Lo que circula: tras el anuncio de Trump sobre la intención de Estados Unidos de tomar el control de la Franja de Gaza con el apoyo de Israel, circulan contenidos que afirman que España tiene la “obligación legal” de dar asilo a las personas gazatíes expulsadas. Estos mensajes se apoyan en la calificación de “genocidio” y “limpieza étnica” que algunos miembros del Gobierno, como Yolanda Díaz o Margarita Robles, han hecho del conflicto palestino-israelí, o la participación de España en la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.
Lo que sabemos: Aritz Obregón, maldito y profesor de Derecho Internacional en la Universidad del País Vasco que nos ha prestado sus superpoderes, cuenta a Maldita.es que dado que las personas de la Franja de Gaza están siendo forzosamente expulsadas, no se les aplicaría la definición clásica de “personas refugiadas” y acogerlas supondría que España se convierta en “cooperador de este crimen internacional”, lo cual implicaría “responsabilidad internacional”. Además, añade que la calificación de “genocidio” o “limpieza étnica” que han hecho algunos miembros del Gobierno del conflicto palestino-israelí no hace a España “más responsable jurídicamente”, sino que tiene las mismas obligaciones que el resto de países.
Por otro lado, Navi Pillay, jefa de la Comisión de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado ha asegurado en una entrevista para Politico que el plan de Trump es “ilegal” y “equivale a una limpieza étnica”.
¿Tiene España “obligación legal” de acoger a las personas de la Franja de Gaza?
“España está obligada a acoger refugiados de Gaza al denunciar ante La Haya que existe un ‘genocidio’” (sic.) Con estas palabras se está difundiendo que España tiene obligación legal de acoger a las personas que Estados Unidos e Israel quieren expulsar de la Franja de Gaza porque algunos miembros del Gobierno han calificado el conflicto palestino-israelí de “genocidio” y “limpieza étnica” o porque España se ha sumado a la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.
Aritz Obregón, maldito y profesor de Derecho Internacional que nos ha prestado sus superpoderes, cuenta a Maldita.es que la propuesta de Trump y Netanyahu de apropiarse mediante la fuerza de la Franja de Gaza “supondría una violación del derecho a la libre determinación del pueblo palestino y un crimen de agresión”. También añade que si países como España “aceptan acoger a personas que han sido forzosamente desplazadas” estarían “cooperando con una violación grave de una obligación internacional” como es el respeto a la autodeterminación del pueblo palestino o la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, reconocidas en el Derecho Internacional Humanitario, entre otras.
Otros contenidos apelan a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que define qué es una persona refugiada, para justificar la supuesta “obligación legal” de España de acoger a las personas gazatíes expulsadas de la Franja. Aritz Obregón cuenta a Maldita.es que, dado que estas personas no saldrían voluntariamente de Gaza, sino que serían forzosamente expulsadas, no les aplicaría la normativa clásica de “refugiado”. Además, las personas refugiadas palestinas tienen reconocida por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) una definición propia.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos también ha afirmado que “cualquier traslado forzoso o deportación de personas de un territorio ocupado está estrictamente prohibido”, y cita el Derecho Internacional Humanitario. Además, el Alto Comisionado añadió que “el derecho a la autodeterminación es un principio fundamental del derecho internacional y debe ser protegido por todos los Estados”.
¿Tiene España más responsabilidad sobre la acogida de personas gazatíes por haber calificado el conflicto de “genocidio”?
Los contenidos que circulan también sustentan la supuesta obligación legal de España de acoger a estas personas en que algunos miembros del Gobierno español, como Yolanda Diaz o Margarita Robles, calificaron el conflicto entre Israel y Palestina como “genocidio” y “limpieza étnica”. También se utiliza el argumento de que España se ha unido a la demanda de Sudáfrica contra Israel por sus actuaciones en Palestina ante la Corte Internacional de Justicia.
Aritz Obregón puntualiza que las palabras utilizadas por algunos miembros del Gobierno de España para referirse al conflicto o su participación en la demanda “no le hacen más responsable jurídicamente”, sino que tiene las mismas obligaciones que el resto de países. En este caso, el deber de los Estados es “no reconocer el hecho ilícito [expulsar a los gazatíes de la Franja], no prestar ayuda y no cooperar para que la violación grave del derecho internacional no se produzca”.
Por otro lado, Navi Pillay, jefa de la Comisión de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado ha contado en una entrevista para Politico que “el desplazamiento forzoso de un grupo es un crimen internacional y equivale a una limpieza étnica”. También precisó que “no hay forma legal de que Trump pueda llevar a cabo la amenaza de desalojar a los palestinos de su tierra”.
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En este artículo ha colaborado con sus superpoderes el maldito Aritz Obregón Fernández, profesor de Derecho Internacional e investigador posdoctoral en la Universidad del País Vasco.
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