El origen de la orden de embargo está en Eurus Energy, que ganó una demanda contra España ante un tribunal internacional por los recortes retroactivos que hizo el Gobierno español a los incentivos económicos que ofrecía a los inversores en renovables en el país. El tribunal obligó a España a pagar 106,2 millones de euros más intereses a Eurus Energy. El 19 de marzo de 2026, el Tribunal de Distrito de La Haya autorizó que se pudiera cobrar esa deuda, lo que permitió a un agente judicial holandés aprobar la orden de embargo (medida de ejecución) sobre el edificio de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, por ser una propiedad del Estado español en Países Bajos. Eurus Energy explica a Maldita.es que la empresa no tiene ninguna implicación en las actuaciones relativas al edificio y que la sentencia del caso Eurus Energy contra España “fue asignada” a Blasket Renewable Investments, un fondo de inversión, el mismo que reclamó al Tribunal de Distrito de La Haya cobrar la deuda que tenía España con Eurus Energy. El Ministerio para la Transición Ecológica explica que fondos como Blasket Renewable Investments “han comprado los laudos (sentencias de tribunales arbitrales) contra España y tratan de ejecutarlos”. Hemos preguntado al bufete de abogados que ha representado a Blasket si el fondo ha comprado el laudo del caso de Eurus Energy contra España, pero a 29 de junio de 2026 no hemos recibido respuesta.
La orden del levantamiento del embargo por parte del Gobierno neerlandés se explica por un mecanismo legal que no existe en España, donde solo un juez puede revocar un embargo. En Países Bajos, el agente judicial (o bailiff) es quien ejecuta materialmente los embargos tras la autorización de un tribunal, pero no forma parte del juzgado. La ley que regula su actividad permite al Ministerio de Justicia declarar que una actuación de un agente judicial es contraria a las obligaciones internacionales del Estado (por ejemplo, si afecta a bienes de un Estado extranjero protegidos por la inmunidad soberana, como ocurre con sedes diplomáticas o culturales). Esto impide que la actuación se lleve a cabo o, si esta ya se ha realizado, revocarla [Artículo 3a].
España ha emprendido acciones legales en Países Bajos para impedir que se ejecute la orden, argumentando que pagarla es contrario al derecho de la Unión Europea y que el edificio del Instituto Cervantes en Utrecht, al ser propiedad del Estado, tiene “inmunidad” y no puede ser embargado, según explica el Ministerio de la Presidencia: “Se defiende la inmunidad de ejecución del inmueble, mediante un procedimiento sumario ante el Tribunal de Distrito de Róterdam en el que la Comisión Europea interviene apoyando la posición española”. El Tribunal de Distrito de Róterdam ha explicado a Maldita.es que la vista está fijada para el 30 de junio de 2026 y que la decisión se emitirá en un plazo máximo de dos semanas. El Ministerio de la Presidencia explica que España también estudia recurrir la decisión judicial del Tribunal de Distrito de La Haya, que autorizó cobrar la deuda, por considerarla contraria al derecho europeo.
El Ministerio de la Presidencia explica que la resolución del Gobierno neerlandés que ordenó levantar la orden de embargo y que reconoce la inmunidad del edificio del Instituto Cervantes en Utrecht fue recurrida por el propio agente judicial que la ordenó. Según explica el mismo Ministerio, el asunto sigue pendiente ante el Tribunal de Distrito de los Países Bajos Centrales en Utrecht. El Ministerio señala que ningún tribunal ha dictado ninguna resolución judicial que cambie la titularidad, posesión o uso del edificio, y el Instituto Cervantes afirma que la actividad del centro continúa con “total normalidad”.