en los límites máximos de residuos de productos fitosanitarios”, indica el Ministerio de Agricultura.
En el caso de los plaguicidas no autorizados en la Unión Europea, el Ministerio de Sanidad indica a Maldita.es que se fija un “limite de determinación”. “Es la menor concentración de residuo validada que se puede cuantificar con métodos validados de laboratorio”.
Dos de las tres asociaciones agrarias más importantes del sector en España, UPA y COAG (Maldita.es ha tratado de contactar con Asaja, que es la tercera, sin éxito) corroboran que los controles sanitarios sí se realizan, aunque reclaman más información y transparencia: “Sería necesario que ambos Ministerios ofrecieran una información más accesible y pública que pudiera dar tranquilidad a los agricultores y ganaderos”, indica UPA a Maldita.es.
