Estas narrativas no son nuevas: desde Maldita.es hemos desmentido contenidos que las difunden, como el de los incendios supuestamente provocados en Extremadura para instalar plantas fotovoltaicas, la vinculación entre los incendios de 2022 en Lugo, Ourense, Zamora y Zaragoza con proyectos de renovables o una lista que aseguraba que 52 proyectos eólicos en Asturias coincidían con zonas quemadas.
Habitualmente, la construcción de renovables no requiere recalificar el suelo porque ya se permite en suelo rústico
La ley de montes no permite recalificar automáticamente parcelas quemadas, pero en la mayoría de comunidades autónomas no hace falta recalificar el suelo porque los parques eólicos y solares ya pueden instalarse legalmente en suelo rústico con una autorización especial. Así lo refleja un informe de la CNMC de 2022: las instalaciones para generar energía con fuentes renovables “generalmente se implantan en suelo no urbanizable y, al tener carácter industrial, deben someterse a la autorización especial en suelo no urbanizable”. “En la mayoría de las normas urbanísticas autonómicas es suficiente con una calificación excepcional o autorización de uso excepcional en suelo no urbanizable”, explicó la abogada ambiental María Ángeles López Lax a Maldita.es.
En 2025, los incendios forestales quemaron 393.079 hectáreas en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Galicia, Castilla y León y Extremadura concentraron cerca de 313.700 hectáreas quemadas, según el avance estadístico de incendios forestales de 2025 del Ministerio para la Transición Ecológica. Las leyes urbanísticas de estas tres comunidades autónomas permiten instalar energías renovables en suelo rústico:
En Galicia, el "suelo rústico" puede usarse para actividades de "producción y transporte de energía" (artículo 35.m).
En Castilla y León, la producción de energía en suelo rústico está permitida si lo contempla la planificación oficial para ese territorio y, si no, es “autorizable” mediante un permiso especial (artículos 57.c.2º, 58.1.a y 59.a.2). Desde 2022, están excluidas varias zonas protegidas recogidas en este visor, buscando por “zonas de exclusión”.
En Extremadura, su ley urbanística permite “autorizar la producción de energías renovables” en suelo no urbanizable (artículo 67).
Para activar la excepción de la ley de montes, hay que aprobar una ley específica en cada caso
En las comunidades autónomas donde sí es necesario recalificar el terreno para instalar renovables porque, por ejemplo, su legislación no contempla que se instalen en suelo rústico, la ley de montes no permite recalificar suelo quemado hasta 30 años después del incendio. En 2015 se introdujo una excepción que exige justificar "razones imperiosas de interés público de primer orden" mediante una ley estatal o autonómica, “para cada supuesto concreto, no con carácter general”, explica María Ángeles López Lax. Es decir, para aplicar esta excepción hace falta una ley específica para cada proyecto renovable. Coincide el abogado Antonio Benítez Ostos, fundador de Administrativando Abogados: la excepción “requiere una ley singular para cada caso”.
Por otra parte, si bien la ley del sector eléctrico permite declarar los proyectos de renovables de “utilidad pública”, según los expertos consultados, solo “a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento”, no a efectos urbanísticos. Entonces, esta ley no activaría la excepción de la ley de montes. Tampoco lo hace el artículo 16 septies de la Directiva 2018/2001, que establece que los Estados miembros deben considerar las renovables de “interés público superior”, incluso al sopesar “casos individuales”. Pero es a efectos de conservación de especies silvestres, masas de agua y otros supuestos no relacionados con el uso del suelo.
“Con la legislación actual, carece de justificación alguna suponer que quemar un monte facilite la reclasificación del uso forestal de la superficie quemada para permitir en él un uso industrial como es el de la producción de energía”, añade Lax.
El incendio no evita la evaluación de impacto ambiental, pero… ¿la facilita? Los expertos discrepan
Otra narrativa desinformadora sostiene que una zona quemada, al tener menos fauna y flora que proteger, facilita que la Administración apruebe la evaluación de impacto ambiental de los proyectos. Hemos preguntado a expertos en derecho ambiental y tramitación de renovables y las opiniones son variadas:
López Lax opina que el incendio “podría ayudar a la desaparición de flora y fauna protegidas para que cuando se haga el estudio de impacto ambiental no existan valores que impidan su implantación, siempre que no se tratara de algún parque natural o espacio de la Red Natura 2000, que seguirán siendo espacios a proteger, aún más para recuperar sus valores ambientales”.
Enoch Martínez, técnico de evaluación de impacto ambiental en la Junta de Castilla-La Mancha y divulgador, discrepa: “Corrupción al margen, no es tan sencillo librarse de un valor ambiental y seguir adelante con un procedimiento (...) Si esa desaparición de valores naturales se produjera durante la evaluación de impacto ambiental, sería tan sospechosa y llamaría tanto la atención que dudo que nadie se atreviera a firmar”.
Susana Galera, catedrática e investigadora de derecho ambiental en la Universidad Rey Juan Carlos, considera “ingenuo” pensar que las evaluaciones ambientales de impacto ambiental de renovables son tan “minuciosas” cuando “hay muchas muy mal hechas”, por lo que incendiar el monte sería un esfuerzo innecesario.
Además, la ley de montes obliga a las comunidades autónomas a garantizar la restauración de los terrenos forestales incendiados y prohíbe cualquier actividad incompatible con la regeneración vegetal durante el periodo que determine la legislación autonómica. En las guías oficiales para la evaluación ambiental de parques solares y eólicos, la eliminación de árboles o arbustos ya es uno de los factores a valorar por los funcionarios.
La crisis climática agrava los incendios forestales
Con el calentamiento global y unas olas de calor más frecuentes e intensas, la crisis climática aumenta el riesgo de que ocurran incendios forestales y el número de grandes fuegos, aunque los incendios pueden tener causas naturales o humanas e influyen otros factores en su intensidad y número.