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19/06/2020

Los 300 millones aprobados por el Gobierno por la crisis del coronavirus no son solo para residencias y son las comunidades autónomas quienes gestionan este fondo

LAS CLAVES

- El fondo social de 300 millones de euros fue aprobado el 17 de marzo para financiar gastos extraordinarios en servicios sociales durante la crisis de la COVID-19 y se repartió a las CCAA cuatro días después

- El fondo no era solo para contratar personal para residencias: también para comprar EPIs, asistencia domiciliaria o atención para personas sin hogar

- Según el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Iglesias, el 8 de mayo terminaron de transferir todo el fondo: lo transferían según las CCAA iban justificando los proyectos a los que se destinaba

- Algunas CCAA han explicado a Maldita.es las finalidades que han dado a su asignación del fondo

En los últimos días, varias asociaciones y patronales de las residencias de ancianos han afirmado que no tienen “ni idea” de dónde están los 300 millones de euros que el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, anunció al inicio de la crisis del coronavirus. 

El secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Jesús Cubero, decía en este artículo que “no hemos tenido más noticia que lo que vimos a través de los medios" sobre la dotación de los 300 millones de euros. Igual que el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández Cid, quien explicaba en esta entrevista [min. 26:40] que “los 300 millones no llegaron a las residencias, nosotros no los vimos”. De hecho, continuaba diciendo que “nosotros no hemos recibido nada del Gobierno, ni material ni apoyo de personal”. 

Sin embargo, este fondo de 300 millones de euros no iba destinado directamente a las residencias de ancianos ni era exclusivo para estos centros, fue transferido a las comunidades autónomas y ellas lo han gestionado. Os lo explicamos.

Como ya os contamos en Maldita.es, el 17 de marzo, el Gobierno aprobó una partida de 300 millones de euros para el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Pablo Iglesias, con el objetivo de “hacer frente a las consecuencias sociales” de la COVID-19. En la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se especificaba que este fondo iba a ser asignado “mediante transferencias a las autoridades competentes de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla para financiar las prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales”.

Dos días más tarde, el 19 de marzo, Iglesias presentó en rueda de prensa (a partir de min. 10:30) este fondo social y volvió a incidir en que iba a ser transferido “a las comunidades autónomas, a Ceuta y a Melilla para financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales que tengan por objeto hacer frente a situaciones sociales muy específicas derivadas del COVID-19”. Es decir, el fondo no iba a ser transferido directamente desde el Gobierno a las residencias de mayores si no que iban a ser las comunidades y ciudades autónomas quienes recibieran su parte del fondo para emplearlo en función a las necesidades específicas derivadas tras la crisis del coronavirus. 

En su discurso (cuya transcripción completa podéis leer aquí), el vicepresidente añadió que, entre las finalidades de este fondo, estaban la de “reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por contagio de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla”, así como la “adquisición de medios de prevención (EPI)”. También remarcó que, “para el Gobierno, es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores y este fondo de 300 millones de euros va a emplearse para este fin”. 

Este fondo de 300 millones ha sido asignado a las comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales desde el pasado 21 de marzo. Desde vicepresidencia del Gobierno han confirmado a Maldita.es que “el fondo ha terminado de ser transferido totalmente a las comunidades autónomas el 8 de mayo”, en función de los proyectos que han ido presentando. También nos han explicado que su labor en la gestión de este fondo consiste en comprobar si los gastos que les proporcionan las comunidades autónomas son “correctos”.

Las comunidades autónomas son las que tienen que justificar a qué va dirigido este fondo social asignado desde el ministerio que dirige Iglesias

Como este fondo de 300 millones de euros no se reparte directamente a las residencias de mayores si no que son las comunidades autónomas quienes hacen las respectivas asignaciones, en Maldita.es les hemos preguntado a ellas para saber en qué han justificado la parte de este fondo social que les corresponde. En el momento de esta publicación, sólo hemos obtenido la respuesta de las respectivas consejerías de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Asturias. 

Fuente: Tabla de financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por prestaciones y comunidades autónomas

El 12 de mayo, cuatro días después de que se hiciera el reparto total del fondo, la Comunidad de Madrid nos confirmó que, de los “más de 38,7 millones [que] se destinaron” a este territorio, “el 60% del fondo va dirigido a Servicios Sociales de Ayuntamientos y Mancomunidades para que lo gestionen (tienen que justificar también a qué va dirigido) y un 40% lo gestiona la Consejería de Políticas Sociales”. 

En su respuesta, el Gobierno regional explicó que el dinero “se está ya usando para contratación de personal del ámbito de los Servicios Sociales, para plazas de acogida y emergencia, entre otras cosas” y añadió que “un ejemplo [donde se ha invertido el dinero] es el centro de acogida de menores con padres ingresados por coronavirus”.

Por su parte, Cataluña nos especificó el 11 de mayo que los 45 millones y medio que ha recibido del ministerio están siendo utilizados para “financiar una parte del total del gasto asociado a COVID-19 en servicios sociales” y que, con él, financian -entre otros proyectos- la “prestación de atención domiciliaria, la apertura de centros residenciales alternativos de emergencia, etc.”. 

El mismo día que se entregó el total del fondo a las comunidades autónomas, el 8 de mayo, la Comunidad Valenciana nos respondió indicando que “11,5 millones de euros se destinaron a ayudas de emergencia y refuerzo”, tal y como se puede ver en la nota de prensa que emitieron, y que el dinero restante hasta completar los 30 millones de euros que se les ha otorgado “se han destinado a la renta valenciana de inclusión”

Por último, Asturias señaló en su respuesta que “los más de 6,6 millones de euros (que ya han sido ingresados [y que les correspondía según la asignación]” se han destinado a “reforzar los servicios sociales básicos y a sufragar los costes extraordinarios motivados por la crisis sanitaria, principalmente, compra de material de protección (EPIS)”.

El Gobierno regional también ha utilizado este fondo para “la adquisición de material para los servicios sociales generales de las entidades locales y especializados (entre los que están los centros residenciales de personas mayores y/o con discapacidad), pero también para el refuerzo de la plantilla que gestiona el salario social básico, los albergues de transeúntes habilitados a los efectos de cumplir con las medidas de confinamiento y un teléfono de apoyo a la población más vulnerable gestionado por Cruz Roja”. 

Por lo tanto, el fondo de 300 millones destinado por el ministerio que dirige Pablo Iglesias no se transfiere directamente a las residencias de mayores. De hecho, no se destinan exclusivamente a las residencias y son las comunidades autónomas las que lo reciben y lo gestionan acorde a unos criterios y necesidades, definidos por el ministerio. 

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