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MALDITA EXPLICA

Claves del "plan de regeneración democrática", anunciado por Pedro Sánchez

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Claves
  • El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado de su “plan de regeneración democrática” ante el Congreso de los Diputados
  • Sánchez ha propuesto medidas sobre medios de comunicación en aplicación del Reglamento Europeo sobre Libertad de Medios de Comunicación
  • También otras medidas para reformar la ley electoral, ayudas a los medios de comunicación para su digitalización o una reforma parcial de la ‘ley mordaza’
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el 17 de julio de 2024 su “plan de regeneración democrática”, que anunció en abril tras tomarse cinco días de reflexión por la imputación de su mujer, Begoña Gómez. Entre esas medidas está la aplicación de un reglamento de la UE sobre transparencia y pluralismo de medios de comunicación, una reforma de la ley electoral para hacer los debates electorales obligatorios y una reforma de la ‘ley mordaza’ en materia de libertad de expresión.

En su comparecencia, Sánchez ha pedido a los grupos parlamentarios en el Congreso un debate sobre sus anuncios: “En las próximas semanas, en los próximos días vamos a iniciar una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para proponerles este Plan de Acción para proteger y fortalecer la democracia”, ha dicho desde la tribuna. Sánchez ha reiterado que estas medidas están “abiertas” a otras propuestas y tiene que contar con el apoyo de otras formaciones políticas. 

Transparencia y pluralismo en los medios de comunicación

La comparecencia de Sánchez se ha centrado principalmente en las medidas que afectan a los medios de comunicación. El presidente del Ejecutivo ha dicho que España va a adaptar su legislación al nuevo Reglamento de la UE sobre la Libertad de Medios de Comunicación. Como hemos explicado en Maldita.es, España no tiene que transponer este reglamento, sino que se aplicará de manera completa en agosto de 2025. 

La legislación europea obliga a las empresas mediáticas a publicar información sobre sus propietarios, es decir, los titulares de las empresas que tengan acciones con las que puedan influir en la línea editorial y funcionamiento del medio de comunicación. Todo ello, reflejado en una base de datos de acceso público.

Otro de los puntos mencionados por Sánchez y que forma parte del reglamento europeo es el de la publicidad institucional. Sánchez ha dicho que pretende reformar la Ley de publicidad institucional para “limitar” el dinero que las administraciones públicas destinan a los medios de comunicación para que “no tengan más financiadores públicos que lectores” y “asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos”. El presidente del Gobierno también ha pedido más transparencia en los datos de medición de audiencias.

Ayudas a la digitalización

El presidente del Gobierno también ha anunciado un paquete de ayudas de 100 millones de euros procedentes de los fondos europeos “para ayudar a los medios a digitalizarse de manera independiente y segura”. Además, con este dinero pretenden permitir que los medios creen “bases de datos, herramientas que mejoren su productividad y calidad informativas y refuercen su ciberseguridad”.

Derecho al honor y a la rectificación

En la línea de los anteriores anuncios, Sánchez ha propuesto “reforzar las leyes de rectificación y derecho al honor” para permitir que los ciudadanos “puedan defenderse si se vierten sobre ellos calumnias o acusaciones infundadas”. El derecho de rectificación viene regulado en una ley de 1984 en la que se establece que “toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio”.

Estrategia Nacional del Gobierno Abierto

Pedro Sánchez también pretende mejorar la transparencia en los datos que facilita la Administración Pública. Bajo la “Estrategia Nacional de Gobierno Abierto”, el Gobierno va a presentar “una nueva Ley de Administración Pública Abierta que amplíe y mejore la cantidad y la calidad de la información gubernamental”. Con ello, Sánchez quiere que el Gobierno Abierto sea “un pilar de la Administración Pública”.

‘Ley mordaza’

Otro de los anuncios de Sánchez, y que lleva repitiendo desde 2015, es la reforma de la ‘ley mordaza’. El presidente del Ejecutivo ha asegurado que va a “proponer una nueva reforma de la ‘ley mordaza’ en lo relativo a la libertad de expresión en coherencia de nuevo con la Constitución”, sin ofrecer más detalles. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dijo el 16 de julio que el acuerdo entre PSOE y Sumar incluía la derogación de “todos los delitos vinculados a las injurias y a las libertades públicas”, aunque después su portavoz parlamentario, Enrique Santiago, matizaba que sería solamente en lo al desempeño de la actividad de libertad de información. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, dijo que esa reforma sería únicamente en “la parte referida a los delitos por injurias” y Díaz afirmó un día después que esa modificación se ajustará al pacto de gobierno del PSOE y Sumar.

Reforma de la ley electoral para obligar a hacer debates y que las encuestadoras publiquen los microdatos

Pedro Sánchez también ha explicado en el Congreso que va a proponer a los grupos políticos una reforma de la ley electoral (LOREG) para regular y hacer obligatoria la celebración de debates en campaña entre los candidatos a las elecciones para “garantizar el derecho de los ciudadanos a contrastar propuestas”. Hasta ahora, solamente Murcia, Castilla y León y País Vasco establecen por ley la celebración de debates en las elecciones autonómicas. 

Dentro de la reforma de la LOREG, el presidente ha mencionado la necesidad de que las encuestadoras hagan públicos sus microdatos y los cuestionarios utilizados en las encuesta y la metodología de estimación.

Por último, Sánchez ha pedido una reforma del reglamento de las Cortes Generales para endurecer las sanciones a diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y de actividades o que lo hacen “con información falsa e incompleta”. En 2020, Congreso y Senado aprobaron un Código de Conducta en el que se establece que deberán presentar un documento explicando los bienes e ingresos que tienen al recoger su acta como parlamentario y una declaración de actividades para detallar las actividades desarrolladas en los cinco años anteriores y que puedan afectar a su labor parlamentaria; las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados que hayan recibido; y su participación en fundaciones y asociaciones.

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