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Ha circulado mucho por redes sociales que el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, asumió las competencias de las residencias de mayores después de la declaración del estado de alarma, en marzo.
De hecho, unas declaraciones de Iglesias en una rueda de prensa del 19 de marzo han sido utilizadas para decir que asumió él mismo las competencias de las residencias. En ellas Iglesias dice que “para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores y este fondo de 300 millones de euros va a emplearse para este fin”.
Se trata de un bulo. La competencia sobre las residencias no pasó a manos del ministerio de Iglesias; sigue siendo de las comunidades autónomas, como ya os contamos previamente en Maldita.es. Os lo explicamos.
Las competencias sobre las residencias de mayores eran y siguen siendo de las comunidades autónomas. Lo que hizo el Ministerio de Sanidad a través de la orden SND/265/2020 del 19 de marzo, fue reforzar a las propias comunidades dotándolas de autoridad para poder ampliar y contratar personal tanto en residencias públicas como en privadas. Posteriormente se les encargó también la labor de monitorizar el estado de las residencias para informar periódicamente al Gobierno.
En la rueda de prensa del 19 de marzo en la que comparecieron Salvador Illa y Pablo Iglesias, estos respondieron sobre las medidas que preparaban sobre las residencias. En esta rueda de prensa, el ministro Illa explica que elevaron un protocolo “acordado con las comunidades autónomas” a carácter de orden [ministerial] con el fin de “cerrar aquellos centros que no tengan las mínimas condiciones”, de “garantizar la restricción de visitas” y de “garantizar una atención médica mínima”.
En una aparición más reciente, el propio Pablo Iglesias ha negado que él asumiera las competencias en materia de residencia de ancianos. Fue en una entrevista en Antena3 en la que Matías Prats le preguntó [min. 19:50] por qué no se blindaron las residencias de mayores, ya que según él, el 19 de marzo, Iglesias asumió el “control de esas residencias”. Pablo Iglesias contesta que lo que hicieron desde el 19 de marzo fue “reforzar a la única autoridad que tiene las competencias en las residencias de ancianos, que son las comunidades autónomas”.
El ministerio que dirige Iglesias también participa en las medidas que afectan a las residencias. Desde el 17 de marzo, su ministerio se encarga de coordinar un fondo extraordinario de 300 millones de euros para prestaciones sociales. Este fondo fue repartido a las comunidades autónomas y entre algunas de sus finalidades está la de contratar a personal para las residencias y la compra de material de protección, aunque cada comunidad decide la forma en que lo gasta en materia de prestaciones sociales.
El Ministerio de Derechos Sociales se encarga además de coordinar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para actuar en las residencias que les indican las comunidades autónomas.
Las comunidades dicen a Maldita.es que siguen teniendo las competencias sobre las residencias
Desde Maldita.es hemos contactado con algunas de las consejerías autonómicas competentes en materia de asuntos sociales para preguntar si han variado sus competencias durante el estado de alarma.
Tanto en Castilla y León, como en la Región de Murcia, comunidades gobernadas por PP y Ciudadanos, las consejerías competentes en asuntos sociales nos han comunicado que durante el estado de alarma siguen teniendo las competencias sobre las residencias.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (gobernada por JxCat y ERC) en comunicación con Maldita.es nos explica que “las competencias entre Administración General del Estado y comunidades autónomas no han variado”, sino que “siguen siendo competencia exclusiva de las comunidades autónomas, como el conjunto de competencias en el ámbito general de los servicios sociales”. También nos han expresado que en Cataluña y otras comunidades, las competencias en residencias a efectos de la prestación sanitaria para la lucha contra la COVID-19 y la información sobre las mismas, han sido trasladadas temporalmente a (la Consejería de) Salud mientras dure el estado de alarma.
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, comunidad gobernada por el PSOE, nos explica que tras las órdenes del Ministerio de Sanidad, la Consejería de Salud de Asturias, es la que ha tenido un papel relevante en el “control y seguimiento de la situación epidemiológica de los mismos”, ya que “las órdenes [ministeriales] contemplan la facultad de intervención de los centros y designación de un empleado público en aquellos casos en que fuera necesario”, así como también “facilitar información sobre la situación epidemiológica de sus residentes y profesionales [...] al Ministerio” y “para la adopción de medidas de control”.
En Maldita.es también hemos hablado con la Conselleria D’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, donde Gobierna el PSOE con el apoyo de Compromís y Unides Podem, que nos ha contado cómo se ha gestionado el personal de los centros residenciales en su comunidad, a raíz de las órdenes ministeriales.
Nos han dicho que el propio Gobierno valenciano siguiendo las órdenes ha adoptado sus propios acuerdos para establecer la forma en que se moviliza el personal para trabajar en las residencias entre consejerías, ya fuera tanto personal asistencial, como médico o incluso cocineros y otros tipos de trabajadores.
Por lo tanto, en nuestro país las competencias sobre las comunidades autónomas han sido y siguen siendo, durante el estado de alarma, de las comunidades autónomas, ya que se han visto reforzadas por las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno y han ampliado su alcance a las residencias privadas. Desde Maldita.es hemos realizado consultas a más comunidades autónomas, pero aún estamos pendiente de respuesta.
La Comunidad de Madrid evitar dar una respuesta explícita a Maldita.es sobre las competencias pero en declaraciones públicas las reconocen
La Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, donde gobierna el PP con Ciudadanos, nos indicó el 12 de mayo que, con respecto a las competencias antes del estado de alarma, “las residencias de mayores dependen de las comunidades autónomas”. Sin embargo, no aclararon si en la actualidad, con el estado de alarma, siguen teniéndolas.
Desde Maldita.es volvimos a preguntar a la Consejería de Políticas Sociales en varias ocasiones para saber si en la actualidad la comunidad reconoce seguir teniendo las competencias sobre las residencias, pero no han contestado a esta pregunta.
El 19 de mayo nos indicaron que la parte asistencial (sobre la gestión) de las residencias recae en la Consejería de Políticas Sociales.
En cuanto a la pregunta que hicimos acerca de las transferencias de competencias entre las consejerías de Políticas Sociales y Sanidad durante la crisis, Políticas Sociales nos respondió el 8 de junio haciendo referencia a la orden 1/2020 de la Comunidad. Concretamente, según esta orden autonómica (apartado tercero), la medicalización de las residencias y el tratamiento de los infectados corresponde a la Consejería de Sanidad, y los aspectos organizativos a la de Políticas Sociales.
El mismo día que el Ministerio de Sanidad emitió la orden SND/265/2020 del 19 de marzo por la que se permite la intervención de las comunidades en las residencias públicas y privadas, el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid realizó unas declaraciones acerca de los fallecidos en residencias. Aquel 19 de marzo, también fue el día en que Salvador Illa y Pablo Iglesias hicieron la rueda de prensa que se ha utilizado para decir que Iglesias asumió el control de las residencias
El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, reconoció en una entrevista en Onda Cero que las cifras de fallecidos en residencias se iba a elevar en las próximas semanas y añadió que "ese número se va a elevar con personas que son aquellas que nosotros cuidamos desde la Comunidad de Madrid, desde la consejería de Políticas Sociales".
Como ya os hemos contado en Maldita.es, el 26 de marzo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, estableció un “mando único” para el Plan de choque sanitario en las residencias de ancianos bajo la titularidad de la Consejería de Sanidad.
Al día siguiente, el 27 de marzo, el consejero Alberto Reyero aseguraba en Onda Madrid estar de acuerdo con la decisión [min. 1:40]: “No sólo estamos de acuerdo en que Sanidad tome el mando, sino que lo propusimos nosotros”.
El 21 de abril, la diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Lola Navarro, aseguró [min. 1:23:00] en la comisión de Políticas Sociales frente al consejero Alberto Reyero que “el mando único no asume las competencias sino que coordina las actuaciones en torno al plan de choque, y esto es asumir el control, pero la Consejería de Políticas Sociales sigue teniendo sus competencias y sigue realizando sus labores”.
TRANSCRIPCIÓN DISCURSO DE PABLO IGLESIAS EN LA RUEDA DE PRENSA DEL 19 DE MARZO DE 2020
Min. 7:53
IGLESIAS: Muchas gracias ministro. Boas tardes, bona tarda, arratsaldeon, buenas tardes. Me toca a mí, en esta comparecencia, dar cuenta de los operativos que estamos llevando a cabo para desarrollar el pilar social del plan de choque que aprobamos el martes e informarles a ustedes de las acciones conjuntas que estamos desarrollando para proteger a los colectivos sociales más vulnerables frente al coronavirus.El paquete socioeconómico que logramos aprobar el martes en el Consejo de Ministros y que, tal y como explicó el presidente del Gobierno, supone la mayor movilización de recursos económicos públicos y privados de nuestra historia reciente, estamos hablando de 200 mil millones de euros, lo cual supone casi el 20% del PIB de España, responde a un hecho evidente para todo el mundo y, en especial, para la gente más humilde, y es que la crisis de el coronavirus no solamente es una emergencia sanitaria es también una emergencia económica y social. Y esto significa que no se puede dejar a nadie desatendido en lo sanitario, pero tampoco se puede dejar a nadie se ha tendido en lo económico y en lo social.
Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para construir un escudo social capaz de amortiguar lo máximo posible el impacto negativo de la crisis del coronavirus sobre la economía, el empleo, las familias y los colectivos más vulnerables. Decir que este virus lo paramos unidos es una declaración vacía si eso no significa que ninguna persona quede desamparada en esta situación.
Hay que seguir trabajando en más medidas para los próximos días, pero es un paso muy importante para proteger el empleo, garantizar ingresos a los trabajadores, evitar que se produzcan despidos y cierres de empresas y proteger a las familias del impacto económico de esta emergencia.
Hay que aprender de los errores de 2008 y garantizar que esta vez si la gente afronta esta crisis con la máxima seguridad. Porque seguridad ante el coronavirus significa por supuesto que la Sanidad mantenga su capacidad de atención a todas las personas que lo necesiten; seguridad significa que se cumplen las medidas del estado de alarma para frenar el virus; pero seguridad significa también la gente más vulnerable no va a quedar desamparada; que la gente trabajadora no se tenga que jugar la salud y la de los suyos y que tenga derecho a adaptar o a reducir su jornada laboral incluso al cien por cien si tiene que cuidar a un familiar; que se eviten despidos y se garantice que a los afectados por los ERTE van a recibir una prestación del Estado sin consumir su derecho al paro; que un autónomo que ha visto interrumpida su actividad o mermado sus ingresos va a tener derecho a una prestación; que a nadie le van a cortar la luz o echarle de su casa en medio de esta crisis porque hay una moratoria de las hipotecas y prohibición de los cortes de suministros básicos para hogares en situación de vulnerabilidad como decidimos el martes.Se trata de dar seguridad y garantizar a todos los compatriotas que esta crisis no la pueden pagar, otra vez, los de siempre y que, esta vez sí, van a contar con el apoyo del estado para hacer frente a la situación.
Quiero reiterar nuestro compromiso de seguir trabajando para poner en marcha a la máxima brevedad más medidas que protejan a más colectivos.
Permítanme que me detenga en el pilar social del plan de choque que aprobamos este martes y en algunos operativos específicos que estamos ya desarrollando desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales en colaboración con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio de Sanidad.
Dentro del escudo social que aprobamos el martes en el consejo de ministros hay un conjunto de medidas dirigidas a los colectivos más vulnerables ante la crisis quiero referirme a algunas de ellas con brevedad.
En primer lugar como saben el martes habló a aprobamos un plan de choque de 600 millones de euros para reforzar la atención social a colectivos vulnerables, en un momento en el que el sistema público de servicios sociales es absolutamente estratégico y un instrumento clave para minimizar las consecuencias del COVID. Quiero aprovechar para agradecer el enorme trabajo que están desarrollando los profesionales de los servicios sociales. En días en los que la gente de nuestro país se enorgullece del esfuerzo de nuestra sanidad pública, quiero, además, por supuesto, además de reiterar ese agradecimiento, quiero hacerlo extensivo también a los compatriotas que trabajan en los servicios sociales que están haciendo un trabajo en primera línea en primera línea de batalla en condiciones enormemente difíciles que es absolutamente fundamental para afrontar este combate.
El mismo martes tras el consejo de ministros de mante una reunión telemática con vicepresidentes y consejeros y consejeras autonómicos para coordinar este plan de choque social, este escudo social que tiene fundamentalmente dos ejes: Por un lado una flexibilización de la regla de gasto de 300 millones de euros para que los ayuntamientos puedan usar su superávit correspondiente al año 2019 para reforzar partidas de atención a la dependencia, de servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al COVID 19. Respecto a los ayuntamientos que no tienen superávit o una situación que afecta sobre todo algunos municipios pequeños son las diputaciones provinciales las que se van a hacer cargo de estos servicios. Y por otro lado, hemos creado un fondo social extraordinario dotado con otros 300 millones de euros destinado a reforzar la atención social a colectivos vulnerables ante el coronavirus. Les informó de que mañana viernes he convocado el consejo interterritorial de servicios sociales y atención a la dependencia en el que están presentes las comunidades autónomas, las diputaciones y la vicepresidencia de derechos sociales para abordar el reparto de vivo de este fondo de 300 millones de euros para reforzar la atención social. Esa cantidad será transferida a las comunidades autónomas, a Ceuta y a Melilla para financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales que tengan por objeto hacer frente a situaciones sociales muy específicas derivadas del COVID-19 entre las cuales permítanme destacar tres que son especialmente preocupantes:
En primer lugar, esos 300 millones se van a emplear en reforzar la asistencia a domicilio de personas mayores de dependientes o personas con discapacidad afectadas por el cierre de centros de día o de centros sociales y que en muchos casos están solos y solas en sus casas. Estamos reforzando así la asistencia a domicilio para garantizar la salud, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y también la alimentación de todas estas personas y con este fondo vamos a reforzar y ampliar también los dispositivos de teleasistencia domiciliaria.
En segundo lugar, este fondo se va a usar para reforzar las plantillas de los centros de los servicios sociales y de las residencias de mayores. Las residencias de mayores como saben ustedes son de los lugares más vulnerables en esta emergencia sanitaria. Sus plantillas están desbordadas. En muchos casos no han dispuesto de los equipos de protección individual necesarios para atender a personas positivas por coronavirus y ha habido por desgracia casos de contagio y de fallecimientos de residentes en algunos de estos centros. Los protocolos previos para enfrentar otros episodios de gripes epidémicas están obviamente desfasados y no sirven en la actual situación que es enormemente preocupante. Para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores y este fondo de 300 millones de euros va a emplearse para este fin. Es urgente medicalizar estos centros reforzando a las plantillas con personal y elementos sanitarios con más recursos y muy importante insisto con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros que van a adquirirse con este fondo. Ya estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad para que los equipos lleguen cuanto antes.
Y en tercer lugar el fondo de contingencia se va a emplear en asistir a personas sin hogar que son también un colectivo especialmente vulnerable en la actual emergencia sanitaria. Se va a realizar un refuerzo de choque de los servicios sociales para asistir a las personas sin hogar, con el apoyo de las Fuerzas Armadas cumpliendo como ya comunicamos en los últimos días cuatro objetivos: el primero constituir unidades que diariamente entreguen un kit de higiene alimentación y bebida a las personas sin hogar les expliquen medidas de prevención les miran la temperatura y orienten en caso necesario; en segundo lugar habilitar comedores sociales para dar comida para llevar; en tercer lugar reforzamiento de los centros para personas sin hogar con personal sanitario que los dote de equipos de protección controle la salud del equipo de atención social y los residentes, tomen medidas preventivas, identifique posibles contagios y aísle o derive a otro centro de las posibles personas afectadas; en cuarto lugar habilitar espacios amplios como ya se ha hecho, por ejemplo, en el Ifema en madrid para alojar garantizar la higiene y la alimentación y atender a personas sin hogar con profesionales sociales y sanitarios y con posibilidad de zonas de aislamiento para las personas afectadas. Dada la sobrecarga de trabajo que enfrentan los profesionales de los servicios sociales quiero agradecer la cooperación con nuestras Fuerzas Armadas que está siendo fundamental para cubrir estas necesidades.
Los profesionales de Protección Civil, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, acompañados del personal de los servicios sociales, participarán en el seguimiento diario de las personas sin hogar, el refuerzo de los centros sociales, el reparto de alimentación, la dotación de los comedores sociales y la habilitación de los espacios necesarios.
En las últimas horas, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Sanidad han solicitado a la Vicepresidencia de Derechos Sociales que nos pongamos al frente de estos operativos de asistencia social con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asumimos esta tarea con el máximo compromiso.
Quiero agradecer a la ministra de Defensa por su gran disposición y por su compromiso. Debo reconocer que no imaginaba que la primera preocupación o una de las primeras preocupaciones de la ministra de Defensa fuera la situación de las personas sin hogar. Me emociona enormemente y es un orgullo trabajar a su lado. Agradecerle también a todo su equipo la coordinación que han llevado a cabo con nosotros y el trabajo conjunto que están realizando las Fuerzas Armadas con los profesionales de los servicios sociales. Nuestro trabajo será dar curso a todas las peticiones que recibamos por parte de las comunidades autónomas y dar las instrucciones necesarias para la participación de nuestras Fuerzas Armadas en estas misiones, tal y como nos ha solicitado el Ministerio de Defensa.Y quiero dar también unas gracias emocionadas al Ministerio de Sanidad por la gestión que está haciendo de esta crisis y, en especial, a su responsable que, literalmente, se está dejando la piel. Gracias por la capacidad que están demostrando para trabajar conjuntamente con otros departamentos del gobierno y para movilizar todos los recursos disponibles para atender a todas las personas afectadas. La coordinación es buena hemos elaborado ya protocolos tanto para la atención a domicilio como para la atención en residencias. Y puedo informar hoy de que, tal y como nos solicitó el Ministerio de Sanidad, el equipo de la Vicepresidencia Segunda ha estado trabajando para buscar todos los dispositivos vinculados a los servicios sociales que puedan servir como camas para el sistema nacional de salud y ponemos a disposición del ministerio de sanidad más de 19 mil 500 camas que hemos localizado repartidas en más de mil edificios. Esto no habría sido posible sin el papel fundamental de los trabajadores y trabajadoras del tercer sector. Su apoyo ha sido y va a seguir siendo absolutamente clave y quiero reconocer hoy, aquí, su trabajo y darle las gracias en nombre del Gobierno porque el tercer sector se está volcando frente a esta situación de emergencia.
Y no podemos hablar de los esfuerzos que se están haciendo en nuestro país en los últimos días para proteger a las personas vulnerables de coronavirus, sin dar las gracias también a la clase trabajadora. A las aparadoras de Petrer, que han tejido de manera altruista 10 mil mascarillas en dos días; a todos los trabajadores y trabajadoras de la alimentación, la logística, la seguridad o la limpieza, que se están jugando la salud para que todo lo que tiene que funcionar funcione y a nadie le falte de nada; a todos los vecinos y vecinas que se organizan en redes de solidaridad para bajar la basura a sus vecinos más mayores, para cuidar a los niños o para desinfectar zonas comunes. Una vez más se demuestra que es el patriotismo de lo común y de lo público, el patriotismo de la red pública, el mayor elemento de orgullo que podemos sentir y que es, con la fuerza de la sociedad civil, como siempre, a lo largo de la historia, se ha podido mejorar y superar las situaciones difíciles.
Quiero informar, por último, de que esta misma tarde voy a mantener junto a la ministra de Trabajo y Economía Social y al ministro de Seguridad Social e Inclusión una reunión con todos los ministros de trabajo y asuntos sociales de los estados miembros de la Unión Europea para poner en común y estudiar las medidas que se han puesto en marcha en cada país para afrontar el impacto laboral y social del COVID-19 y para estudiar cuáles deben ser las medidas que hay que tomar en los próximos días.
Quiero subrayar en este sentido como también, lo ha reiterado nuestro presidente, que el paquete que aprobamos el martes no es un punto y final y que seguimos trabajando para poner en marcha más medidas que refuercen el escudo social que estamos construyendo para dar seguridad y proteger a todos los colectivos sin excepción durante esta crisis. Esta semana marca un punto de inflexión en la política económica de Europa. España, pero también otros países de Europa han decidido dejar atrás los dogmas de la autoridad fiscal que ya fracasaron en la anterior crisis y, por eso, debemos emprender un camino diferente frente a unas recetas que pusieron como primera prioridad de la sociedad el déficit público por encima del empleo, por encima de la salud o por encima de la economía de los hogares. En esta ocasión, hay una apuesta por afrontar esta crisis de la manera opuesta usando las herramientas y los recursos del estado a los trabajadores y a las familias. Como ha explicado nuestro presidente, el paquete del martes es un paso histórico que nos pone a recorrer ese camino y ahora es necesario hacer más cosas teniendo algo muy claro: es imprescindible tal y como están diciendo economistas de todos los países y de diferentes escuelas económicas responder a esta situación con todos los instrumentos de los que disponemos sin escatimar esfuerzos. Los esfuerzos que no hagamos hoy, serán las desgracias de mañana para muchísima gente. Si algo se ha demostrado a nivel mundial, casi podríamos decir a nivel civilizatorio, es que solo desde el Estado y desde el sector público se puede dar una respuesta coordinada, planificada y contundente que proteja y dé seguridad a la gente. Lo público nunca se pone de perfil. Por eso, como también dijo el presidente, es clave, y con esto acabo, que seamos capaces no sólo de superar este trance como por supuesto vamos a hacer sino también de aprender de esta experiencia y apostar por reforzar de cara al futuro unos servicios públicos que son el único escudo social, el único cinturón de seguridad con el que cuentan nuestras sociedades para su bienestar y su seguridad. Muchísimas gracias
