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¿Qué ocurre con las casas, los coches o las embarcaciones de un narcotraficante cuando le detienen? Todos los bienes decomisados por narcotráfico pasan por varias fases hasta que llegan al Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas, dependiente del Ministerio de Sanidad. En la última década, se han confiscado en España 19.804 bienes, desde objetos, como joyas o dinero en efectivo, hasta vehículos, barcos e inmuebles.
Desde el año 2003, España cuenta con una legislación que regula el proceso de decomiso y establece la creación de un fondo del Estado. Por otro lado, el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) se encarga de la custodia, cesión y subasta de los bienes decomisados. Con el dinero obtenido, el Fondo licita ayudas destinadas a programas de prevención y reinserción de personas drogodependientes, la mejora de la persecución del narcotráfico, reforzar los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y fortalecer los programas de cooperación internacional.
Del crimen a la comunidad: la reutilización social de los activos confiscados a la mafia y el narcotráfico es una investigación transfronteriza de Lavialibera (Italia), Scena9 (Rumanía) y Maldita.es (España) que explora las prácticas de reutilización en los tres países destacando su impacto, desafíos y posibles soluciones.
El decomiso en España: se da prioridad a las subastas, pero los expertos piden potenciar las cesiones
Cuando una persona investigada por delitos de narcotráfico es detenida, todos sus bienes son incautados. También se procede a rastrear el patrimonio que la persona pueda tener oculto, un proceso en el que interviene la ORGA (Oficina de Recuperación y Gestión de Activos), dependiente del Ministerio de Justicia. Una vez localizados, estos pasan a la autoridad judicial, que los retiene hasta que haya una sentencia firme del caso. Tras el fallo, que a veces llega 10 o 12 años después de la incautación, esos bienes pasan a ser titularidad del Fondo de Bienes Decomisados, explica Joan R. Villalbí, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Tras incluirse en el Fondo, los bienes pueden ser subastados, cedidos, adscritos o enajenados. Los beneficiarios, estipulados en la Ley 17/2003, que regula el Fondo de bienes decomisados, de los bienes y del dinero que el Fondo obtiene de las subastas, pueden ser: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con competencias en materia de narcotráfico, ayuntamientos, autonomías y ONGs de ámbito autonómico o estatal que desarrollen actividades de prevención o reinserción de drogodependientes.
Sin embargo, las asociaciones y entidades que trabajan en primera línea en ese ámbito señalan algunas deficiencias en el reparto de las ayudas que impiden que puedan ampliar el alcance de sus actividades. Muchas de ellas no cumplen los requisitos para obtener las líneas de ayudas más grandes, por lo que dependen de las que el Fondo transfiere a las comunidades autónomas para su reparto y que, en muchas ocasiones, no responden, denuncian, a los problemas sociales que el narcotráfico provoca en sus zonas.
Por otra parte, los objetos decomisados raramente son cedidos a este tipo de entidades, ya que en España, según la propia ley, se prioriza la monetización. Los expertos consultados no quitan peso a esa opción, pero advierten de que, para luchar contra el narcotráfico y su arraigo social, habría que potenciar la cesión directa de los bienes a las comunidades locales para que puedan disfrutarlos directamente y para que se cree conciencia de que la lucha contra el narcotráfico es tangible y real.
Solamente se ceden un 3,35% de los bienes decomisados para servicios sociales
Las memorias del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) muestran que, entre 2013 y 2023, se han decomisado hasta 7.833 vehículos, procedentes del narcotráfico. Es el bien que más se decomisa en España, seguido de “objetos”, de los que no se especifican detalles en las memorias (6.675), sociedades (2.025), embarcaciones (1.340), inmuebles (1.025) y joyas (869).
El PNSD indica que bajo la categoría de objetos se agrupan bienes “fuera del mercado o de muy escaso valor y deteriorados”. Más del 50% son teléfonos móviles, “casi siempre obsoletos y con datos personales". También hay ropa, enseres del hogar, material de manipulación de drogas, bisutería y baratijas o quincalla “de muy difícil monetización”.
Andalucía es la autonomía que más fondos ha recibido en ayudas sociales desde el Fondo, con 17,5 millones de euros desde 2013. Cataluña recibe 13,5 millones de euros y le sigue la Comunidad de Madrid con 10,8 millones. Siempre en cantidades similares año a año puesto que muchas de las licitaciones publicadas se repiten periódicamente. El Fondo obtiene este dinero a partir de las subastas de los bienes. Con lo recaudado en la última década, según los datos de las memorias anuales del PNSD, se han destinado 94.766.262 euros a proyectos relacionados con la prevención de la drogodependencia, con dinero con cargo al Fondo.
Por años, 2016 fue el año en el que más bienes se decomisaron, con 4.046. En 2020, debido a la pandemia, cuando menos: 977 bienes. Andalucía lidera el número de bienes inventariados, con 1.615, siendo las provincias de Málaga y Cádiz las que están a la cabeza. Le siguen la Comunidad de Madrid con 544 y Cataluña con 485. Cabe destacar que estos bienes inventariados se ubican en cada una de estas comunidades autónomas porque es el lugar donde se almacenan durante el juicio hasta que se decide subastarlos o cederlos, no tiene por qué ser el lugar donde fueron incautados.
Maldita.es realizó una solicitud de acceso a la información pública al Plan Nacional sobre Drogas para conocer el destino de los bienes que no se han subastado. Según los datos entregados, desde 2018 el fondo ha inventariado 4.859 bienes, de los que el 85,5% (4.154) fueron abandonados. El Fondo detalla que los bienes abandonados se acuerdan en una Mesa de Coordinación de Adjudicaciones por su “deterioro material o funcional, o por los elevados gastos de depósito, conservación o administración”. Solamente el 3,35% de estos han sido cedidos a otras entidades para un uso social.
Un ejemplo de la cesión de bienes decomisados es la mansión de la Finca de El Campell, en Pedreguer (Alicante). Desde 2008, primero la Justicia y el Fondo después, firmaron un convenio con el ayuntamiento de la localidad para permitir su uso social, enfocado a la prevención y asistencia a la drogodependencia. Entre otras organizaciones, tiene su oficina AMADEM, una asociación que atiende a personas con enfermedades de salud mental y, en “un alto porcentaje” conviven con alguna adicción, relata su coordinadora, Esther Escrivá.
Sin embargo, los casos como El Campell son excepcionales, de hecho, es el único inmueble que se ha cedido de forma gratuita desde 2003, cuando se creó el Fondo. Por lo general, los bienes se subastan, se “monetizan” y luego se destinan a los proyectos de prevención, concluye Villalbí.
Las asociaciones antidroga reclaman planes específicos para poder optar a ayudas directas
El Fondo coopera con las comunidades autónomas, ayuntamientos y asociaciones o fundaciones. Sin embargo, las ayudas directas que da están sujetas a una serie de requisitos que se establecen en cada convocatoria pública, también reguladas. Los solicitantes deben ser ayuntamientos de municipios de al menos 100.000 habitantes o capitales de provincia y las asociaciones deben tener ámbito nacional o, como mínimo, autonómico.
El Campo de Gibraltar (Cádiz) es una de las zonas más afectadas en España por el narcotráfico y sus problemas derivados, ya que es una de las puertas de entrada de la droga a España y Europa. Sin embargo,de los siete municipios que engloban el Campo, solamente Algeciras puede optar a las ayudas directas del Fondo de Bienes Decomisados en función a los requisitos sobre población que plantea el ministerio, ya que es el único que supera los 100.000 habitantes.
Francisco Mena es el presidente de la Coordinadora Alternativas, entidad que reúne a las asociaciones antidroga del Campo de Gibraltar. “Es una ley completamente injusta. El único ayuntamiento que se puede acoger es el de Algeciras. Y el ayuntamiento de La Línea [de la Concepción], con la afectación tan importante que tiene por el narcotráfico, no se puede acoger a estos fondos”, protesta Mena.
La ley establece que las entidades o consistorios que no cumplan con los requisitos pueden optar a las ayudas establecidas desde el Fondo para las comunidades autónomas. Sin embargo, Mena apunta a que la situación que se vive en el Campo de Gibraltar es diferente y que no basta con ceñirse a los datos de consumo de drogas para diseñar las ayudas que, dice, otorga la Junta de Andalucía a cargo de lo que le transfiere el PNSD: “Aquí no se consume más droga que en otros territorios, pero tenemos un problema diferente al resto, que es el entorno que se crea alrededor del narcotráfico donde, por falta de oportunidades, se meten los jóvenes de algunas barriadas”.
En la actualidad, con las ayudas que reciben de la Junta, la Coordinadora Alternativas atiende necesidades que tienen las zonas más perjudicadas por el narcotráfico del Campo de Gibraltar. Entre ellas hay actividades como comedores de verano para niños y niñas cuyas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad, campamentos de verano, planes de inserción laboral… Pero Mena asegura que no es suficiente y exige que las instituciones dejen de “pasarse la pelota las unas a las otras”: “El Fondo y la Junta podrían sentarse para crear una serie de ayudas finalistas específicas para el Campo de Gibraltar”.
Esto, a juicio de Mena, podría mejorar mucho la situación y servir como remedio, pero advierte de que hay que actuar cuanto antes: “Si un chaval de 16, 17 o 18 años sabe que no va a tener ninguna oportunidad, el narcotráfico lo capta rápidamente. Y una vez que están en ese mundo, de ahí no salen porque se acostumbran a ganar 3.000 euros en una noche... Lo ideal es trabajar antes de que ocurra esa circunstancia”.
Agilizar la reutilización social desde los procesos judiciales para reducir el deterioro y abandono de los bienes
Los datos de abandono y deterioro de los bienes decomisados son admitidos por parte de las propias autoridades en los informes y los datos transferidos. Muchos de los cientos de bienes que llegan al Fondo se encuentran en un estado que impide que sean vendidos, subastados o cedidos. Solo en 2023 fueron abandonados 798 bienes (385 objetos, 370 vehículos y 43 embarcaciones), y desde 2018 hasta julio de 2024 fueron 4.020; más de la mitad, objetos.
La Fundación Gallega Contra el Narcotráfico es un organismo pionero que, desde 2019, ofrece auxilio a los juzgados gallegos para gestionar los bienes incautados al narcotráfico, aún no decomisados para darles uso, además de actuar también en el campo de la concienciación social. Su gerente, Fernando J. Alonso, cuenta que desde que empezaron con ese cometido han gestionado en torno a 250 bienes muebles incautados valorados en aproximadamente 1,3 millones de euros.
Sin embargo, es una opción que funciona “a demanda”. “Nosotros nos encargamos de la gestión de los bienes muebles cuando el juzgado nos lo pide, que es algo mucho menos frecuente de lo que nosotros quisiéramos”, explica Alonso.
Alonso reclama que esa colaboración se amplíe y así el retorno a la sociedad de los bienes del crimen organizado pueda ser mucho más “ágil”. Esto pasaría, prosigue Alonso, por fomentar que los bienes, mientras están incautados en medio de un proceso judicial, puedan ser cedidos temporalmente, como ocurrió a finales de los 90 con el velero ‘Laion’. “Mientras no se vende [en espera de su decomiso definitivo con la condena], ese bien puede estar dando un servicio a la sociedad”, razona Alonso, y añade poniendo un ejemplo: “Si un coche no se puede vender, por la razón que sea, cedámoslo para que se use mientras se decide sobre su destino... Cedámoslo temporalmente aunque sea. De esa manera rinde un gran beneficio a la sociedad si consigues que una organización social pueda beneficiarse de él”.
A la Fundación le ocurre algo similar que a la Coordinadora Alternativas, y es que al no superar el ámbito autonómico, no puede optar a ayudas directas del Fondo para financiar sus actividades, por lo que su interlocución es con la Xunta de Galicia. “No deja de ser paradójico, porque el trabajo nuestro al final también es para el Fondo. Si la Fundación no está, al Fondo, cuando le llegue la sentencia de un coche que puede venderse por 20.000 euros, lo que le va a llegar chatarra tirada en la calle, porque [si se deteriora] ese coche no vale 20.000 euros sino la centésima parte, ya no es que recaude dinero, es que [el Fondo] tendrá que gastarlo [para deshacerse de él]”.
Es necesario, trasladan desde la Fundación, que se reformen las reglas que regulan el Fondo para que más entidades puedan optar a más ayudas, y poner en valor la labor de organizaciones como la suya, que desde la sociedad civil se encargan de forma directa de gestionar la reutilización de bienes por parte de las comunidades locales. Esto último, señalan, sirve especialmente para crear conciencia contra los “criminales”, pero para ello necesitan más capacidad y recursos.
Desde la Fundación matizan, porque no quieren que quede la idea errónea de que en España no se hace nada por la reutilización de objetos, que a través del Fondo se financian decenas de proyectos de reinserción, prevención, estudios y formación para luchar contra el narcotráfico y sus consecuencias. Algo que acreditan las propias memorias del Fondo. “Pero no es suficiente, sobre todo por la gestión de los bienes, que puede ser infinitamente mejor”, concluye Alonso.
Ana E. Carrillo del Teso, investigadora de la Universidad de Salamanca y experta en derecho procesal, existen vías para mejorar la situación, que en parte coinciden con las que pide Alonso: “La mejor solución es la adecuada gestión de los bienes durante el proceso, y hacer uso de las posibilidades que brinda el art. 367 bis y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la destrucción y realización de bienes anticipada, e incluso su utilización provisional”.
La perspectiva internacional de la reutilización de bienes incautados y decomisados en la que España podría fijarse
La cooperación internacional contra el crimen organizado es una prioridad para la mayoría de los países. España aporta a esta tarea el diseño de las políticas públicas de lucha contra el narcotráfico, que ejerce a través de la FIIAPP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas), en colaboración con la Organización Internacional Ítalo-latinoamericana (IILA).
Existen además dos directivas europeas, una de 2014 y otra de 2024, que dictan algunas de las políticas que los países deben implementar. En ellas, se hace especial hincapié en la mejora de los sistemas de reutilización social de bienes decomisados.
Ante la petición que hacen algunas entidades como la Fundación Gallega contra el Narcotráfico para favorecer la cesión de bienes y no sólo priorizar su monetización, Borja Díaz, director de la FIIAPP, que atiende a Maldita.es por videollamada, asienta algunos aspectos del Fondo: “Se destinan millones de euros a programas, pero en algunos casos también se dan bienes como lanchas o helicópteros a ministerios, a la Fiscalía Antidroga o a la Agencia Tributaria”.
Massimo Meccheri, técnico de la FIIAPP, que también participa en la videollamada con Maldita.es, da su parecer, sin desmerecer lo expresado por Díaz: “Yo creo en España se podría hacer más en destinación directa de esos bienes a comunidades autónomas y municipios y atraer con ellos proyectos sociales en los territorios”.
Meccheri comenta la experiencia italiana, que es la que cimentó buena parte del espíritu de la directiva europea de 2024. Mientras que en España la prioridad es monetizar y financiar proyectos de prevención y reinserción, en Italia lo primordial es, desde hace décadas, la cesión directa de los inmuebles y bienes del crimen organizado a las comunidades locales.
La diferencia, explica el técnico de la FIIAPP, partiría de que la experiencia de ambos países es diferente. “Esta necesidad de resarcir a la sociedad se da quizás en países donde esta problemática ha sido más fuerte. Sin embargo, esto no quiere decir que no valdría la pena hacerlo. Sí valdría la pena porque aquí también el narcotráfico es un fenómeno fuerte en algunos territorios”, concluye Meccheri.
Solo nueve agentes de policía y Guardia Civil para localizar los bienes: la necesidad de aportar más recursos
Una de las prácticas de los criminales con los bienes (coches, barcos, dinero en efectivo, joyas, etc.) que obtienen a partir de sus delitos es esconderlos e incluso llevarlos a otro país, a otra jurisdicción. Esto, para Daniel Rodríguez Horcajo, Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, y maldito que nos ha prestado sus superpoderes, es parte de la mecánica básica del crimen organizado. “Es de primero de criminalidad”, ironiza Rodríguez.
El jurista incide en que las herramientas legales para el decomiso están lo suficientemente desarrolladas para que sea efectivo: “Lo importante es que se lo hemos quitado de las manos, que le hemos quitado el caramelo vinculado al delito”.
Pero para llegar hasta ese punto, se necesita que la localización y recuperación de los activos que los criminales ocultan en España o en el extranjero funcione. En España se creó en 2014 la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) al calor de una directiva que emitió la UE, que obligaba a crear estas oficinas en cada país socio. Estaban llamadas a ser una herramienta de la Justicia para buscar, localizar y finalmente incautar los bienes del crimen organizado.
En su décimo aniversario, Rodríguez señala que en este plano los resultados son decepcionantes. “En las estadísticas de la ORGA, el valor de los bienes decomisados, las cantidades son nimias”, comenta Rodríguez. Entre 2014 y 2022, según el último informe elaborado por la ORGA, el acumulado desde su origen asciende a 102,9 millones de euros, aunque los primeros años se dedicaron a desarrollar jurídicamente el organismo.
Maldita.es ha tratado de ponerse en contacto en reiteradas ocasiones con la ORGA por diferentes vías de contacto sin conseguir una respuesta. La finalidad era preguntar con cuántos efectivos cuenta la oficina en la actualidad para rastrear y localizar los bienes del crimen organizado.
El último dato disponible es el de la memoria de 2019. El total de agentes de policía y Guardia Civil adscritos a la ORGA para localizar y recuperar bienes, según ese documento, es de nueve personas, además de otras tres de la Administración General del Estado. Doce personas para investigar dónde esconden los criminales los bienes en España y el extranjero. Daniel Rodríguez Horcajo es claro: “Entiendo que es muy fácil quejarse de esto y decir que la cosa no funciona, pero al menos que no sea por desidia”.
Ana E. Carrillo del Teso, señala que para valorar la acción de la Oficina conviene tener en cuenta sus circunstancias: “La ORGA tiene nueve años de bagaje, pero es difícil evaluar su desempeño ya que ha sido sometida a multitud de cambios administrativos y desde el inicio no se le dieron los recursos ni humanos ni materiales suficientes para su función”.
Del crimen a la comunidad: bienes decomisados al narcotráfico
Este reportaje forma parte de una investigación internacional en la que han colaborado Lavialibera (Italia), Scena9 (Rumanía) y Maldita.es (España). El proyecto explora las prácticas de reutilización de los bienes decomisados en los tres países destacando su impacto, desafíos y posibles soluciones.
Hemos analizado en profundidad, en cuatro reportajes, el problema compartido de la falta de soluciones para revertir a la sociedad los bienes decomisados al narcotráfico en España, Italia y Rumanía. Además, ponemos el foco en la situación de España y hablamos con asociaciones que gestionan bienes provenientes del narcotráfico y su impacto en las comunidades locales.
Esta investigación se ha desarrollado gracias al apoyo de Journalismfund Europe.
