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El 19 de enero ha entrado en vigor la nueva ley educativa: la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que sustituye a la anterior Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013.***
La LOMLOE fue aprobada por el Congreso de los Diputados el19 de noviembre, y por el Senado el 23 de diciembre. El Partido Popular anunció que la “desactivará” en las comunidades en las que gobierna.
La nueva ley se aprobó en el Congreso con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País. PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, el PRC y la CUP votaron en contra, y PdeCat, JxCat , Bildu, BNG, Nueva Canarias y Teruel Existe se abstuvieron. El debate no estuvo exento de polémica y finalizó con los diputados de los partidos del Gobierno aplaudiendo la propuesta y varios de la oposición dando golpes y gritando “libertad”.
PP, Vox y Ciudadanos denuncian que la nueva ley discrimina al castellano, mientras que PSOE y Unidas Podemos dicen que su uso está garantizado
En el debate sobre la LOMLOE, los partidos de la oposición PP, Vox y Ciudadanos criticaron esta ley debido a que, tras una enmienda del PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana, se eliminó la mención al castellano como lengua oficial y vehicular de la educación.
María Sandra Moneo, diputada del PP, catalogó la ley como “un proyecto que no reconoce el castellano como lengua oficial del estado y su carácter vehicular del sistema educativo” [min. 1:22:55]. Por su parte Joaquín Robles, de Vox, aseguró que se “obliga a la inmersión lingüística en catalán”.
Por su parte, Marta Martín, diputada de Ciudadanos, defendió que esta ley supone “tachar el español como lengua oficial del Estado y para quitarlo como lengua vehicular de la enseñanza”. [min. 0:35:00].
Anteriormente, el Partido Popular, Vox y también Ciudadanos dijeron que llevarían esta enmienda a los tribunales, ya que consideran que no cumple con el artículo 3 de la Constitución, que dice que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.
Sin embargo, los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, dicen que la enseñanza del castellano está garantizada en esta ley, y que se encuentra dentro de la Constitución Española. Así lo defendió Isabel Celaá, ministra de cultura, el 18 de octubre en el Congreso.
También la ha defendido María Luz Martínez Seijo, diputada del PSOE, en el debate del 19 de noviembre. Calificó este debate como “ficticio” y aseguró que “el castellano está triplemente garantizado” con esta ley.
Por su parte Javier Sánchez, diputado de Unidas Podemos, ha calificado las acusaciones de que esta ley iba a eliminar el castellano de las aulas como “desinformación y bulos”.
Los partidos independentistas catalanes no tienen consenso: ERC votó a favor, pero PdeCAT y JxCAT se abstuvieron
Entre los partidos independentistas catalanes también hubo división de opiniones sobre la ley. Montse Bassa **, de ERC, dijo que “establece que la lengua vehicular se decide según lo dispuesto en los estatutos de autonomía y en la ley” y que el de Cataluña “es muy claro: el catalán es la lengua vehicular en la educación”. Su grupo votó a favor de la LOMLOE.
El diputado Sergi Miquel, del PdeCat, en cambio, afirmó que “si bien es verdad que el texto elimina el concepto lengua vehicular cuando se refiere al castellano, les garantiza que los alumnos tienen derecho a recibir enseñanzas en castellano”, asegurando que esto es “tener al castellano como lengua vehicular”. Finalmente, PdeCat se ha abstenido en la votación.
Lo que dice la ley: no hace mención al castellano como lengua oficial y vehicular de la educación, sino que dice que la educación se hará de acuerdo con la Constitución y que se garantizará el derecho a recibir educación en castellano
La ley anterior, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), especificaba que la lengua oficial de España es el castellano, y también que es “lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado” [disposición adicional trigésima octava]. También indicaba que “las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas”.
En el nuevo texto desaparece la mención a que el castellano es la lengua oficial y vehicular de la educación en todo el Estado. Se dice que se debe garantizar que se reciba la enseñanza en en castellabo “de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable.
El primer borrador de la LOMLOE se puede consultar en la web del Ministerio de Educación, y en él sí que se hacía mención a la oficialidad y vehicularidad del castellano en la educación.
Por lo tanto, esta mención al castellano como lengua oficial y vehicular sí aparecía en el primer borrador de la Ley Celaá, pero desapareció con la enmienda del PSOE, Unidas Podemos y ERC.
Según el Estatuto de Cataluña y la ley de educación catalana el catalán sería la lengua vehicular en ese territorio
La Ley Celaá elimina la expresión “lengua vehicular” de su texto, pero la ley de educación de Cataluña sí que la incluye. No lo hace sobre el castellano, sino que hace referencia a que el catalán “es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo” de esta comunidad autónoma.
La mención al catalán como lengua vehicular también aparece en el ‘Estatut’ de Cataluña.
Las asociaciones y expertos consultados por Maldita.es no se ponen de acuerdo sobre la nueva ley y su constitucionalidad
Òscar Escuder, presidente de la Plataforma per la Llengua, ha explicado a Maldita.es que “aunque no es la ley que nosotros queremos, pensamos que es algo mejor que la anterior. Nosotros queremos que cuando los jóvenes terminen la educación obligatoria hablen, lean y escriban perfectamente en ambas lenguas oficiales.”
Sobre la constitucionalidad de la ley, para Escuder no habría problema: “además, las comunidades autónomas tendrán que ver los déficits que tienen los centros en una u otra lengua para subsanarlos. Si se encuentra alguna escuela en la que con motivos pedagógicos se pueda afirmar que los alumnos no saben suficiente castellano, la ley obliga a tomar medidas”.
Sin embargo, la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña no opina de la misma forma. En declaraciones a Maldita.es han afirmado que “esta ley excluye al español, y aprueba por la lengua de atrás un proyecto como la inmersión lingüística, y es inconstitucional”. Sin embargo, también nos han dicho que “en la práctica no van a cambiar las cosas, ya que ni PP ni PSOE han velado por el derecho de los niños a estudiar en español.”
Maldita.es también ha preguntado sobre la enmienda que deja de llamar lengua vehicular al castellano al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela Carlos Ruiz Miguel. Nos ha dicho que “es clarísimamente inconstitucional, ya que eliminaría de la ley el derecho a recibir clases en castellano y no sólo clases de castellano”.
El catedrático, además, recuerda que la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional dice que "el catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña.”
Por su parte Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, opina que “ni el anterior texto de la ley ni la propuesta de reforma fijan nada que en abstracto sea inconstitucional”, ya que “no hay necesidad constitucional de reconocer el derecho recibir la educación en una lengua elegida por el alumno (o sus padres).”
Este catedrático opina que el problema real es que “la situación actual especialmente fijada por el Tribunal Supremo para Cataluña es que hay que garantizar unos mínimos del castellano como lengua vehicular de la enseñanza” cosa que según Cotino “ni la LOMCE ni la LOMLOE resuelven el problema, pues la clave es que se aseguren unos mínimos para el castellano como lengua vehicular”.
La mayoría de leyes anteriores de educación no mencionaban al castellano como lengua oficial ni vehicular
Aunque la LOMCE (que modificó la LOE en 2013) *** sí incluía la mención del castellano como lengua oficial del estado y vehicular en la educación junto a las cooficiales, lo cierto es que casi ninguna de las anteriores leyes de educación desde 1980 lo hacía. Ni la LOECE de 1980 (que nunca entró en vigor), ni la LODE de 1985, ni la LOGSE de 1990, ni la LOPEG de 1995, ni la LOE de 2006 hacen mención a la lengua oficial del Estado.
Hay otra que sí lo mencionaba: la LOCE, de 2002, que fue aprobada durante el segundo gobierno de Aznar, pero nunca entró en vigor. Incluía un artículo en el que se decía que existiría una institución, la Alta Comisión, que velaría por el derecho “de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado, de acuerdo con las disposiciones aplicables” [art. 104]. Esta ley nunca llegó a aplicarse.
Lo que no aparece en ninguna de esas leyes hasta la LOMCE es la mención de una lengua vehicular. A pesar de ello, habrá que ver qué sucede finalmente. La ley ya ha entrado en vigor****, pero PP, Vox y Ciudadanos han anunciado que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad. De hecho, hay expertos como el catedrático Carlos Ruíz Miguel, que defienden que es inconstitucional debido a que contradice la sentencia 31/2010 del Tribunal, que decía que ambas lenguas, castellano y catalán, debían ser vehiculares.
La ley Celaá y la educación especial: la ley dice que en 10 años los centros de educación ordinaria puedan atender al “alumnado con discapacidad” y que los centros de educación especial les sirvan “de referencia y apoyo”
La nueva ley de educación también introduce cambios en la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales y en los centros de educación especial. El texto aprobado por el Congreso de los Diputados dice que se garantizará que “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios” para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales y que los centros de educación especial “desempeñen la función de centros de referencia y apoyo”, pero no se dice que vayan a cerrar. Organizaciones como ‘Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN’ dicen que “se abre la puerta a que se transfieran alumnos de centros de educación especial a otros ordinarios”. Partidos de la oposición como PP, Vox o Ciudadanos también se han posicionado contra esta medida. El Gobierno, por su parte, asegura que estos centros no se cerrarán, y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) cree que la ley “hace guiños” a una educación más inclusiva, pero que debería ir más allá.
El texto de la LOMLOE, aprobada por el Congreso de los Diputados el 19 de noviembre, dice en su disposición adicional cuarta que el Gobierno debe aprobar un plan para que “en el plazo de diez años” los centros ordinarios “cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.
La LOMLOE también modifica el artículo 74 de la LOE, que hace referencia a la educación especial. En el punto 2 se explica que serán profesionales quienes evalúen y valoren a qué tipo de centro debe ir el alumno, atendiendo al interés del menor y “la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo”.
Además, en el artículo 74.3 ahora se afirma que al finalizar el curso, atendiendo a los resultados del alumno con necesidades especiales, se podrá modificar su régimen de escolarización para incluir a los estudiantes en el modelo “más inclusivo”.
El texto no hace referencia al cierre de estos centros, y dice que se matriculará en ellos a “los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada”. Según los datos del Ministerio de Educación, en el curso 2018-2019 (el último para el que hay datos) había 212.807 alumnos con necesidades educativas especiales. De ellos, el 82,4% asistían a centros de educación ordinarios, y el 17,6% (37.499) a centros de educación especial [pág. 5].
*Esta pieza ha sido corregida para retirar la mención que se hacía a artículos de RTVE y la Agencia EFE diciendo que especificaban que se "suprime el castellano de las aulas" ya que dicha afirmación es falsa y se debe a un error de Maldita.es.
**Esta pieza ha sido corregida ya que en una versión anterior se citaba erróneamente a Dolors Bassa en lugar de a Montse Bassa.
***Esta pieza ha sido corregida para citar que la ley que recoge al castellano como lengua oficial es la LOMCE.
****Esta pieza ha sido actualizada a 23 de diciembre para decir que el Senado votará la ley
*****Esta pieza ha sido actualizada a 19 de enero para explicar que la ley ya ha entrado en vigor
Primera fecha de publicación de este artículo: 23/11/2020
