El acceso a la Tarjeta Sanitaria no está condicionado a la situación administrativa de las personas migrantes que ya residen en España de manera efectiva. Las personas inmigrantes en situación irregular tenían acceso completo a la sanidad pública en España desde 2018, aunque condicionado a los requisitos impuestos por la comunidad autónoma de residencia. El 10 de marzo de 2026 estos se unificaron en todo el país.
Otras ayudas, como las destinadas al alquiler, reguladas por el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, sí pueden obtenerse a partir de la regularización, pues exigen residencia legal en España. Algo similar ocurre con las ayudas estatales para el transporte, como el abono único para viajes en tren y autobús, que exige tener NIE, un documento que solo se concede a extranjeros regularizados.
La acreditación de vulnerabilidad es otro de los factores que permite a las personas, tanto españolas como extranjeras, acceder a determinadas prestaciones en igualdad de condiciones, sin preferencia por nacionalidad. Sin embargo, aunque las personas que soliciten la regularización pueden aportar, previamente, un certificado de vulnerabilidad, este no servirá para solicitar prestaciones sociales, puesto que el documento es válido únicamente para este trámite. Deberán solicitar otro distinto tras regularizarse para optar a ayudas como el bono social eléctrico o acceso a vivienda social que, según la Ley por el Derecho de la Vivienda, prioriza a “unidades de convivencia con menores a cargo en situación de pobreza, exclusión social u otras formas de vulnerabilidad”, aunque los requisitos específicos dependen de las comunidades autónomas.