Ni diputados, ni ministros, ni vicepresidentes tienen derecho a sueldo vitalicio, solo los expresidentes del Gobierno y de Cataluña y País Vasco
Los exministros y exvicepresidentes no tienen derecho a un sueldo vitalicio. Cuando dejan el cargo, pueden obtener una paga mensual durante el mismo tiempo que hayan estado en el cargo, con un máximo de dos años. Es una indemnización del 80% del total del salario que percibiera en el cargo, según la Ley 74/1980 (art. 10.5). Puedes consultar las indemnizaciones percibidas por los diferentes ministros en este enlace.
Los diputados y senadores podrán disponer de dos tipos de indemnizaciones al dejar el cargo para cubrir "la carencia de cobertura por desempleo de quien desempeña el mandato parlamentario", según especifica el Reglamento de pensiones parlamentarias. Además, los que ocupen el cargo durante más de dos años tienen derecho a una indemnización equivalente a una mensualidad por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales y hasta un límite de 24 mensualidades. No se trata de una prestación vitalicia.
Las pensiones parlamentarias fueron suspendidas en 2011. Hasta entonces, los exparlamentarios que hubieran cumplido 55 años o los cumpliesen en el año en que se disuelva la Cámara o de su cese y careciesen "de una actividad profesional o laboral permanente por cuenta propia o ajena" tenían un complemento adicional. Los diputados en esta situación tenían derecho a que se le mantuviera dado de alta en la Seguridad Social hasta que hubiera cotizado suficiente para cobrar la jubilación. Este complemento se suprimió en la modificación del Reglamento de pensiones parlamentarias del 19 de julio de 2011, pero sin efecto retroactivo, por lo que quienes ya las cobraran en ese momento (119 diputados) han podido seguir haciéndolo.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explica a Maldita.es que “la Seguridad Social no abona ‘pagas vitalicias’ por el hecho de ser político”. El Ministerio afirma que quienes “ejercen cargos públicos cotizan al sistema como cualquier trabajador” y solo accederán a una pensión “si cumplen con los requisitos generales de cotización y edad establecidos por la normativa de la Seguridad Social, igual que el resto de los ciudadanos”.
Los expresidentes del Gobierno sí que tienen derecho a percibir una paga vitalicia. En 1983, Felipe González creó el Estatuto de los expresidentes con el que asignaba a quien hubiera ejercido como presidente "unas prerrogativas y unos medios de asistencia" por ese puesto. También incluyó una dotación para "gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles". González reformó el Estatuto en 1992 para que esa dotación fuera vitalicia con un importe fijado a través de los Presupuestos Generales del Estado. Según los PGE de 2023 (prorrogados hasta 2026), cada uno de los expresidentes españoles vivos, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, recibe una asignación anual de unos 75.000 euros. También perciben una pensión los expresidentes de algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, en Cataluña, tanto los expresidentes de la Generalitat, como los del Parlamento, tienen derecho a percibir una pensión vitalicia. En el País Vasco, también pueden percibir este sueldo los que fueran lehendakaris.
¿Qué sabemos del estado de la ‘hucha de las pensiones’?
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explican a Maldita.es que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada ‘hucha de las pensiones’, “no está en peligro de desaparecer” y que “cerró el año 2025 con más de 14.000 millones de euros, el nivel más alto desde 2017”. Según afirman, esto se debe a “las aportaciones periódicas que recibe” entre las que destaca las del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una “cotización adicional que financia directamente el Fondo como parte de las reformas de pensiones recientes”. Tal y como te contamos en Maldita.es, el MEI entró en vigor el 1 de enero de 2023 en España y afecta tanto a los trabajadores por cuenta ajena, a los que se les aplica el descuento en cada salario, como a los autónomos, a los que se les incrementa el tipo de cotización en sus cuotas mensuales.
En marzo de 2025, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), constató que el gasto en pensiones “cumple la regla de gasto establecida por el Gobierno”, pero alertó de que “la sostenibilidad del sistema no ha mejorado” y estimó “un crecimiento del gasto en pensiones de 3,4 puntos de PIB hasta 2050”. Según el Banco de España, la deuda de las Administraciones Públicas en España se situó en noviembre de 2025 en 1.698 miles de millones de euros, lo que supone un aumento de la deuda de la Seguridad Social de 10.001 millones de euros con respecto a 2024 y el 101,5% del PIB, una reducción de 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior.
