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Contexto sobre las protestas agrícolas en Europa y sus demandas: la PAC, Mercosur y Ucrania

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Claves
  • Los agricultores y ganaderos han protestado en varios Estados miembros de la Unión Europea con algunas reivindicaciones comunes y otras nacionales
  • El rechazo al tratado de libre comercio con el Mercosur y a dejar el 4% del terreno sin producir para recibir algunas ayudas de la Política Agraria Común son algunas demandas europeas
  • En España destaca aumentar el control a importaciones marroquíes y en otros países mantener las subvenciones al diésel agrícola
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En las últimas semanas, múltiples protestas de agricultores y ganaderos han recorrido muchos países de la Unión Europea. Aunque cada país tiene su problemática y reivindicaciones propias, hay algunas peticiones comunes: el rechazo a los tratados de libre comercio, a vender productos por un precio que no compense la producción y a los nuevos requisitos ecológicos para recibir algunas ayudas de la Política Agraria Común (PAC). También se pide modificar la política de importaciones de productos ucranianos o mantener las subvenciones al diésel agrícola.

Las demandas comunes a nivel europeo

Desde la Coordinadora Europea Vía Campesina (CEVC), una confederación de sindicatos y organizaciones que representan los campesinos de pequeña y mediana escala y a agricultores en 21 países europeos, agrupan varias demandas. Entre otras medidas, piden parar las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y una moratoria para todos los demás acuerdos de libre comercio que se están negociando actualmente. También que a nivel europeo exista una prohibición de vender por debajo de los costes de producción.

COPA-COGECA, la unión de dos organizaciones de agricultores de la Unión Europea, se unió a una protesta en Bélgica el 1 de febrero pidiendo la derogación de los condicionantes ambientales para recibir ayudas de la PAC, adaptar el acuerdo de comercio con Ucrania para “asegurar que el destino de los productos agrícolas ucranianos” estén fijados antes de que entren a la UE y asegurar la reciprocidad en los estándares de producción agrícola “para asegurar el comercio justo”.

La CEVC alertó también de los “intentos de la extrema derecha de explotar y utilizar” las movilizaciones para impulsar su propia agenda, “que incluye negar el cambio climático, pedir que se rebajen las normas medioambientales y culpar a los trabajadores inmigrantes de las zonas rurales”, todo lo cual, según su criterio, no tiene “nada que ver” con los intereses de colectivos agricultores. Esta coordinadora agrícola incluye en España a la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y al Sindicato de Obreros del Campo (SOC).

Mercosur-UE: negociaciones para facilitar el libre comercio 

El Mercado Común del Sur (Mercosur) es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual se incorporó Venezuela (aunque su pertenencia está actualmente suspendida) y donde Bolivia está en proceso de adhesión. La Unión Europea y Mercosur llegaron a un “acuerdo en principio” en 2019 para elaborar un tratado de libre comercio, que todavía no ha sido ni redactado ni aprobado. El Gobierno francés ha pedido interrumpir las negociaciones del tratado con Mercosur.

Las principales exportaciones del Mercosur a la UE en 2021 fueron los productos minerales (22,3% del total), los productos vegetales, incluidos la soja y el café (20,7%), y los productos alimenticios, las bebidas y el tabaco (19,1%). Brasil es el tercer exportador mundial de productos agrícolas y el primero en soja, café, carne bovina y de pollo, zumos de frutas y azúcar, según datos de 2021. Por su parte, Argentina fue el segundo exportador a nivel mundial de maíz en ese año y el tercer productor de soja a nivel mundial en 2022. Paraguay es el primer productor y exportador de chía y es el cuarto exportador mundial de soja.

La PAC y las tierras sin producir

La Política Agraria Común (PAC) es una política común de todos los países de la Unión Europea destinada al sector agrario y mundo rural que incluye ayudas directas a los productores. En enero de 2023 entró en vigor la nueva PAC para el periodo 2023-2027 con un presupuesto de 336.000 millones de euros, un tercio del presupuesto total de la UE. Entre las novedades incluye un “nuevo pago redistributivo” para las pequeñas y medianas empresas agrícolas (con una ayuda adicional para las primeras hectáreas de cada explotación) y jóvenes agricultores y mayores ayudas para los agricultores que adopten prácticas agrícolas más ecológicas como la rotación de cultivos y la agricultura ecológica, según el Consejo de la Unión Europea.

Una de las reivindicaciones en Francia y otros países es retirar la exigencia del 4% de las tierras al barbecho (sin producir) para acceder a ciertas ayudas, que incluye también la nueva PAC. Este requisito no aplica a cultivos permanentes y a explotaciones con una superficie de tierra de cultivo inferior a las 10 hectáreas.

El 31 de enero, la Comisión Europea anunció que iba a plantear una derogación de la exigencia de dejar un 4% del terreno sin uso productivo cada año para acceder a algunas ayudas de la PAC a cambio de plantar un 7% de cultivos reparadores que fijen nitrógeno en el suelo. Estas propuestas deben ser aprobadas por los 27 Estados miembros de la UE.

Los aranceles que la UE levantó a productos agrícolas de Ucrania y Moldavia

En mayo de 2022, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, la Unión Europea suspendió los aranceles y otras medidas de defensa comercial sobre las exportaciones ucranianas a la Unión Europea a cuatro productos (trigo, maíz, colza y girasol). A partir de entonces podían circular y venderse libremente por los países miembros salvo Rumanía, por donde sólo podía transitar. Los agricultores en Europa central y oriental piden cuotas y aranceles para las exportaciones agrícolas ucranias al considerarlas “competencia desleal”.

Entre mayo y septiembre de 2023 la Comisión Europea mantuvo un veto a la venta de estos cuatro productos agrícolas ucranianos en los cinco países vecinos de Ucrania (Hungría, Eslovaquia, Polonia, Rumanía y Bulgaria). Unilateralmente, los gobiernos polaco, húngaro y eslovaco impusieron un veto de importación a los productos alimenticios ucranianos que no impediría que pasen a otros países de la UE.

Moldavia es un país externo a la UE sin salida al mar cuyo puerto más cercano es el ucraniano de Odesa. Para ayudar a reorientar sus exportaciones a través de la Unión Europea, desde julio de 2022 la Unión también levantó aranceles a las importaciones moldavas de siete productos agrícolas: tomates, ajos, uvas de mesa, manzanas, cerezas, ciruelas y zumo de uva.

La Comisión Europea acordó el 31 de enero de 2024 solicitar una prórroga en la exención de aranceles a los productos agrícolas importados de Ucrania y Moldavia, aunque acompañada de "medidas de salvaguardia" para limitar los volúmenes de los productos más sensibles. Esta prórroga debe aprobarse por los 27 estados miembros de la UE. De no hacerlo, en junio de 2024 acabará la exención para los productos agrícolas ucranianos y en julio de 2024 para los moldavos.

Fin de las subvenciones al diésel

En Alemania y Rumanía ha habido protestas agrícolas por, entre otros motivos, recortes a los subsidios para vehículos agrícolas y al diésel. En Alemania el recorte propuesto era dejar de subvencionar de golpe el diésel agrícola, lo que supone un reembolso de 21,48 céntimos por litro para los agricultores. Tras las protestas, el Gobierno alemán se ha comprometido a que estas ayudas no se eliminarán de una vez sino que expirarán de forma escalonada en tres años. También se iba a suprimir la exención de pagar el impuesto de circulación de vehículos agrícolas y forestales y se ha abandonado la idea.

España: mayores controles a los productos marroquíes importados

En España, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) añaden a las demandas comunes otras relacionadas con el comercio con Marruecos. Entre ellas, aumentar los controles para “garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio”. Desde el año 2000 hay una zona de libre comercio entre la UE y Marruecos.

Estas organizaciones también piden flexibilizar y simplificar la PAC y paralizar las negociaciones de acuerdos de libre comercio con otros países como Chile, Kenia, México, India y Australia. Además, piden modificar y ampliar la ley de la cadena agroalimentaria para “prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción”. Esa ley ya fija que el precio que se debe pagar no puede ser inferior al coste de producción del producto ni hacer la venta final al consumidor al precio real de adquisición.

Otros colectivos rurales tienen otras reivindicaciones, como el de un grupo de agricultores y ganaderos en la provincia de León, que incluye que el lobo deje ser una especie “especialmente protegida”, autorizar los organismos modificados genéticamente o transgénicos, reducir impuestos como el IVA de los carburantes y de la electricidad para promover la libre competencia, aumentar la capacidad de agua embalsada y un “ambicioso plan de seguros agrarios”.

Francia: asegurar ventas al coste de producción y rechazo a medidas para reducir el uso de fitosanitarios

En Francia, la Federación Nacional de los Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), con 212.000 miembros según sus cifras, y el sindicato agrícola para menores de 38 años Jóvenes Agricultores anunciaron movilizaciones con seis tipos de demandas: respuestas inmediatas para lograr una remuneración justa por su trabajo, el rechazo completo e inmediato de todas las sobretransposiciones (creación de normas nacionales que vayan más allá de las obligaciones de una directiva europea), “salir de las incoherencias” del Green deal (acuerdo verde, unas iniciativas políticas para situar a la Unión Europea “en el camino hacia una transición ecológica”) y de la planificación ecológica, poner en marcha medidas específicas a favor de la renovación generacional, la simplificación y la competitividad.

Entre las peticiones están “garantizar la plena compensación para todo el diésel agrícola mediante la introducción inmediata de la desgravación fiscal y la inclusión en el precio pagado del importe reembolsado actualmente” y el pago inmediato de todas las ayudas de la PAC. También se pide el “rechazo de Écophyto y una moratoria sobre sus prohibiciones”. El plan gubernamental Écophyto busca “reducir el uso de productos fitosanitarios” y eliminar todos los usos del herbicida glifosato.

Además se pide garantizar “el pleno cumplimiento de la legislación de EGAlim”, tres leyes votadas entre 2018 y 2023 que pretenden garantizar unos ingresos fijos a los agricultores y ganaderos franceses, con controles en todo el país. EGalim 1 busca “pagar a los productores un precio justo para que puedan vivir dignamente de su trabajo” con medidas como limitar al 10% el umbral de ventas a pérdidas de productos alimentarios, restringir las promociones en las grandes superficies al 34% del valor de los alimentos y la difusión de "indicadores de referencia" para los costes de producción y los indicadores de mercado, con el fin de ayudara los agricultores en las negociaciones comerciales. También incluye medidas para mejorar las condiciones sanitarias y medioambientales de la producción como prohibir los insecticidas neonicotinoides.

Tras discutirse la eficacia de esta ley, en 2021 se aprobó EGAlim 2 con el objetivo “de proteger la renta de los agricultores”. Esta nueva legislación incluye la obligación de etiquetar el origen de algunos productos alimentarios y establece que el agricultor o ganadero firme un contrato de varios años con los intermedios que incluya un precio que integre los costes de producción.

En marzo de 2023 se adoptó la ley para reforzar el equilibrio en las relaciones comerciales entre proveedores y distribuidores Descrozaille (conocida como ley Descrozaille por el diputado Frédéric Descrozaille de La República en Marcha, el partido del presidente Emmanuel Macron, o la ley Egalim 3) para llenar, según France Info, un “vacío legal” cuando los fabricantes y los supermercados son incapaces de acordar nuevos precios: los supermercados podían pagar los productos al precio antiguo, aunque los costes de producción de los fabricantes hubieran aumentado. El consejero delegado del grupo Carrefour pidió una moratoria de un año en la aplicación de esta ley.

Por su parte, la Confederación campesina anunció su apoyo a las movilizaciones de agricultores en Francia con los lemas "Una renta digna para todos los agricultores" y "Romper con el libre comercio".  Esta organización pedía “una ley que prohíba cualquier precio agrícola por debajo de nuestros precios de coste y el fin inmediato de las negociaciones de acuerdos de libre comercio”. Pero también se desmarcaba de parte de las peticiones de la FNSEA como las “ventajas para la producción de agrocombustibles” a la par que denuncian que la FNSEA elude “la cuestión del reparto equitativo de la tierra y del agua”.

Las medidas anunciadas por el Gobierno francés

El 1 de febrero, el primer ministro de Francia, Gabriel Attal, y varios ministros anunciaron varias medidas respecto a la agricultura. Una es el refuerzo de las leyes EGalim con el control de “todas las grandes cadenas de supermercados” y más de 10.000 controles sobre “el origen francés de los productos” que en caso de fraude las sanciones serán hasta el 10% de su facturación.

Otra medida es la “puesta en pausa” del plan Écophyto para reducir el uso de productos fitosanitarios y la voluntad de impedir la importación en Francia de frutas y hortalizas tratadas con el pesticida neonicotinoide tiacloprid, un producto prohibido en la Unión Europea por ser tóxico para la reproducción humana y carcinógeno. También se anunció el compromiso de flexibilizar las normas que obligan a los agricultores a mantener las superficies de pastizales aplicando "una excepción a la obligación de replantar durante un año" y de incluir el objetivo de soberanía alimentaria en la ley. También se han anunciado ayudas económicas: 150 millones de euros en ayudas fiscales y sociales a los agricultores.

Anteriormente, el 26 de enero Attal anunció la anulación de la subida de impuestos al diésel agrícola que estaba prevista (aunque iba a ser compensada con otras medidas) y una devolución parcial de un impuestos a productos energéticos, 50 millones de euros de “ayuda de urgencia” para el sector ecológico, un fondo de urgencia para el sector de la uva, el compromiso de que todas las ayudas de la PAC se ingresarán antes del 15 de marzo y “sanciones muy severas a tres empresas” por no respetar las leyes EGalim y decretos para “simplificar las normas” que involucran a los agricultores y ganaderos.

Tras el anuncio del primer ministro francés el 1 de febrero, tanto FNSEA como Jóvenes Agricultores anunciaron el fin de los bloqueos de infraestructuras. En cambio, la Confederación campesina anunció que continuaría con los bloqueos y movilizaciones, que siguieron a 2 de febrero, por “la falta de respuesta sobre los ingresos campesinos”, no anunciarse la prohibición de la compra por debajo del precio de coste de nuestros productos agrícolas” así como no ponerse en duda el libre comercio. El primer ministro ha aclarado que Francia no aceptará el acuerdo de Mercosur.

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