A raíz de estos “hallazgos”, USAID OIG ha iniciado procedimientos para impedir que estas personas puedan trabajar en organizaciones de ayuda financiadas con fondos estadounidenses. La investigación sigue abierta y, según USAID OIG, podrían producirse nuevas sanciones administrativas e incluso acciones judiciales.
En agosto de 2024, tras una investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU (OIOS) sobre 19 empleados de la agencia señalados por su presunta implicación en los ataques del 7 de octubre de 2023, el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, informó que nueve de los casos fueron archivados por falta de pruebas, un empleado fue readmitido al no encontrarse evidencias en su contra y despidieron a otros nueve empleados al considerar que las pruebas obtenidas, si se confirmaban y corroboraban, podrían indicar una posible implicación en los ataques. Asimismo, en una aclaración publicada por la UNRWA en 2025 en respuesta a afirmaciones de autoridades israelíes sobre una supuesta infiltración de Hamás, la organización afirmó que sus investigaciones concluyeron que menos del 1% de sus cerca de 30.000 trabajadores vulneraron las normas de neutralidad durante el periodo analizado, principalmente por “publicaciones inadecuadas” en redes sociales.