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La destrucción de “infraestructuras hídricas” que “el Gobierno de Sánchez reconoce a Vox”: son barreras fluviales, no presas ni embalses

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Claves
  • Contenidos dicen que el Gobierno central ha reconocido a Vox que se han derribado infraestructuras hídricas por el cambio climático
  • No son presas o embalses, sino barreras fluviales obsoletas sin uso o sin concesión, y hay motivos ecológicos y obligación legal de eliminarlas
  • La decisión de eliminarlas no es del Gobierno central, sino de los organismos de cuenca
  • La información proviene de la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria de Vox
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“El Gobierno de Sánchez reconoce a Vox que destruyó 328 infraestructuras hídricas hasta el año 2022 por el cambio climático”. Con este mensaje se comparten contenidos en webs y redes sociales.

Ante estos mensajes hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, las infraestructuras hídricas a las que hacen referencia son barreras obsoletas que cortan el flujo de los ríos, como azudes, y no embalses o presas. Segundo, quien decide eliminar esas barreras no es el Gobierno de Sánchez (o el de cualquier otro partido), sino los organismos de cuenca, que pueden ser las confederaciones hidrográficas o los Gobierno autonómicos. Tercero, la información proviene de la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria de diputados de Vox. Por último, además de adaptarse al cambio climático, hay más motivos (ecológicos y legales) para eliminar estas barreras.

Las “infraestructuras hídricas” derribadas: barreras obsoletas en ríos, no embalses ni presas

Los mensajes dicen que el Gobierno “destruyó 328 infraestructuras hídricas hasta el año 2022”. En una respuesta parlamentaria a diputados de Vox, el Gobierno indica que se han catalogado más de 19.000 barreras de este tipo, “la mayoría son pequeñas obras de altura media inferior a dos metros”. Un “porcentaje elevado” de estas no tiene uso conocido y en el pasado han podido servir para regadío o desviaciones de agua. “En general, se encuentran en mal estado de conservación”, indica el Ejecutivo.

Como hemos explicado en Maldita.es al explicar la narrativa desinformadora del derribo de presas y embalses, desde al menos el año 2000 se han derribado en España cientos de barreras fluviales, estructuras que interrumpen el flujo natural de los ríos. Son, sobre todo, estructuras pequeñas como azudes, que no retienen el agua. 

En paralelo, la capacidad para almacenar agua, en la España peninsular ha aumentado en la última década. Desde 2010 hay al menos 20 embalses nuevos o ampliados desde 2010, según datos facilitados a Maldita.es por el ingeniero de caminos Fernando Abadía y el Inventario de Presas y Embalses del MITECO. A su vez, el Gobierno incide en la respuesta parlamentaria que “nunca se ha demolido en España ninguna gran presa que tenga un uso del agua asociado y que se encuentre en adecuado estado de conservación”.

¿Cuántas barreras fluviales se han derribado? El conteo varía según la fuente. Por ejemplo, el MITECO recoge que se han derribado 559 azudes hasta 2021. En la respuesta parlamentaria, que solo se piden los datos de 2019 a 2022, 312. Según los informes Dam Removal Progress, en 2022 se eliminaron 133 barreras y en 2021, 106, basándose en cifras de organismos oficiales e información aportada por usuarios.

“El Gobierno de Sánchez destruyó”: quién y cómo se decide eliminar una barrera fluvial

El mensaje que se comparte dice que “el Gobierno de Sánchez reconoce que destruyó” barreras fluviales. Los diputados de Vox también preguntan por “cuántas infraestructuras tiene previsto demoler el Gobierno”.

Como hemos explicado en Maldita.es, quien decide demoler estas infraestructuras hídricas no es el Gobierno, sino los organismos de cuenca. Estas instituciones controlan el uso del agua en las cuencas hidrográficas (terreno por el que discurre un río y sus afluentes) y son ellas quienes deben garantizar la continuidad fluvial.

Si una cuenca hidrográfica atraviesa más de una comunidad autónoma, los organismos de cuenca son las confederaciones hidrográficas. Estos organismos son autónomos, ya que no dependen del MITECO como tal sino que están “adscritos a él a efectos administrativos”, según explica el propio Ministerio. Si está ubicada la cuenca hidrográfica dentro de una comunidad autónoma, el organismo de cuenca es del Gobierno autonómico.

Los proyectos de restauración fluvial, donde se planifica la demolición de estos obstáculos en los ríos, se definen en los planes hidrológicos de cada cuenca. Estos planes se elaboran por los organismos de cuenca en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos implicados.

“El Gobierno de Sánchez reconoce a Vox”: el Gobierno ha respondido a una pregunta parlamentaria de diputados de Vox

Los contenidos indican que “el Gobierno de Sánchez reconoce a Vox” esta eliminación de infraestructuras hídricas. Este reconocimiento se debe a que varios diputados de Vox han hecho una pregunta parlamentaria por escrito y el Gobierno ha respondido

Una pregunta parlamentaria escrita es una herramienta de control mediante la cual un diputado o senador puede formular una pregunta al Gobierno con el objetivo de fiscalizar sus acciones. El Gobierno debe responder también por escrito.

Los diputados enviaron el 31 de enero de 2024 una serie de preguntas, una de ellas era “¿cuántas infraestructuras hídricas se han demolido en España en los últimos cuatro años? Asimismo, ¿cuántas infraestructuras tiene previsto demoler el Gobierno?”. El Gobierno respondió por escrito a estas cuestiones el 5 de marzo de 2024.

Preguntas parlamentarias enviadas por diputados de Vox. La número 2, sobre las infraestructuras hídricas demolidas en España. Fuente: Congreso.

Por otro lado, otros diputados de Vox han solicitado un informe a la Administración del Estado sobre “las infraestructuras hídricas demolidas por orden del Gobierno de España”. En la web del Congreso, esta solicitud aparece como concluida, pero no aparece el informe en el registro de la iniciativa. La Dirección de Comunicación del Congreso explica a Maldita.es que esos informes solicitados no son públicos —al contrario que las respuestas parlamentarias— y que solo se pueden acceder pidiéndolo a los diputados proponentes. Hemos pedido al grupo parlamentario Vox que envíen el contenido del informe a Maldita.es, sin que haya respuesta aún.

“Destruyó infraestructuras hídricas por el cambio climático”: los motivos por los que se derriban barreras fluviales

Los contenidos dicen que estas barreras fluviales se han eliminado “por el cambio climático”. Y es cierto, pero hay más motivos que justifican este derribo de estructuras.

Eliminar estos obstáculos favorece la continuidad de los ríos y permite que el agua, los sedimentos, los peces y otras especies puedan circular por las cuencas, explica la Agencia Europea de Medioambiente. Esto tiene un impacto positivo en la calidad del agua.

Estas medidas también hacen que los ecosistemas fluviales se mantengan en buen estado y protege la biodiversidad, explica el MITECO. Esto favorece, por ejemplo, a las poblaciones de peces, con su consiguiente beneficio ecológico y económico (pesca).

Mantener pequeñas estructuras en desuso o mal estado de conservación pueden aumentar el riesgo de inundaciones porque elevan el nivel del agua en lugares no controlados y puede provocar que un río se desborde, explicaba Arturo Elósegi, profesor de Ecología Fluvial en El Confidencial. También retienen sedimentos y lodos que generan emisiones de efecto invernadero, por lo que eliminarlos es una estrategia frente al cambio climático y sus fenómenos extremos (como sequías e inundaciones).

Por último, es una obligación legal eliminar las construcciones sobre bienes de dominio que no tienen concesión (permiso), como indica la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. En el caso de estas barreras fluviales, estaban en desuso y no tenían concesión.

Pao Fernández, directora de proyectos de Dam Removal Europe, explicaba a Maldita.es que en España “nunca se ha demolido ningún obstáculo en uso o con concesión en regla”.

Este artículo ha sido actualizado el 8 de abril de 2024 para agregar la respuesta de la Dirección de Comunicación del Congreso, que confirma que los informes solicitados por los diputados a la Administración del Estado no son públicos.

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