“¿El culpable de los incendios es la emergencia climática, o la emergencia en instalar aerogeneradores de viento tras los incendios para aumentar la producción de energía eólica en España?”. Este tuit viral ejemplifica la narrativa que afirma que la causa de los incendios forestales es el interés por acelerar el proceso de cambio de uso del suelo quemado (un proceso administrativo llamado recalificación) e instalar aerogeneradores. Pero se trata de una desinformación porque la construcción de un parque eólico no requiere la recalificación del suelo y un incendio no aceleraría ni revertiría la aprobación de proyectos renovables si el trámite se había iniciado previamente. Además, en España la ley de montes no permite recalificar automáticamente áreas quemadas.
La construcción de un parque eólico no requiere recalificar el suelo, indican los expertos
Pepe Almodóvar, ingeniero de montes, director de extinción en el dispositivo de incendios forestales de Castilla La-Mancha y miembro de la Fundación Pau Costa, aseguró a Maldita.es que “la construcción de un parque eólico no requiere la recalificación del suelo”, ya que este “mantiene su uso forestal” aunque tenga aerogeneradores instalados en él.
La abogada ambiental María Ángeles López Lax coincide en que no hace falta recalificar para construir un parque eólico en un terreno forestal porque “en la mayoría de las normas urbanísticas autonómicas es suficiente con una calificación excepcional o autorización de uso excepcional en suelo no urbanizable”. De hecho, la ley del suelo estatal y las autonómicas permiten en ese tipo de suelo “proyectos de utilidad pública, como pueden ser las instalaciones de generación de energías renovables, que no puedan realizarse en otra clase de suelo distinto del no urbanizable”, es decir, que sólo se puedan hacer en suelo no urbanizable o rústico.
El incendio no evita la evaluación de impacto ambiental
“Con la ley en la mano, se podría construir un parque eólico en un monte quemado, como se puede construir un tendido eléctrico, porque no requiere un cambio de uso del suelo. Pero no tiene sentido quemarlo porque el trámite ambiental es siempre necesario y eso no te va a eximir de él”, destacó Pepe Almodóvar.
Si el monte es Zona Especial de Conservación (ZEC) (un tipo de área de la Red Natura 2000, una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad) no sería posible construir un parque eólico en ningún caso en las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares, Galicia y Navarra a diciembre de 2020, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En otras comunidades, en cambio, sólo se podrían construir parques eólicos en las ZEC si no están prohibidos por la normativa autonómica o el plan de ordenación de cada espacio y tienen una declaración de impacto ambiental positiva, indica López Lax: “En Asturias hay un plan de ordenación territorial del 2008 que estableció muchas limitaciones para la implantación de eólicos, más allá de los espacios Red Natura 2000 incluso”.
Los incendios no ahorrarían a los proyectos renovables pasar por el trámite administrativo de una evaluación de impacto ambiental, señala la abogada López Lax. En cambio, un incendio sí “podría ayudar en el sentido de que los hábitats y especies protegidas que pudieran haber en ese espacio desaparecerán. Y cuando se vaya a hacer el estudio de impacto ambiental constará que no existen valores ambientales que impidan su implantación, aunque esto no debería servir para espacios protegidos o la Red Natura 2000, que seguirían siendo espacios a proteger y se le seguiría aplicando la misma normativa”.
María Rosario Alonso, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo y miembro del Observatorio de Políticas Ambientales (OPAM), opina que un incendio no ayudaría a reducir el proceso previo de alegaciones y evaluación de impacto ambiental para construir estos parques eólicos. Una normativa aprobada en marzo de este año por el Principado de Asturias para “simplificar los procedimientos de autorización” de proyectos renovables tampoco tiene “efecto directo en los incendios”, aunque la medida “repercute negativamente al coartar la participación ciudadana”, concluye la catedrática asturiana.
Por su parte, Pepe Almodóvar destacó que “no tiene sentido quemar para construir porque la construcción requiere en cualquier caso de exactamente el mismo procedimiento administrativo se queme o no se queme”, y apuntó que la construcción de estos parques conlleva una infraestructura que no requiere de cambio de uso del suelo, “por lo que no tiene sentido quemarlo para cambiar el uso”. Para María Rosario Alonso tampoco tendría sentido quemar montes para favorecer la energía eólica.
En España la ley de montes no permite recalificar automáticamente áreas quemadas
Esta narrativa se apoya también en la idea de que la normativa de montes permite ‘construir inmediatamente en territorio quemado’. Ya desmentimos que la ley de montes del PP de 2015 permitiera recalificar automáticamente áreas quemadas. Aquella ley modificaba la Ley de Montes de 2003, que sigue en vigor y es la que legisla y fija, en su artículo 50, el mantenimiento y restauración del carácter forestal de los terrenos incendiados. El texto legal asegura que son las comunidades autónomas quienes tienen que garantizar la restauración de los terrenos forestales incendiados, quedando prohibido “el cambio de uso forestal al menos durante 30 años”.
La ley recoge excepciones a esta prohibición, siempre y cuando los cambios del uso forestal estuvieran previstos antes del incendio, y no después. Es decir, un incendio no supondría un cambio en el uso del suelo respecto a la situación prevista antes del fuego: no se puede recalificar automáticamente si no lo estaba ya antes, ni se puede frenar una recalificación aprobada previamente.
Sin embargo, a través de la ley 21/2015 que modifica la ley de montes, se introdujo un cambio en este artículo, por el que “con carácter excepcional” se podrá acordar un cambio de uso forestal cuando “concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley” siempre y cuando se adopten medidas compensatorias para recuperar la superficie forestal quemada. Estas razones de “interés público” no aplican para hacer parques eólicos, en opinión de la abogada Eugenia Pérez Miranda, que nos ha cedido sus poderes a Maldita.es.
La desinformación que señala proyectos de parques eólicos de Asturias situados en municipios con incendios
Otra vertiente de esta narrativa es la que pretende señalar de forma directa una supuesta relación entre los municipios donde ha habido incendios y las zonas donde se quieren instalar parques eólicos. Se ha difundido aprovechando los incendios de Asturias. Una imagen viral muestra varios proyectos eólicos asturianos marcando en naranja los que supuestamente estarían situados en municipios con incendios.
Sin embargo, en al menos siete de los 19 pueblos señalados no se ha registrado ningún incendio forestal este año y, según fuentes oficiales y actualizadas, en al menos el 83% de los pueblos asturianos con incendios no hay parques eólicos en tramitación a febrero de 2023.
No, estos parques eólicos no están construidos sobre el suelo quemado en un incendio forestal ni están en España
Esta narrativa desinformadora se apoya también en dos imágenes del mismo monte, primero con un incendio y posteriormente con un parque eólico. Pero es un bulo: el parque eólico no se construyó sobre la zona quemada y la autorización fue previa al incendio. Además, ocurrió en Grecia.
La crisis climática agrava los incendios forestales
Con el calentamiento global y unas olas de calor más frecuentes e intensas, la crisis climática aumenta el riesgo de que ocurran incendios forestales y el número de grandes fuegos, aunque los incendios pueden tener causas naturales o humanas e influyen otros factores en su intensidad y número. Ya hemos desmentido también las desinformaciones que culpan a los ecologistas y las leyes de protección ambiental de los incendios forestales.
En este artículo ha colaborado con sus superpoderes la maldita Eugenia Pérez Miranda, abogada, que forma parte de Superpoderosas, un proyecto de Maldita.es en colaboración con FECYT que busca aumentar la presencia de científicas y expertas en el discurso público a través de la colaboración en la lucha contra la desinformación.
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