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El 31 de mayo Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha, ha anunciado que su Gobierno tiene “la firme determinación de suprimir la obligación de la mascarilla en espacios abiertos, en espacios públicos antes de que se cumpla un año [desde que su uso es obligatorio] en el mes de julio”. Además, ha insistido en que lo querrían hacer “con la coherencia nacional que nos caracteriza, planteándoselo al Gobierno y al resto de las autonomías”.
Esta “coherencia nacional” de la que habla García-Page es obligatoria: ni Castilla-La Mancha ni ninguna otra comunidad autónoma podría permitir a sus ciudadanos que llevaran la boca y la nariz al descubierto si no cambia la legislación a nivel nacional. La ‘Ley 2/21, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19’, vigente a día de hoy, obliga en su artículo 6 a todos los españoles de 6 años o más a llevar la mascarilla “en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público”.
Esta ley se deriva de un decreto-ley, ya derogado al entrar en vigor el nuevo texto, de junio de 2020, que dice que la mascarilla es obligatoria “siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros”.
Como ya te contamos en Maldita.es, aunque el decreto-ley hablara de distancia interpersonal las comunidades y ciudades autónomas, de acuerdo con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, impusieron la mascarilla obligatoria independientemente de que se pudiera estar a más de 1,5 metros de otra persona. Esta obligatoriedad independientemente de la distancia se refleja también en la ley que está ahora en vigor.
Además, el artículo 2.3 de la ley estatal indica que “lo establecido en esta Ley será de aplicación en todo el territorio nacional”. También especifica que las medidas del Título II, en el que está el artículo que hacer referencia al uso de mascarillas, serán aplicables “hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”.
El catedrático en Derecho Constitucional Francisco Javier Díaz Revorio explica a Maldita.es que “normalmente este tipo de decisiones serían propias de las comunidades autónomas, pero al estar vigente la ley que obliga a las mascarillas esto entraría, en este momento, dentro del papel de bases y coordinación que tiene el Gobierno del Estado. Para levantar esta prohibición el Gobierno tendría que o bien declarar que se ha acabado la crisis sanitaria o hacer una nueva ley que flexibilice el uso de las mascarillas”.
Es decir, que mientras el Gobierno no derogue o modifique la Ley 2/2021 las comunidades autónomas no podrán decretar por sí mismas el fin de las mascarillas en espacios abiertos.
