“No decretó el Estado de Alarma pese al elevado número de muertos”: Sí, el Gobierno lo descartó y no se pidió desde la Generalitat
El estado de alarma es una medida excepcional prevista en el artículo 116 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 4/1981, que sólo puede aprobar el Gobierno de España mediante decreto en Consejo de Ministros, por iniciativa propia o a petición del presidente de una Comunidad Autónoma. Durante la DANA de Valencia, el Gobierno no decretó el estado de alarma y la Generalitat Valenciana tampoco lo solicitó al Ejecutivo central. El Presidente del Gobierno descartó el 2 de noviembre de 2024 declarar el estado de alarma o subir la situación operativa a nivel 3: “No se trata ahora de que la Administración General del Estado reemplace la administración autonómica. No, ahora hay que apoyar la administración autonómica con recursos y apoyo técnico".
“Tardó 4 días en enviar el Ejército a Valencia”: os contamos cómo fue la movilización de tropas por la DANA
Sobre la presencia del Ejército en la zona afectada, el día 1 de noviembre (es decir, tres días después del día que empezó la DANA) se publicó la llegada de 500 militares que se sumaron a los 1.200 efectivos de la UME que ya trabajaban allí. Margarita Robles reconoció el 1 de noviembre que había frustración del Ejército desde el principio” por no poder intervenir y dijo que se incorporarían a “todos los militares” que fueran “necesarios para ayudar a los damnificados por la DANA”. En total, según el Ministerio de Defensa, se movilizaron 30.000 efectivos de los Ejércitos, la Armada y la Guardia Real, coordinados por la Unidad Militar de Emergencias.
Según lo que explicó Margarita Robles en el Senado, lo primero que se activó el día de la DANA es el batallón Tercero de la UME (que tiene la base en Bétera, Valencia), que llegó por la tarde [min. 13:15]. Y se fueron incorporando otras unidades de la UME durante la madrugada que quedaron operativas a las 9:11 de la mañana del 30 de octubre [min. 17:15]. Según Robles, los “Ejércitos se incorporan el día 31 y para el domingo 3 de noviembre, es decir, el quinto día, ya hay, siempre según Robles, presencia de “efectivos de las FFAA en todos los municipios del área de emergencia”, concretamente militares del Ejército de Tierra y del Aire y del Espacio [min.21:07].
El Gobierno publicó el día de la DANA que el comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA puso “a su disposición todos los efectivos que sean necesarios de la UME, Policía Nacional, Protección Civil y Guardia Civil”, el día de la catástrofe. El expresidente valenciano Carlos Mazón hizo varios comunicados vía Twitter donde explicó la ayuda que fue pidiendo al Gobierno central el 31 de octubre.
Pedro Sánchez anunció que ese 2 de noviembre –dos días después de la riada– llegarían a la provincia de Valencia 4.000 efectivos adicionales de las unidades militares, que se sumarían a los 2.500 que ya trabajaban sobre el terreno. Anunció también que se desplegarían 5.000 policías nacionales y guardias civiles adicionales. 10.000 efectivos en total de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La UME pertenece al Ejército, ya que es una unidad militar permanente organizada dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas y, según dijo su general jefe, Javier Marcos, en una rueda de prensa en Moncloa, se activó el mismo día 29 de octubre sobre las cuatro de la tarde, antes de que se diera la orden de manera oficial [min. 10:30]. Se retiró, a solicitud de la Generalitat, el 27 de marzo de 2025, casi cinco meses después de la DANA.
“Rechazó la ayuda extranjera de bomberos y militares”: El ministro del Interior francés afirmó que ofreció ayuda a España y que Marlaska la rechazó
En Maldita.es ya contamos que el 31 de octubre el ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, afirmó ante los medios de comunicación de Francia que había ofrecido “250 bomberos” al Gobierno español para ayudar y que Marlaska lo había rechazado. Según sus palabras, el socialista le dijo que estaba “muy agradecido” pero por el momento no hacía falta: “Estamos en una primera fase en la que aún nos estamos organizando, tenemos nuestros propios medios y hemos movilizado al Ejército español también”. Según publicó El Mundo, desde el Ministerio del Interior afirmaron que “el ministro no acepta o deniega ayudas” sino que “es la dirección de la emergencia, que en nivel 2 corresponde a la Generalitat”. Y añade que “el Gobierno traslada los ofrecimientos al Gobierno valenciano y es él quien determina y solicita las colaboraciones de otros países”.
La tarde del viernes 1 de noviembre un equipo de bomberos del Grupo de Socorro de Catástrofes de Francia (GSCF) llegó a Alfafar (Valencia). “Aunque las autoridades no solicitaron refuerzos internacionales, se optó por enviar una plantilla reducida así como material de socorro”, explicó el GSCF en una nota de prensa publicada el sábado 2 de noviembre. El 8 de noviembre, España pidió ayuda a la Unión Europea a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea para vaciar el lodo de garajes y alcantarillados y recuperar depuradoras.
“Recibió decenas de alertas y no avisó”: qué sabemos a 7 de noviembre sobre los avisos y alertas y qué se está investigando judicialmente
Una alerta del Sistema Europeo de Alerta de Inundaciones (EFAS) llegó a diversas administraciones el lunes 28 de octubre a las 7:23 de la mañana, según El País. El correo advertía de que las lluvias previstas en la provincia de Valencia tenían el potencial de desbordar ríos clave, como el Turia, el Magro o la rambla del Poyo, en menos de 48 horas. La predicción, basada en un modelo estadístico, señalaba la posibilidad de un suceso anómalo: una probabilidad del 17% de una riada. El aviso del EFAS, según el sistema, no implica acciones inmediatas ni la obligación de alertar a la población, sino que proporciona datos básicos de predicción.
El mensaje fue remitido a organismos clave como la Confederación Hidrográfica del Júcar, los Ministerios de Transición Ecológica y del Interior, la UME, y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Este correo no era el primero; era la cuarta notificación en tres días referente a la zona de las cuencas del Júcar y del Turia. EFAS enviaría otra alerta horas más tarde. En la semana previa, se enviaron correos similares a los gestores de las cuencas del Segura, del Guadalquivir y del Guadiana.
En el caso de referirnos a los avisos hidrológicos de las Confederaciones Hidrográficas, a los meteorológicos de la AEMET, de emergencias de la Generalitat, de Protección Civil o a los mensajes de alerta móvil por el sistema ES-Alert, hemos publicado contexto y hemos reconstruido cronológicamente cómo se enviaron.
En concreto, sobre los avisos móviles (a 6 de noviembre de 2025 se está investigando judicialmente qué ocurrió exactamente) el protocolo dice que mientras la alerta se mantenga en el nivel 2, la responsabilidad de la gestión de una emergencia depende de la comunidad autónoma y es esta quien solicita al Centro Nacional de Emergencias (dependiente del Gobierno central) que los emita. Es decir, la orden de emitir o no una alerta en la noche del martes 29 de octubre por las consecuencias de la DANA dependía de la Generalitat Valenciana. Por otra parte, no se tiene información sobre si el presidente del Gobierno recibió información sobre la DANA antes que Mazón.
“No aplicó la Ley de Seguridad Nacional que le obligaba a socorrer a los afectados”: Sí, la ley de Seguridad Nacional no se aplicó en ningún momento
La Ley de Seguridad Nacional de 2015 no se activó durante la DANA. Tampoco se hizo en los días siguientes. Esta ley, revisada el pasado 2021 tras la pandemia del COVID-19, permite coordinar medios civiles y militares sólo si se declara una “situación de interés para la seguridad nacional”, algo que ningún Gobierno ha hecho nunca.
En el capítulo tres de esta ley, se hace referencia a las emergencias que surgen por cuestiones climáticas. “La seguridad de las personas y los bienes se ve afectada por distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana accidental o intencionada” y en este contexto menciona “como principales riesgos las inundaciones, los incendios forestales, los terremotos y maremotos, los riesgos volcánicos, los fenómenos meteorológicos adversos, los accidentes en instalaciones”, por lo que el Gobierno podría haber puesto en marcha la ley.
“Ha demolido presas y prohibido la limpieza de bosques”: No se ha derribado ninguna presa, embalse o azud entre 2018 y 2024 en la zona afectada por la DANA
No solo no se han derribado 26 presas en Valencia, sino que no se ha derribado ninguna presa, embalse o azud entre 2018 y 2024 en barrancos afectados por la DANA ni en la zona afectada por la DANA en Valencia durante los dos Gobiernos de Pedro Sánchez.
Además, no se han destruido ni embalses ni grandes presas en toda la demarcación hidrográfica del Júcar, la más afectada por las inundaciones y que incluye a la provincia de Valencia.
Según el visor del Ministerio para la Transición Ecológica, en esa demarcación se han derribado 28 pequeños obstáculos, todos ellos entre 2006 y 2021, con Gobiernos de distinto color político (Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez). Hay al menos otro pequeño obstáculo más, derribado en 2022, que no está incluido en esos datos y que tampoco está en la zona afectada por la DANA en Valencia.
“No cerró el Congreso para votar el asalto de RTVE mientras los españoles morían”: Sí, el Congreso no cerró, se canceló la sesión de control al Gobierno, pero no el pleno extraordinario de RTVE del día siguiente
El Congreso de los Diputados no cerró el día de la DANA. Durante el día siguiente, el 30 de octubre, se cancelaron las comisiones y demás eventos que había programados para el día posterior. Se canceló la sesión de control al Gobierno pero no se canceló el pleno donde se mantuvo el pleno extraordinario donde se convalidó el real decreto de RTVE. Este real decreto modifica la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal. El texto cambia el método de elección de los consejeros de la Corporación RTVE, que pasa a estar formado por 15 miembros, de los cuales 11 los elige el Congreso y cuatro el Senado. La elección se lleva a cabo por dos tercios de cada una de las Cámaras, pero, “en caso de no alcanzarse en una primera votación”, se abre la posibilidad a que se elijan por mayoría absoluta de cada una de las Cámaras en segunda vuelta.