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Una casa rural rodeada de campos en las afueras de Milán, en Italia, donde solicitantes de asilo y menores en acogida por las autoridades conviven con personas mayores; un velero que permite a personas con discapacidad realizar travesías por la costa gallega, en España; una villa con un huerto en Traian, Rumanía, destinada a convertirse en una residencia para personas mayores. A pesar de estar separados por cientos de kilómetros, estos lugares comparten un pasado común: todos pertenecieron a criminales, antes de ser confiscados por las autoridades públicas y devueltos a la comunidad local.
La reutilización social de bienes decomisados ha ganado reconocimiento en las últimas décadas presentándose como una herramienta eficaz para combatir el crimen, no solo reapropiándose del espacio económico y social que antes ocupaban los criminales, entre ellos narcotraficantes o mafiosos, sino también promoviendo la justicia restaurativa, en aquellos bienes que contribuyen a la reparación del daño infligido a las comunidades afectadas. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer. Según Europol, solo el 1% de los beneficios generados anualmente por actividades ilícitas a nivel de la Unión Europea se confisca, y un informe de 2020 de la Comisión Europea destaca que sólo 19 de los 27 Estados miembros adoptaron una legislación específica sobre la reutilización social de activos.
Del crimen a la comunidad: la reutilización social de los activos confiscados a la mafia y el narcotráfico es una investigación transfronteriza de Lavialibera (Italia), Scena9 (Rumanía) y Maldita.es (España) que explora las prácticas de reutilización en los tres países destacando su impacto, desafíos y posibles soluciones.
La reutilización de los bienes: el valor de devolver los bienes a la sociedad
La historia del decomiso y la reutilización de activos comenzó a finales del siglo pasado, con un importante compromiso de la sociedad civil italiana. Una recogida de firmas de más de un millón de personas apoyó la ley 109/96 presentada por el exdiputado italiano Giuseppe Di Lello. “En el momento histórico en que se votó esta ley, las Cámaras se disolvieron y nos encaminamos hacia las elecciones”, dice Tatiana Giannone, responsable del sector Bienes Confiscados de Libera, la asociación antimafia italiana más importante del país. “Había que aprobar la ley muy rápidamente y después de una gran labor de incidencia política, fue aprobada en la Comisión de Justicia”.
En aquel momento, ya se trataba de un gran cambio de rumbo en la lucha contra la mafia: la idea de que la represión militar de las organizaciones criminales –también en vista de las masacres que habían ensangrentado Italia– no sería suficiente para frenar su peligrosidad, sobre todo en presencia de enormes reservas de capital. Las categorías de los bienes decomisados a la mafia son diferentes. Desde cuentas corrientes y acciones; bienes inmuebles, como pisos, terrenos y locales comerciales, hasta empresas.
Aunque la norma lleva años implementándose, aún presenta limitaciones, como recuerda Bruno Corda, ex director de la Agencia Nacional de Bienes Confiscados de Italia. “Pasan años –señala Corda– desde el momento en que la agencia asigna el bien hasta el momento en que el bien es reutilizado. Este lapso de tiempo representa un agujero en el mecanismo y corre el riesgo de dar una impresión equivocada”. Para él, “cuando los actores ilegales establecen las reglas del juego, incluso los actores que no están vinculados al crimen organizado tienden a adaptarse porque es la única manera de permanecer en el mercado. Devolver a esa empresa a la economía legal ayuda a restablecer un sistema de competencia sana que beneficia a todo el territorio”.
Para que este ejemplo italiano traspasara las fronteras nacionales, fue fundamental el compromiso de la red europea Chance (Civil hub against organised crime in Europe) para empezar a poner sobre el mapa las prácticas existentes en otros países de la UE, registrando la presencia de activos reutilizados. En 2024, la aprobación de la Directiva Europea 2024/2016 para unificar y fortalecer la manera en que los países de la UE rastrean, confiscan y utilizan los activos pertenecientes al crimen organizado marca un punto de inflexión. “La nueva directiva”, concluye Corda, “contiene medidas de importancia fundamental. Pero es necesario un salto de calidad ideológico en las conciencias y en las normativas nacionales. Sólo cuando dejemos de considerar el delito como un cuerpo extraño y empecemos a entender que disfruta de coexistencia con la sociedad, entonces comprenderemos el valor de devolver los bienes a la comunidad”.
En esto también coincide Tatiana Giannone, que añade otros objetivos para el compromiso de los gobiernos nacionales: imaginar la reutilización social de los bienes confiscados como una verdadera restitución a la comunidad y a las víctimas del delito, e investigar el mercado legal infiltrado por las mafias. Además, también se debe ayudar a las empresas que reutilizan bienes para que sus negocios sean sostenibles. Giannone cierra su enumeración con la última propuesta, la creación de una red de agencias para la gestión de los bienes confiscados: “Para que haya una relación entre el sector público y el privado, para que las instituciones y la sociedad civil puedan dialogar entre sí”.
Mientras estas propuestas buscan concretarse en los próximos meses, las diversidades territoriales de decomiso y reutilización cuentan historias diferentes, de avances y de frenazos, de éxitos y de expectativas.
España: autoridades y asociaciones reclaman una reforma del sistema de ayudas y reparto para agilizar los procesos de venta y transmisión de bienes
En España, los narcotraficantes han utilizado a veces veleros para acercar la droga hasta la playa o han invertido el dinero ilícito en mansiones en mitad del campo. Pero, ¿qué ocurre con esos bienes desde que los narcos son detenidos? En 2003, se creó el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas, adscrito al Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), que a su vez depende del Ministerio de Sanidad. Los bienes que se incautan en operaciones contra el narcotráfico pasan a estar bajo la tutela de la Justicia hasta que se dicta una sentencia firme. Si esta es condenatoria, el bien puede ser decomisado, es decir, puede pasar a ser propiedad del Estado.
El Fondo se encarga de recibir los bienes ya decomisados para su gestión, que pueden venderse, subastarse o cederse. Sin embargo, la cesión se contempla en la propia legislación como un hecho “excepcional” en el artículo 4.2 de la ley 17/2003, por la que se regula el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Los datos entregados a Maldita.es tras una petición a transparencia sobre el destino y el uso de los bienes no integrados o no subastados por el Fondo, entre los años 2018 y 2024, detallan que solamente el 3,35% de los bienes se ceden.
En la práctica, autoridades y asociaciones que promueven proyectos sociales a través de bienes decomisados creen que se deberían agilizar los trámites y flexibilizar sus usos sociales. De esta forma, se evitaría que los bienes decomisados al narcotráfico se acumulen en un almacén y acaben obsoletos sin poder devolverle a la comunidad un servicio social como indica la ley, ya sea de forma económica o a través de la cesión de su uso. Según datos facilitados a Maldita.es, entre 2018 y 2024, un total de 4.154 bienes del Fondo fueron abandonados por diferentes razones, como la dilatación durante años de los procesos judiciales hasta que existía una sentencia firme o por el deterioro que sufren mientras tanto esos bienes.
Un ejemplo de cesión es la Finca El Campell, que se encuentra en Pedreguer, un pueblo de 8.000 habitantes en el interior de Alicante, en el este del país. Se trata de una mansión que, hasta 2006, pertenecía al narcotraficante Francisco Javier Martínez Sanmillán, conocido como Franky, y que ahora está integrada en el Fondo de Bienes Decomisados, dependiente del Ministerio de Sanidad. En la primera planta, tiene su oficina AMADEM, una asociación sin ánimo de lucro que atiende personas con enfermedades de salud mental y que, en algunos casos, van acompañadas de adicciones, lo que se denomina patología dual. También es sede de la unidad de prevención comunitaria de conductas adictivas de la comarca y varias organizaciones sociales han utilizado sus instalaciones para actividades relacionadas con la prevención de la drogodependencia. Sin embargo, no es suficiente uso para una vivienda de 400 metros cuadrados, y el ayuntamiento de la localidad aspira a encontrar más alternativas de usos sociales. De otra forma, aseguran, tendrán que devolverlo al Ministerio de Sanidad que “probablemente la subastará”.
En Galicia, el velero ‘Laion’ navega por la ría de Camariñas, en A Coruña, sin haber sido subastado por el Estado. Se incautó a narcotraficantes a finales de los años 90. Ahora, tras ser cedido a COGAMI, una organización sin ánimo de lucro, se utiliza como herramienta de inclusión para que la navegación sea una actividad abierta a todas las personas. Fue el caso de Emily y Damián González, hermanos de ocho y diez años respectivamente, ambos con discapacidad motriz, que gracias a la actividad en el ‘Laion’ pudieron conocer a otros jóvenes que participaron en la travesía, según cuenta su madre, Jessica Carmona.
Entre 2013 y 2023, se han incautado en España hasta 7.833 vehículos procedentes del narcotráfico. Es el bien que más se decomisa en España, seguido de “objetos”, como teléfonos móviles, ropa o enseres del hogar (6.675), sociedades (2.025), embarcaciones (1.340), inmuebles (1025) y joyas (869). El caso de este velero es diferente al de otros bienes y no responde a los requisitos actuales que deben cumplirse para proceder a la entrega de un bien a una entidad o institución, ya que se produjo antes de que entrara en funcionamiento el Fondo de Bienes Decomisados. La Audiencia Nacional ordenó su cesión directa en guardia y custodia sin indicar una duración concreta. Esta cesión, que no tiene límite en el tiempo, permite a COGAMI mejorar su actividad: “No inviertes lo mismo en mejorar el barco y mantenerlo en perfecto estado si sabes que al cabo de cinco años no vas a poder usarlo ya”, comenta su coordinadora, Isabel González.
Italia: construir alianzas para superar el “shock de legalidad”
Italia es pionera en materia de decomiso y ha desarrollado un sólido sistema para la reutilización social de esos bienes. El informe de 2023 de la Agencia Nacional para la Gestión y la Asignación de Bienes Incautados y Decomisados a la Delincuencia Organizada (ANBSC), creada en 2010, contabiliza 43.422 bienes inmuebles confiscados a nivel nacional, concentrados principalmente en las regiones más afectadas por la presencia de las mafias (Sicilia, Campania, Calabria, Apulia, pero también la región norte de Lombardía). De ellos, el 55% (23.658 bienes) ha sido transferido para su reutilización, mientras que el 45% restante se mantiene bajo la custodia de la agencia a la espera de ser asignado. En otras palabras, la oferta supera la demanda.
Las necesidades sociales podrían ayudar a resolver la reutilización de los bienes confiscados, pero las comunidades locales a menudo carecen de los recursos necesarios para solicitar y gestionar el patrimonio. “En muchos casos, los bienes decomisados están muy concentrados en municipios pequeños donde tanto las autoridades locales como las organizaciones de la sociedad civil, cuando están presentes, podrían no ser capaces de diseñar un proyecto de reutilización sostenible y hacerlo funcionar”, señala Bruno Corda. “En estos casos es esencial fomentar la cooperación entre municipios vecinos u organizaciones de la sociedad civil para unir fuerzas”, añade.
Casa Chiaravalle, ubicada en la periferia sur de Milán, ofrece un ejemplo exitoso de cómo la sociedad puede reutilizar un bien decomisado. Consta de dos casas rurales con una superficie total de 1.300 metros cuadrados rodeadas de siete hectáreas de terreno. Es aquí donde Pasquale Molluso, un traficante de armas y drogas, vivía con su familia antes de que la propiedad fuera decomisada por la policía en 2009, luego transferida al ayuntamiento de la localidad en 2013 y finalmente asignada para su reutilización en 2017 a un consorcio de cooperativas. “Si no tuviéramos cinco organizaciones sólidas capaces de ir al banco y conseguir financiación, de ahorrar dinero de nuestras actividades y de recaudar donaciones, esto habría sido imposible”, afirma Marco Lampugnani, presidente del consorcio.
Hoy en día, Casa Chiaravalle acoge una “mezcla de viviendas”, como le gusta decir a Lampugnani: una decena de ancianos que viven en un cohousing social, 14 personas sin hogar, como hogar de acogida de nueve menores, y cuatro solicitantes de asilo. La decoración es sobria. Sólo el mármol que cubre los suelos y el tamaño de los espacios dejan entrever la opulencia en la que vivían los antiguos propietarios. “Se llevaron todo antes de que llegáramos”, dice Lampugnani. “Este es uno de los problemas, el hecho de que pasen demasiados años entre la incautación, la confiscación y la reutilización”. Las obras de reestructuración resultaron más largas, más caras y más complejas de lo previsto: “No había alcantarillado, vertían aguas residuales ilegalmente en los campos. En total, invertimos un millón de euros”.
Las inversiones necesarias para la renovación a menudo desincentivan a las organizaciones a solicitar la reutilización, teniendo en cuenta también que los activos se confían en concesión por unos años sin certeza de renovación. Para superar esta barrera, el pasado mes de enero el Ayuntamiento de Milán introdujo nuevas reglas según las cuales la duración de la concesión puede adaptarse a la inversión necesaria y, si al vencimiento de las concesiones no se ha devuelto todo, la parte restante puede ser cubierta por el nuevo concesionario.
La necesidad de grandes inversiones y capacidades de gestión plantea un desafío aún mayor cuando se trata de recuperar las empresas confiscadas. En Italia hay 3.225 de ellas, pero sólo el 5% está actualmente operando en el mercado, según el informe de la agencia nacional. El 68% se considera “incapaz de continuar o reanudar su actividad económica declarada”, mientras que el 27% restante podría hacerlo solo si se acompaña adecuadamente en la construcción de un plan financiero y operativo sostenible.
Geotrans, una empresa de transporte con sede en Catania (Sicilia) es uno de los pocos ejemplos de empresas decomisadas que han logrado superar el “shock de la legalidad”, es decir, el paso de la economía criminal a la legal. Fundada en los años 90 por la familia Ercolano-Santapaola, fue intervenida en 2014 y puesta bajo tutela judicial. En 2020, la empresa pasó a manos de sus propios trabajadores unidos en una cooperativa. La transición a la economía legal resultó bastante complicada, como recuerda el presidente Maurizio Faro: “Al principio, nos encontramos con cero clientes. La empresa trabajaba mucho con el sector agrícola, que es conocido por sus altos niveles de infiltración criminal, por lo que muchas granjas vinculadas a la mafia dejaron de trabajar con nosotros. Otros hicieron lo mismo porque vieron que muchas empresas confiscadas cerraban en pocos meses”.
Según Faro, la clave es construir una red de empresas que compartan los mismos valores y se apoyen entre sí: “Si soy productor de queso y me importa la legalidad y estar contra la mafia, ¿por qué no confiar en una compañía como Geotrans para distribuir mis productos?”. Mediante las alianzas con cooperativas, Geotrans ha ganado espacio en el mercado y en la actualidad suministra productos agrícolas sicilianos por toda Italia a la mayor cadena de supermercados de Italia.
El impacto del éxito de historias como esta no se limitan solo a una empresa decomisada, sino que se expande por toda la economía local, como explica Corda: “Cuando un negocio no juega acorde a las reglas, no paga impuestos, no respeta a sus trabajadores o tiene beneficios ilícitos, el resto de empresas en el entorno tiende a hacer lo mismo para permanecer en el mercado. Por tanto, recuperar la empresa a la economía legal contribuye a reestablecer un sistema de competición justa que beneficia a toda la zona”.
Rumanía: un largo camino por delante, pavimentado con buenas intenciones y mucha burocracia
“He leído un estudio europeo que decía que los acusados prefieren pasar tiempo en prisión antes que que les quiten su riqueza. Lo cual resulta ser cierto”, afirmó en 2018 Laura Codruța Kovesi, ahora jefa de la Fiscalía Europea, en una reunión con legisladores sobre la recuperación de activos confiscados. “No hay nada peor que la confiscación de bienes, así que lo mejor es irse”, dijo en 2008 el jefe de la mafia italoamericana Francesco Inzerillo en una intervención telefónica grabada por la policía en el marco de la ‘Operación Puente Viejo’, una operación policial conjunta de Estados Unidos e Italia en la que fueron detenidas 77 personas entre Nueva York y Palermo.
Desde 2015, en Rumanía se encuentra en funcionamiento la Agencia Nacional para la Gestión de Bienes Incautados (ANABI), que comparte con la Agencia Nacional de Administración Fiscal (ANAF) la recuperación de bienes incautados y es la principal responsable de su reutilización social. En la página web de la ANABI, además de subastas de coches y relojes de lujo, lingotes de oro o metros cúbicos de madera confiscada, también hay anuncios sobre edificios que han pasado a ser propiedad del Estado y que podrían ser recuperados por instituciones públicas u ONG para proyectos de prevención del delito o de apoyo a las víctimas.
De las 129 propiedades confiscadas por los fiscales y que pasaron a ser propiedad del Estado, en el transcurso de ocho años (2016-2023), sólo dos están ahora involucradas en un procedimiento de reutilización pública o social.
En 2020, se anunció el primer caso de reutilización pública de un edificio decomisado. Un bloque de oficinas de vidrio y acero en el centro de la capital rumana, Bucarest, que perteneció a un delincuente financiero, y que iba a convertirse en la nueva sede de la Dirección Nacional de Libertad Condicional. El caso estaba relacionado con fraude y malversación de fondos a través de una red offshore. Cuatro años después del anuncio público de su reutilización, el edificio está ocupado temporalmente por otra institución pública, la Administración Nacional de Penitenciarías, a la espera de la renovación de su antigua sede.
Tienen que pasar varios años hasta que un activo puede convertirse en propiedad estatal. Y varios años más hasta que su comunidad puede darle uso. “En Rumanía, esta transformación es una burocracia en sí misma”, explica Radu Nicolae, un experto en anticorrupción y recuperación de activos, presidente de la Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Sostenible. “Se necesita presupuesto para pintar las paredes, reparar las habitaciones, el cableado, el equipamiento, el transporte. Todo esto tiene que estar presupuestado, y además se debe poner en venta pública. Luego viene la ejecución de la compra, la recepción y luego la instalación de las personas allí y el funcionamiento”, añade.
En el norte de Rumanía, Sorin Gherghelucă, alcalde de Traian, una pequeña comuna en el condado de Bacau, parece tener más esperanzas. “El fracaso no es una opción para nosotros”, dice con firmeza. Tiene las llaves del primer edificio confiscado que se ha planeado para la reutilización social en el país. Es una lujosa villa de dos pisos de color naranja, con vistas a un enorme huerto abandonado con manzanos, ciruelos y cerezos. Fue decomisada hace siete años a una personalidad local bastante conocida en un caso de fraude fiscal y malversación de fondos. En abril de 2024, el alcalde de Traian vio el anuncio en la página web de ANABI, envió una solicitud de reutilización y habló con el Gobierno rumano para convencerlos de que su municipio es capaz de gestionar lo que planean que sea una residencia para ancianos. Luego recibió las llaves.
Pero hay limitaciones. El municipio está buscando alguna ONG con la que asociarse que tenga la experiencia adecuada en el cuidado de ancianos, y fondos para reformar el edificio. “El año que viene por estas fechas espero que vean a gente viviendo allí”, dice el alcalde. Sabe que hay una gran necesidad en su comunidad, dice que sigue recibiendo muchos mensajes de personas que se van al extranjero y están preocupadas por los padres que dejaron en Traian, un municipio con una población envejecida, en un país donde los servicios sociales y los cuidados paliativos son débiles y escasos.
Gherghelucă planea lanzar una convocatoria pública de licitación, escribir algunas solicitudes de financiación y, como se acerca el invierno, podar los árboles y las plantas, para tener una vista agradable. Los beneficiarios también podrán cuidar el huerto y utilizar sus frutos. “Haremos algo bonito allí”, suspira.
¿Qué hace falta para que más comunidades locales en Rumanía tengan la oportunidad de reutilizar para su beneficio un edificio confiscado al crimen organizado? Bastante, dice el experto Radu Nicolae. En primer lugar, hace falta información: hay que informar a más municipios y ONG sobre la posibilidad de reutilización social. Luego, hay que formarlos y proporcionarles una cantidad de dinero al menos para llevar a cabo las renovaciones. “Podemos hacer lo que hicieron los italianos, que elaboraron una estrategia que forma parte de un programa operativo financiado por la Unión Europea para la rehabilitación de edificios confiscados”.
Un proceso burocrático más sencillo y fondos diseñados específicamente para la reutilización serían uno de los primeros pasos a seguir. “Creo que si perseveramos en esto los próximos cinco o seis años y lo hacemos cada vez con más tenacidad y mejor, las cosas pueden cambiar. Lo importante es perseverar, porque si nos damos por vencidos, volveremos al punto de partida. Lo que significa once años perdidos”, concluye Nicolae.
Del crimen a la comunidad: bienes decomisados al narcotráfico
Este reportaje forma parte de una investigación internacional en la que han colaborado Lavialibera (Italia), Scena9 (Rumanía) y Maldita.es (España). El proyecto explora las prácticas de reutilización de los bienes decomisados en los tres países destacando su impacto, desafíos y posibles soluciones.
Hemos analizado en profundidad, en cuatro reportajes, el problema compartido de la falta de soluciones para revertir a la sociedad los bienes decomisados al narcotráfico en España, Italia y Rumanía. Además, ponemos el foco en la situación de España y hablamos con asociaciones que gestionan bienes provenientes del narcotráfico y su impacto en las comunidades locales.
Esta investigación se ha desarrollado gracias al apoyo de Journalismfund Europe.
