¿Cuál es la forma correcta de hacer el recuento definitivo según la ley electoral?
La ley electoral dice que en el escrutinio general se debe realizar la “apertura sucesiva” de los sobres de cada mesa [art. 105.2], lo cual se realiza cinco días después de las elecciones en las juntas electorales correspondientes [art. 103.1] para contabilizar los resultados registrados el día de la votación. Mientras, la junta electoral debe verificar el recuento y la suma de los votos [art. 106].

Para el recuento de los votos, se utilizan programas informáticos de “apoyo”. En el pliego técnico sobre los servicios relacionados con los resultados electorales, se indica que a las juntas electorales se les proporcionarán equipos informáticos que tendrán cargados los resultados del escrutinio provisional de su circunscripción, que podrán tomarlos como referencia y hacer las modificaciones “pertinentes” para el escrutinio definitivo. Estos equipos deben contar, según el pliego, con un sistema de alertas que detecte las mesas donde no haya datos, los datos “incoherentes” (por ejemplo, que una candidatura tenga más votos que el porcentaje de participación), su proporción no respete los “parámetros razonables” (por ejemplo, un porcentaje de participación anormalmente bajo), los datos que hayan sido corregidos y “en aquellos otros casos que así lo determine el Ministerio del Interior” [pág. 77].

Este acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) para las elecciones europeas de 2024, entre otros, “recuerda” que no se puede acudir a los datos facilitados por Interior durante la noche electoral, que son “meramente informativos”, para realizar el escrutinio general, ya que “carecen de toda vigilancia o supervisión por parte de la Administración Electoral”. Las juntas electorales pueden utilizar estos datos para “cotejarlos” con los que resulten del escrutinio oficial que tienen que hacer, pero “nunca sustituirlos”.

Una vez finalizado este recuento, la junta electoral de zona debe emitir un acta final en la que consten los votos recibidos por todas las candidaturas y que tienen que firmar los miembros de la junta electoral y los representantes de los partidos [art. 108.1]. El escrutinio general es, además, un acto público [art. 103.2].

En Maldita.es hemos contado que los datos que se ofrecen en la noche electoral son provisionales y no tienen validez y que la empresa Indra, encargada de la infraestructura de transmisión de los datos, no participa en el escrutinio, sino que se limita a facilitar la infraestructura para transmitir los resultados de cada mesa electoral. En el escrutinio general que hacen las juntas electorales también se contabiliza el voto emitido desde el extranjero (voto CERA), que se incluye en los resultados definitivos.
¿Qué ocurre si no se realiza el escrutinio como marca la ley?
Si los representantes y apoderados de los partidos detectan irregularidades, pueden hacer observaciones puntuales durante el escrutinio general. Después de hacer el recuento, pueden presentar reclamaciones ante la junta electoral y, si no están de acuerdo con la resolución, interponer un recurso ante la JEC.
Durante el escrutinio, la junta electoral no puede anular ningún acta ni voto, salvo si hubiera actas dobles y diferentes o cuando el número de votos recogido en el acta exceda al de los electores en esa mesa [art. 105.4]. Sólo puede subsanar “los meros errores material o de hecho y los aritméticos” [art. 106.1]. Los representantes o apoderados pueden hacer observaciones puntuales sobre la exactitud de los datos leídos, pero no presentar reclamaciones ni protestas en ese momento [art. 106.2].

Después del escrutinio general, sí pueden presentar reclamaciones y protestas en el plazo de un día, y la junta electoral debe resolverlas en el plazo de un día [art. 108.2]. Si los representantes y apoderados no están de acuerdo, tienen otro día para recurrir esa resolución. Al día siguiente, la junta electoral debe remitir el expediente, con su informe, a la Junta Electoral Central (JEC), que debe citar a las partes en un plazo de dos días. Al día siguiente de escuchar a las partes, la JEC debe resolver [art. 108.3] y la junta electoral competente procederá a proclamar a los candidatos electos [art. 108.4].

Igualmente, los acuerdos de las juntas electorales se pueden recurrir ante la Justicia interponiendo un recurso contencioso electoral [art. 109] durante los tres días posteriores a la proclamación de electos [art. 112.1].
Un ejemplo de ello es el caso que se produjo en las elecciones locales del 28 de mayo de 2023 en Toledo. El PSOE presentó un recurso ante la Junta Electoral de Zona de Toledo-Illescas por el escrutinio de los resultados del municipio de Cabañas. Los datos publicados por el Ministerio del Interior eran erróneos y el PSOE había sacado un concejal más en detrimento del PP, pero la junta de zona dio por bueno el resultado en el escrutinio general porque no realizó el recuento analizando todas las actas, como marca la ley.
La formación socialista recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), y aunque el tribunal inadmitió a trámite el recurso por presentarse fuera de plazo, en su sentencia sí reprochó a la JEZ de Toledo-Illescas no realizar el escrutinio de acuerdo a la ley.
“Los datos que facilita el Ministerio del Interior son datos con efectos meramente informativos. Al no hacer el escrutinio en la forma que marca el artículo 100.2 de la LOREG, y recoger en el acta de escrutinio los datos de la plataforma del Ministerio del Interior, la Junta Electoral de Zona hace una abdicación de los deberes y obligaciones que le impone la LOREG y es este el reproche que se hace por esta Sala a la Junta Electoral de Zona", dice la sentencia facilitada por el TSJCM a Maldita.es.

Otro ejemplo es lo sucedido en el escrutinio general de las elecciones andaluzas de 2015 en la provincia de Sevilla, celebrado el 27 de marzo. Vox denunció que sólo se habían abierto los sobres que solicitaban expresamente los representantes de los partidos presentes en el escrutinio y que se utilizaban los resultados provisionales facilitados por la Junta de Andalucía.
El recurso fue desestimado por la junta provincial sevillana, lo que provocó que la formación política recurriera ante la JEC, que le dio la razón y ordenó repetir el escrutinio. Tras la reclamación de Vox, la Junta Electoral Provincial de Sevilla había reconocido que su manera de realizar el recuento era irregular.

El 6 de abril de 2015, la JEC ordenó repetir el escrutinio y la junta provincial sevillana lo hizo el 9 de abril. Según comunicó a la Junta Electoral de Andalucía, los únicos errores detectados fueron el número de electores, que pasó de 1.529.822 a 1.529.823; y el de votantes, que pasó de 1.006.142 a 1.006.136. Pero no cambiaron los resultados ni se detectó ningún pucherazo.
Además, Vox explicó que con su recurso no ponía en duda los resultados ni esperaba “un cambio sustancial”, sino que se limitaba a velar por el cumplimiento de la legalidad, según recogió Europa Press. La formación fue la novena más votada en aquellas elecciones y no consiguió ningún escaño.

¿Qué hace la Junta Electoral Central para evitar irregularidades en el escrutinio?
Además de resolver los recursos que le llegan, y en algunos casos ordenar la repetición del escrutinio, en los últimos años es habitual que la JEC, en su reunión del día de las elecciones, en la que suele resolver recursos de los días anteriores y de la misma jornada electoral, acuerde enviar un recordatorio a las juntas provinciales sobre el procedimiento que deben seguir en el escrutinio general.
Lo hizo el 23 de julio de 2023 e incluyó parte de la sentencia del TSJCM sobre el escrutinio de la Junta Electoral de Zona de Toledo-Illescas. También envió recordatorios en las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017, en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018, en las elecciones generales y valencianas de abril de 2019, en las generales de noviembre del 2019, en las elecciones europeas de 2024 o en las elecciones andaluzas del 17 de mayo de 2026.
* Este artículo se ha actualizado el 18/11/2026 para incorporar información relacionada con los contenidos que se difunden tras la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.