Sin Chat Control 1.0, siguen existiendo maneras de detectar y perseguir contenidos de abuso sexual infantil, pero no leyes que respalden que las plataformas entren en nuestros mensajes privados de forma voluntaria, según los tres expertos consultados por Maldita.es. “No es lo mismo detectar material de abuso sexual infantil en internet que escanear mensajes privados”, distingue Abelló, que asegura que “las plataformas pueden seguir actuando frente a contenidos ilícitos por otras vías: notificaciones de los usuarios, contenidos públicos o alojados, mecanismos del Reglamento de Servicios Digital (DSA), órdenes de autoridades, colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad, reporte de sospechas cuando proceda”. Por tanto, “no ha desaparecido toda base legal para que las plataformas detecten, retiren o reporten material de abuso sexual infantil en internet”, aclara.
En esta línea, Daniel Fernández-Viagas, experto en privacidad y ciberseguridad y maldito que también nos ha prestado sus superpoderes, añade: “La Comisión Europea indica que las plataformas pueden adoptar medidas proactivas y que existen mecanismos de retirada, denuncia y cooperación”. En ese sentido, destaca la DSA, que “sirve para gestionar contenidos ilegales en plataformas”, pero “no para convertir a las plataformas en vigilantes generales de toda la mensajería privada”, ya que “no equivale a una habilitación para inspeccionar masivamente chats cifrados o privados”.
Por su parte, Ella Jakubowska, jefa de Política de EDRi (European Digital Rights), afirma a Maldita.es que “ya no hay ninguna ley de la UE que permita, ni siquiera anime, a escanear masivamente mensajes privados”. Y opina que Chat Control 1.0 “no creó ningún fundamento jurídico”: “Sólo proporcionó una apariencia de seguridad jurídica, pero sin ninguna protección jurídica real. Se trata más bien de una señal de que la Comisión y los Estados miembros no emprenderían acciones coercitivas contra las empresas que escanearan voluntariamente los mensajes de sus usuarios”.
En este artículo han colaborado con sus superpoderes los malditos Ernest Abelló, perito judicial en protección de datos, y Daniel Fernández-Viagas, experto en privacidad y ciberseguridad.
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