MENÚ
El 30 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una ley por la que es obligatorio llevar mascarilla en cualquier espacio público, sin importar la distancia a la que se encuentren el resto de personas. Sin embargo, según María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno, “se ha producido un cierto decalaje [...] entre esta norma y la realidad” [min. 1:01:27].
Esta norma tiene su origen en el decreto ley de transición hacia la nueva normalidad de junio de 2020, que se encuentra derogado al entrar en vigor la ley, ya que en un primer momento había sido aprobado pero tramitado como proyecto de ley [art. 86 Constitución Española].
Montero defiende que “el Gobierno de España cuando impulsa un decreto ley su intención es que se convalide” por el Congreso de los Diputados y el Senado. [min. 1:00:38], y que en esta ocasión “por la soberanía del Congreso de los Diputados [el decreto] fue tramitado como proyecto de ley y justamente en estos últimos días ha sido definitivamente aprobado y se mandaba el BOE para su publicación” [min. 1:01:15].
La obligación de la mascarilla aunque haya distancia social ha entrado en la ley por una enmienda del PSOE de hace sólo tres semanas
Aunque la portavoz del Gobierno hable de “decalaje” este proyecto de ley fue votado a favor el 18 de marzo por el Congreso de los Diputados con la inclusión de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado propuesta el 3 de marzo para añadir la obligatoriedad de la mascarilla también con distancias superiores a 1,5 metros [pág. 58], sólo tres semanas antes de su publicación en el BOE. Esta enmienda fue aprobada en el Congreso de los Diputados con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya, Más País, Junts per Catalunya, Partido Nancionalista Vasco, EH-Bildu, Partido Regionalista Cántabro, Ciudadanos, Coalición Canaria y Teruel Existe. El Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias votaron en contra.
Montero asegura que el 31 de marzo “en el Consejo Interterritorial la ministra [Carolina Darias] llevará el repaso sobre los preceptos que se promulgan en el día de hoy [30 de marzo] por si alguno fuera objeto de una armonización o de matización por parte de las comunidades autónomas o por parte del propio Gobierno de España” [min. 1:03:14]. Es decir, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud revisará si las medidas en este BOE tienen sentido en la situación sanitaria actual. La ley usa terminología que se ha dejado de utilizar, como “Transición hacia una nueva normalidad” [pág. 8] y sólo se hace mención al estado de alarma del 14 de marzo [pág. 9], no al del 25 de octubre.
Es decir: la norma, según el Gobierno, está adaptada a la situación epidemiológica de junio de 2020, pero se ha aprobado como ley por las Cortes Generales ahora, con enmienda sobre suprimir los 1,5 metros de distancia para llevar mascarilla incluída hace tres semanas. Ahora el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud tiene que decidir si las medidas aprobadas continúan vigentes o si hay que modificarlas para que se adapten a las normativas tanto estatales como autonómicas que se han aprobado desde junio. Pero esto no significa que la ley no esté en vigor: su disposición final octava [pág. 28] establece que está vigente desde el 31 de marzo de 2021, el día siguiente a su publicación en el BOE que fue el día 30.
