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La Unión Europea (UE) quiere que las plataformas de alquiler de alojamientos turísticos, como Airbnb, creen un registro único de propiedades y propietarios. Esta es una de las principales novedades que incluiría el nuevo reglamento sobre "la recopilación y el intercambio de datos relacionados con los servicios de alquiler de alojamiento a corto plazo" que ha propuesto la Comisión Europea. Además, obligaría a estas empresas a compartir con la administración datos de ocupación para luego reutilizarlos "ayudando a las autoridades públicas a garantizar su desarrollo equilibrado como parte de un turismo sostenible". "Se abordará la forma en la que las plataformas en línea comparten los datos", ha recalcado la Comisión Europea a través de un comunicado.
Este 7 de septiembre, la Comisión Europea ha lanzado una propuesta de reglamento para "mejorar la transparencia sobre la identificación y la actividad de los dueños de alojamientos de corta duración", o sea, de los pisos turísticos. La nueva batería de medidas estaría encaminada a mejorar la "recopilación e intercambio de datos" y "abordar los desafíos y oportunidades relacionados con el sector del alquiler". Se trata del primer paso para una futura legislación comunitaria.
Tal y como regula el artículo 294 del Tratado de Fundación de la UE, un proceso legislativo comunitario comienza con una propuesta de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y Consejo. El Parlamento Europeo, tras un proceso de debate, emitirá su posición ante la propuesta legislativa y pasará al Consejo. Tras considerar la posición del Parlamento Europeo, el Consejo reformulará el texto legislativo según lo adoptado por ese organismo. Este texto transitará nuevamente al Parlamento para someterse a votación. En el caso de que se apruebe, los Estados miembros de la UE tendrán un plazo de dos años para "establecer los mecanismos necesarios" y adoptar esta nueva norma.
El marco propuesto por la Comisión aboga por la creación de un registro único de las propiedades en alquiler de todas las plataformas que será administrado por cada uno de los países miembros. "Se deberá de exigir un conjunto de información similar a los propietarios" para saber quién está detrás de esos pisos, dónde se ubican y cuáles son. Las plataformas de alquiler también tendrían que facilitar el número de registro de estas propiedades en sus páginas web. En caso contrario, "las autoridades públicas [...] podrán solicitar a las plataformas que eliminen a los anfitriones que no cumplan con este requisito".
Compartirían datos de ocupación para utilizarse en estadísticas públicas como Eurostat
Si este nuevo reglamento se acabara aprobando, las plataformas tendrían que compartir de forma mensual y automatizada "con las autoridades públicas" información como el número de noches que se alquilan estos pisos o el número de huéspedes que reciben. "Las autoridades públicas recibirán estos datos a través de puntos nacionales" que serían las encargadas de administrar esta información, algo que, según la Comisión Europea, ayudaría a la "formulación de políticas bien orientadas".
La Comisión Europea también detalla que los datos generados se podrían reutilizar y contribuirían "a las estadísticas de turismo producidas por Eurostat", el Portal Estadístico de la UE. En último lugar, la organización europea explica que los Estados miembros se encargarían de "establecer las sanciones pertinentes ante el incumplimiento de este reglamento" supervisando así su aplicación.
Por su parte, la plataforma de alquiler de alojamiento turístico, Airbnb, ha celebrado este anuncio sobre la "armonización" de estas medidas en la Unión Europea, ya que tenían que hacer frente a "reglamentos fragmentados" en sus Estados miembros. A través de una nota de prensa, Airbnb ha dado "la bienvenida" a esta nueva propuesta. "Airbnb quiere ser parte de la solución a los desafíos que enfrentan a las comunidades", detallan. En diciembre de 2021, la empresa ya propuso una "armonización de normas" a la Unión Europea con medidas como la creación de un registro único, la posibilidad de que las autoridades locales creasen normas "razonables y proporcionadas" y un mayor acceso a sus datos, entre otras.
