“ÚLTIMA HORA: Las primeras personas que iban a ser expulsadas a Ruanda han sido detenidas”. Con este mensaje, el Ministerio del Interior de Reino Unido anunciaba el 1 de mayo en su cuenta de Twitter (ahora X) que habían comenzado las detenciones de personas migrantes en situación irregular para deportarlas a Ruanda. Esta medida formaba parte de un acuerdo con Ruanda para enviar a personas migrantes y solicitantes de asilo a este país, considerándolo como un “país seguro”, que fue aprobado el 22 de abril por el Parlamento británico y que recibió el visto bueno por parte del rey Carlos III tres días después. Con esto culminaban dos años de negociaciones en Reino Unido y se preveía que el acuerdo estuviese vigente hasta el 13 de abril de 2027, con posibilidad de ser prorrogado. Sin embargo, tras las elecciones del 4 de julio, el nuevo Primer Ministro, Keir Starmer, anunció la cancelación del plan y la apuesta por una política migratoria “diferente”. *
Las personas enviadas a Ruanda iban a serlos solicitantes de asilo y aquellas personas que hubiesen entrado de forma irregular en Reino Unido desde cualquier origen y que cumpliesen con los requisitos de haber viajado después del 1 de enero de 2022, haber realizado un viaje peligroso hasta llegar a territorio inglés y haber pisado otro país en el que haber podido pedir asilo. La excepción a este plan de reubicación en Ruanda eran los ciudadanos ruandeses y los menores no acompañados.
Los solicitantes de asilo debían cumplir con tres requisitos para poder ser enviados a Ruanda y que este país evaluase su caso
El objetivo de este nuevo acuerdo era “disuadir a las personas de realizar viajes peligrosos a Reino Unido para solicitar asilo”, según explicaba el anterior Gobierno británico. También añadían que “en particular, pero no exclusivamente, se pretende disuadir las llegadas en pateras”. De este modo, además de las personas que entrasen de manera irregular en el territorio, los solicitantes de asilo que reuniese tres requisitos también serían enviados a Ruanda:
Haber estado previamente en otro país en el que hubieran podido solicitar asilo o tener conexión con algún país cruzado previamente.
Que su viaje hasta Reino Unido se considerase peligroso, como los viajes en patera o la entrada clandestina en camiones.
Haber viajado a Reino Unido después del 1 de enero de 2022.
Una vez trasladados a Ruanda, lo que estaba acordado era que este país analizara cada situación y decidiera si aceptaba la solicitud de asilo o no. En caso de aprobarse y ser reconocidas como refugiadas, estas personas no podrían regresar a Reino Unido. En caso contrario, Ruanda debía concederles igualmente la residencia permanente y en ningún caso podía enviarlas a otro país, salvo que las personas reubicadas así lo deseasen. También existía la posibilidad de que Reino Unido solicitase el regreso de una persona reubicada en Ruanda, en cuyo caso y siempre con el consentimiento de esta persona, se le asistiría en el proceso.
Ruanda debía cumplir con una serie de obligaciones para que Reino Unido lo considerase como un “país seguro” y se mantuviese el acuerdo
Para que este acuerdo puediera mantenerse, Ruanda debía ser considerado “país seguro” a ojos de Reino Unido y del derecho internacional. Así, las personas enviadas a este país africano no podíanser reubicadas en otro país y todas las peticiones de asilo debían ser examinadas de acuerdo al derecho internacional.
Por su parte, el Gobierno ruandés se había comprometido con una serie de obligaciones al firmar este tratado. Entre estas destacan:
Ninguna persona que fuese trasladada a Ruanda bajo este tratado podían ser reubicada en otro país, excepto en Reino Unido.
Si el Gobierno inglés lo requería, cualquier persona reubicada en Ruanda estaría disponible para regresar a Reino Unido.
El Gobierno ruandés debía mejorar su sistema de asilo para responder adecuadamente a las peticiones de las personas reubicadas.
Las personas reubicadas, independientemente del estatus que les concediese Ruanda, debían ser tratadas en igualdad de condiciones.
Estas obligaciones y el compromiso de Ruanda a cumplir con ellas se incluyeron en 2023, después de que el Tribunal Supremo de Reino Unido decretase que este acuerdo era ilegal al considerar que Ruanda no era un país seguro al que deportar a personas solicitantes de asilo debido a las deficiencias de su sistema de asilo, el riesgo de expulsión de las personas reubicadas a su país de origen y la situación de los derechos humanos.
Con estos cambios, Ruanda ya no podía ser catalogada como país “no seguro” en términos generales, sino que cualquier persona que quisiera impugnar su traslado a territorio ruandés debía argumentar por qué este país suponía un riesgo para ella en particular, como, por ejemplo, ser un conocido crítico del Gobierno ruandés. En última instancia, los demandantes podían acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por otro lado, al hacerse efectiva la reubicación desde Reino Unido, el Gobierno británico debía proporcionar a Ruanda información sobre las personas trasladadas, como sus datos biométricos, problemas de salud o necesidades especiales que deban ser atendidas.
Organismos internacionales como ACNURexpresaron su preocupación ante la aprobación de este acuerdo. Instaban al Gobierno británico a reconsiderarlo y a optar por medidas más prácticas que garanticen la adecuada gestión de los flujos migratorios en el país, basándose en la cooperación internacional y el respeto por los derechos humanos.
Reino Unido detuvo a personas migrantes en mayo, pero tras las elecciones, el plan ha sido cancelado
El 1 de mayo, el Ministerio del Interior de Reino Unido anunciaba el comienzo de las primeras detenciones de “inmigrantes ilegales” para comenzar con el plan de deportación a Ruanda sin precisar ninguna cifra. En un vídeo que publicó esta institución en redes sociales, se muestra a la policía entrando en casas en las que residen personas migrantes en situación irregular para detenerlas.
Sin embargo, el 22 de mayo, el Primer Ministro británico, Rishi Sunak, anunció la convocatoria de elecciones para el 4 de julio y comunicó que no habría vuelos de deportación a Ruanda hasta después de los comicios.
El Ministerio del Interior, por su parte, ya había afirmado que, en un plazo de entre nueve y once semanas, comenzarían los vuelos a Ruanda. Además, el ministro del Interior, James Cleverly, decía estar trabajando a buen ritmo “para detener rápidamente a aquellos que no tienen derecho a estar aquí para que podamos hacer despegar los vuelos”.
Desde este Ministerio, también se reveló que ya están habilitados más de 2.200 espacios de detención para estas personas a la espera de ser deportadas, se ha capacitado a 200 nuevos trabajadores sociales para procesar rápidamente las solicitudes, ya se han reservado vuelos comerciales y se ha puesto en espera un aeropuerto.
El 6 de julio, dos días después de las elecciones generales en Reino Unido, el nuevo Primer Ministro, Keir Starmer, anunció en rueda de prensa que el acuerdo con Ruanda estaba “muerto y enterrado” y que preveía adoptar una política migratoria “diferente” durante su mandato.
* El 23 de mayo de 2024, añadimos las declaraciones del entonces Primer Ministro británico, Rishi Sunak, sobre paralizar las deportaciones hasta después de las elecciones del 4 de julio
* El 9 de diciembre de 2024, se ha modificado este artículo para indicar el cambio tras las elecciones del 4 de julio
Primera fecha de publicación de este artículo: 06/05/2024
