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El Partido Socialista (PSOE) y Junts registraron el 4 de marzo de 2025 en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica para transferir a Cataluña algunos aspectos de las políticas migratorias, como la ejecución de las devoluciones de inmigrantes o la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que hasta ahora eran competencia estatal. Esto forma parte de un acuerdo al que las dos formaciones políticas llegaron en enero de 2024. En ese momento, Pedro Sánchez y ministros socialistas decían que las competencias en materia de fronteras e inmigración irregular son “exclusivas del Estado”, pero que algunos aspectos sí era posible delegarlos a las comunidades autónomas.
Pedro Sánchez en enero de 2024: “Las materias vinculadas con la expulsión de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado”
El 14 de enero de 2024, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preguntado en una entrevista en El País si la competencia para la expulsión de migrantes, que ahora es uno de los puntos a desarrollar en la ley orgánica, pasaría a manos de la Generalitat de Cataluña, Sánchez aseguraba que esa materia estaba “residenciada en la Administración General del Estado”, y que con el acuerdo buscaban una “mayor coordinación de las políticas de migración”.
Sobre si cederían el resto de competencias en materia migratoria, respondió que harían “lo que está reconocido en el Estatuto de autonomía de Cataluña” y lo fiaba a la negociación parlamentaria durante el trámite de la ley orgánica.
Un día después, en Radio Nacional de España, Pedro Sánchez insistió en que “es el Estado en su conjunto” quien tiene las competencias en materia de inmigración irregular y no se podían transferir. Aunque sí especificó que había dos ámbitos en los que Cataluña, por su estatuto de autonomía, sí que podía asumir competencias: la autorización inicial de empleo y las políticas de integración social, educación, vivienda y servicios sociales que afecten a los migrantes [min 1:04].
Sánchez continuó diciendo que, tras la aprobación del Pacto de Migración y Asilo de la UE, iban a hablar con las comunidades autónomas “para saber exactamente cómo hacer más eficaces esas políticas”, pero insistía en que “lo que tiene que ver con el control de fronteras, las políticas de inmigración y su lucha contra las mafias, está residenciado donde tiene que estar residenciado, que es la Administración General del Estado” [min. 2:05].
Pilar Alegría, enero de 2024: “Las competencias en materia de fronteras e inmigración ilegal son exclusivas del Estado”
En esas mismas fechas, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, explicó que las competencias de fronteras y migración irregular están recogidas en el artículo 149 de la Constitución y son “competencias únicas y exclusivas” del Estado [min.19:15]. Alegría añadía que en el artículo 150 se recoge la posibilidad de delegar y transferir competencias a través de leyes orgánicas, y ese era “el acuerdo con Junts”, pero insistía en que “la competencia en materia de fronteras y en materia de inmigración ilegal son competencias exclusivas del Estado” [min. 33:44].
Marlaska, septiembre de 2024: “Hay muchos otros aspectos relacionados con la migración que sí pueden ser competencia de las comunidades autónomas”
Durante una sesión de Control al Gobierno el 18 de septiembre de 2024, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respondió sobre este asunto y, aunque dijo que “tanto el control de fronteras como el control de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados”, hay “muchos otros aspectos relacionados con la migración que sí pueden ser competencia de las comunidades autónomas”. Marlaska dijo que “cualquier cesión de competencia sobre migración a la Generalitat de Cataluña” debía hacerse “respetando el diálogo en el ámbito parlamentario” y las competencias [min. 0:34].
En el siguiente enlace puedes consultar la proposición de ley registrada por el PSOE y Junts, que ahora debe pasar por el trámite parlamentario donde el resto de partidos pueden aprobar enmiendas para modificar el texto inicial o rechazarlo.
