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Datos y contexto sobre el coste de los funcionarios y la deuda pública en España a principios de 2024

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Claves
  • Quizá te hayas encontrado mensajes que dicen que el Estado se ha endeudado 160.000 millones de euros para pagar a los funcionarios
  • Las administraciones públicas que gastan más de lo que ingresan se endeudan a través de letras y bonos del Tesoro Público para financiar su funcionamiento
  • La deuda pública no financia partidas concretas, sino que sirve para pagar el conjunto de los servicios públicos, incluido el personal y los medios materiales

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Puede que estos días te hayas encontrado mensajes que dicen que falta dinero para pagar a los funcionarios y que el Estado ha gastado 160.000 millones de euros de deuda pública para pagar las nóminas. Estos mensajes mezclan varias cifras y conceptos sobre las finanzas públicas: el gasto, la deuda y el déficit de las administraciones.

Cuando un Estado gasta más dinero que el que ingresa, las administraciones se endeudan para seguir pagando el funcionamiento de sus servicios. Ese dinero que piden prestado no se solicita para pagar concretamente una partida, como el sueldo de los funcionarios o el mantenimiento de los hospitales; sino que el Estado utiliza el dinero de la deuda junto al resto de sus ingresos (fundamentalmente, los impuestos) para seguir proveyendo los servicios públicos. Por ello, si España pide dinero, no se puede establecer si es estrictamente para pagar una u otra partida, aunque de manera conjunta el dinero de la deuda o de los impuestos se utilicen para sufragar los gastos.

El gasto público de las administraciones: 154.894 millones de euros en las nóminas del personal público en 2022

Si sumamos el gasto público de todas las administraciones de España (Estado central, comunidades autónomas, entidades locales y Seguridad Social), en 2022 (todavía no están publicadas las cifras de 2023) el gasto total fue de 637.831 millones de euros, según el Instituto General de la Administración del Estado, dependiente de Hacienda. De todo este gasto público, el pago de la remuneración de asalariados (que incluye tanto a funcionarios como a empleados públicos) supuso 154.894 millones de euros, el 24,28% del gasto público total.

La deuda y el déficit público: España gastó más de lo que ingresó entre 2008 y 2022

El déficit y el superávit miden la relación entre los ingresos y los gastos de una organización. Si una entidad, como por ejemplo una empresa o una administración pública, ingresa más dinero del que gasta, tendrá superávit. Si no, tendrá déficit.

Cuando un Estado gasta más dinero del que ingresa o necesita rápidamente liquidez y sus ingresos corrientes no son suficientes, se endeuda mediante la emisión de letras y bonos del Tesoro Público.

España se encuentra en una situación de déficit público desde 2008, según el Banco de España. Al cierre de 2022, el déficit público fue de 63.736 millones de euros, equivalente al 4,7% del PIB de España ese año. La deuda pública fue de 1.502.804 millones de euros, equivalente al 111,6% del PIB.

¿Es correcto decir que falta dinero para pagar a los funcionarios?

Hasta el momento de publicación de este artículo, ninguna de las administraciones públicas de España ha declarado encontrarse en quiebra y no poder pagar el sueldo de funcionarios y empleados públicos. Tampoco se puede decir que, para pagar el sueldo del personal público, automáticamente se endeudan las administraciones, ya que un Estado acude a la financiación extraordinaria para costear su funcionamiento, sin distinción de partidas presupuestarias.

Hay que tener precaución con los contenidos que relacionan una parte del gasto público, como es el pago de funcionarios y empleados públicos, con la deuda y el déficit público. Si la actividad ordinaria de las administraciones implica más consumo de dinero que ingresos (por tanto, está en déficit), el Estado deberá financiarse con la deuda pública. Esto servirá para pagar toda su actividad, incluidos los medios materiales y el personal empleado: la inversión en sanidad (sanitarios, hospitales, ambulancias…), en educación (profesores, escuelas, material didáctico…), justicia (magistrados, tribunales, documentación…), etcétera.

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