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Nos estáis preguntando en nuestro servicio de WhatsApp (+34 644 229 319) por varios contenidos que aseguran que “la okupación será legal y el okupa estará protegido hasta 7 años” según un “nuevo proyecto de ley”. Este mensaje se mueve como un vídeo de TikTok y como una captura del mismo vídeo, por servicios como Twitter o WhatsApp, en el que aparece la diputada del Partido Popular (PP) Ana Zurita.
Es un bulo: en el Congreso se debatía ese día una proposición de ley sobre el derecho a la vivienda “digna y adecuada”, pero fue tumbada, entre otros, por el PSOE. El texto proponía que fuera obligatorio para los grandes tenedores “ofrecer al afectado una propuesta de alquiler social” en el caso de las familias en riesgo de exclusión que dejaran de pagar la renta en lugar de comenzar un proceso de desahucio.
Esta proposición de ley tenía su origen en los sindicatos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
La intervención de la diputada del PP Ana Zurita se corresponde con el debate del 14 de diciembre de 2021 en el Pleno del Congreso de los Diputados en el que se votó la toma en consideración de una proposición de ley “de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada” [min. 2:22:48].
Esta proposición de ley estaba impulsada por los sindicatos y por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y fue presentada por Esquerra Republicana, EH Bildu y los grupos parlamentarios Plural y Mixto [pág. 1]. Unidas Podemos también iba a ser parte de los firmantes de esta proposición de ley, pero retiró su firma el mismo día de la votación.
Eso sí, a pesar de haber retirado la firma Unidas Podemos votó a favor de la toma en consideración (es decir, de empezar los trámites para que pudiera convertirse en ley) de esta proposición. Pero no salió adelante, ya que hubo 57 votos a favor frente a 280 en contra. Entre los votos en contra se encontraban los de todo el grupo parlamentario del PSOE [pág. 4] excepto el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no votó [pág. 11]. También votaron en contra el PP, Vox, Ciudadanos, PNV, PDeCAT, UPN, Foro Asturias, PRC y Coalición Canaria. La proposición recibió los apoyos de Unidas Podemos, ERC, Más País, Compromís, BNG, EH Bildu y CUP.
La proposición decía que los grandes tenedores de viviendas debían ofrecer un alquiler social durante al menos 7 años a las personas o familias en riesgo de exclusión que dejaran de pagar el alquiler
La proposición no defendía que se legalizara la okupación de casas vacías, sino que planteaba alternativas para las personas que dejaran de pagar el alquiler de su vivienda y que se encontraran en riesgo de exclusión.
En el texto se proponía, entre otras cosas, que los grandes tenedores (es decir, los bancos y las personas o empresas con cinco o más viviendas o con más de 800 metros cuadrados) tuvieran que ofrecer un alquiler social a los inquilinos que dejaran de pagar el alquiler “si el procedimiento afecta a personas o unidades familiares que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estén dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial” [pág. 15].
El texto definía que este alquiler social tendría que ser como máximo de entre el 10% y el 18% de los ingresos de la persona o familia en riesgo de exclusión residencial, según su nivel de renta [pág. 12]. También establecía que el alquiler social tendría que ser, al menos, de siete años si el propietario era una persona física y de doce si era una empresa o banco [pág. 15].
Como ya explicamos en Maldita.es, no es lo mismo una okupación que dejar de pagar el alquiler. Jacobo Dopico, catedrático acreditado de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid, explica que “el término 'okupa' se refiere de forma coloquial a la ocupación ilegal de inmuebles no habitados”, pero la proposición de ley se refería a las personas que habiendo alquilado una vivienda no paguen la renta. En cualquier caso, nunca fue aprobada.
El proyecto de ley de vivienda actual del Gobierno, que está pendiente de aprobación, no habla en ningún momento de obligación para los grandes tenedores de ofrecer un alquiler social.
Las diferencias entre un proyecto de ley y una proposición de ley
El vídeo de TikTok y la captura también dicen que esta supuesta “okupación legal” se defendía en un proyecto de ley. Esto también es falso, ya que el texto que se debatía ese día era una proposición de ley.
La diferencia entre estos tipos de trámite para elaborar una ley es quién tiene la iniciativa: la Constitución Española indica que los proyectos de ley los propone el Gobierno [art. 88] y las proposiciones de ley, los grupos parlamentarios [art. 89]. Este es el caso del texto que presentaron Esquerra Republicana, EH Bildu y los grupos parlamentarios Plural y Mixto.
Además, de acuerdo con el Reglamento del Congreso de los Diputados, las proposiciones de ley tienen que ser tomadas en consideración por el Congreso de los Diputados. Es decir, tienen que dar su visto bueno antes de que los grupos presenten enmiendas [art. 126.5]. Sin embargo, los proyectos de ley pasan directamente a la fase de enmiendas [art.110].
Primera fecha de publicación de este artículo: 03/05/2022
