¿Qué es un microcrédito electoral?
“Es un préstamo de una pequeña cantidad de dinero que una persona hace a un partido político para sufragar gastos de la campaña electoral”, explica a Maldita.es Óscar Sánchez, catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de Valladolid. A pesar de que en la normativa sobre financiación de partidos políticos o la ley electoral general no existe una definición específica con el término “microcrédito”, es un tipo de financiación que permite la ley de financiación de partidos políticos [artículo 2], según indica José Luis Mateos Crespo, profesor de Derecho constitucional en la Universidad de Salamanca.
Las formaciones políticas optan por este método porque, aunque el Estado subvenciona los gastos de campaña electoral, solo lo hace después de la celebración de elecciones. Así, queda un hueco de meses entre el gasto de la campaña y el cobro. El Tribunal de Cuentas calculó que la subvención se percibe de media un año después de la celebración de elecciones. “La idea de los microcréditos es que los partidos puedan recibir el dinero que necesitan antes de la campaña y lo devuelvan después de haber recibido las subvenciones electorales que les correspondan; de esta forma dependen menos de los préstamos bancarios”, apunta Sánchez.
¿Es lo mismo que una donación?
No. Los microcréditos son préstamos, por lo que tienen que ser devueltos, a diferencia de las donaciones. Mateos Crespo señala que en el microcrédito hay obligación de devolver el dinero, se genera una deuda para el partido y el prestamista tiene un derecho de cobro. En la donación, en cambio, la persona no tiene derecho a recuperar el dinero.
Según Óscar Sánchez, puede ser que un microcrédito acabe transformándose en una donación “si la persona que presta el dinero así lo decide voluntariamente”. “En ese caso, estaría sometida a las reglas sobre las donaciones electorales”, añade: solo lo podrían hacer personas físicas y habría un límite de 50.000 euros, según la ley de financiación de partidos políticos.
¿Cómo y cuándo se devuelve un microcrédito?
Aunque el Tribunal de Cuentas instó al Gobierno a valorar que el plazo para que el partido devuelva el microcrédito no fuera superior a un año natural a partir de la celebración de las elecciones, no existe un plazo legal, sino que depende de las condiciones que se pacten entre las partes, señala Óscar Sánchez. Mateos Crespo añade que lo habitual es que los partidos vinculen la devolución al cobro de las subvenciones electorales, que dependen de los resultados. Aun así, subraya que es el contrato entre particular y partido el que debe fijar el plazo de vencimiento y, en su caso, los intereses.
Para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, el PSOE señala que los préstamos serán devueltos en el “plazo de 12 meses a contar desde la fecha de la celebración de las elecciones”. Además, para estos comicios el interés anual es del 3,75%. Mateos Crespo señala que este interés es “más atractivo que el de un depósito bancario” en las condiciones actuales, pero que, si la devolución se produce a los pocos meses, el interés generado no es elevado. En convocatorias electorales anteriores, el PSOE había ofrecido intereses anuales inferiores: del 2,5% (2019) y del 3% (2023).
VOX también ha iniciado una campaña de microcréditos para el 29-N. Estos tendrán un interés fijo anual de 4,25%, que se abonará “una vez recibida de forma efectiva” la cantidad de la subvención electoral.
En el caso de Podemos e Izquierda Unida, que también han pedido microcréditos para esta campaña, no devolverán intereses de los préstamos. En cuanto a plazos, ambos aseguran que devolverán los préstamos cuando el partido cobre la subvención electoral, que, según indica Izquierda Unida, “suelen pagarse entre 6 y 12 meses después de la jornada electoral”. Podemos también señala que, en caso de que la subvención sea inferior al total del importe suscrito, dispondrá de un plazo de 12 meses, a contar desde la celebración de las elecciones, para reintegrar la parte no cubierta por dicha subvención.
Óscar Sánchez aclara que, “aunque el partido espere a cobrar las subvenciones para devolver los microcréditos, la obligación de devolución la asume el partido, no el Estado. Por tanto, si el resultado del partido es malo y las subvenciones no le llegan, el partido estará obligado a devolver los microcréditos igualmente”.
¿Qué riesgos corre quien presta?
Óscar Sánchez advierte de que “puede existir el riesgo de no devolución”. Al prestar ese dinero, la persona “no está adquiriendo un título de deuda pública ni realizando un depósito bancario”, sino que “está concediendo un préstamo a una organización privada”, explica. Mateos Crespo apunta que, al ser un crédito privado, “no está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos”. “Si el partido carece de liquidez o resulta insolvente, puede producirse un impago”, añade. Detalla que “eso es improbable cuando se trata de grandes partidos que previsiblemente van a obtener subvenciones suficientes para cubrir estos préstamos”, pero que el riesgo de insolvencia es “muy superior” en el caso de partidos pequeños que “corren el riesgo de desaparecer si los resultados son catastróficos”.
¿Cómo lo controla el Tribunal de Cuentas?
El Tribunal de Cuentas es el organismo encargado de fiscalizar tanto la contabilidad ordinaria de los partidos políticos como sus cuentas electorales. Su función es comprobar que los ingresos y gastos se ajustan a la normativa y que la contabilidad presentada refleja adecuadamente su actividad económica. Este control se desarrolla en dos ámbitos:
El Tribunal fiscaliza las cuentas anuales de los partidos que reciben subvenciones para gastos de funcionamiento y verifica sus recursos públicos y privados.
Comprueba que las formaciones políticas cumplen las normas sobre ingresos y gastos durante los procesos electorales.
Los resultados se recogen en informes. Si detecta posibles infracciones de la normativa, el mismo tribunal puede iniciar un procedimiento sancionador e imponer las sanciones que correspondan.
Ahora bien, “los microcréditos no cuentan con una regulación legal específica tan desarrollada como la de los préstamos bancarios”, señala Óscar Sánchez. De hecho, el mismo Tribunal de Cuentas ha advertido sobre la necesidad de regularlos para que no superen la cuantía máxima permitida de aportaciones privadas (10.000 euros), se ingresen en las cuentas bancarias electorales y para que se devuelvan en un plazo que no pase del año desde la celebración de elecciones.
Óscar Sánchez señala que el Tribunal ha tratado de cubrir esa “insuficiencia” a través de sus instrucciones de fiscalización electoral. En las últimas elecciones generales, celebradas en julio de 2023, el tribunal exigió presentar los contratos de préstamo o documentos acreditativos de las operaciones de microcrédito, un listado con la identificación completa de los prestamistas e información sobre las condiciones esenciales de cada operación, especialmente el tipo de interés y el plazo de vencimiento.