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Es posible que hayas visto en los últimos días titulares o contenidos en las redes que dicen que oncólogos, médicos especializados en el tratamiento contra el cáncer, han denunciado “presiones” para no recetar tratamientos que tengan un alto coste. Si leemos las publicaciones al completo, en ellas se menciona que son casos que afectan a pacientes de aseguradoras privadas y mutuas de funcionarios públicos y no a la cobertura que se hace en el sistema público de salud.
En ningún momento se habla de la cobertura de la sanidad pública del Sistema Nacional de Salud (SNS). Los contenidos y publicaciones tienen como origen una investigación del diario ABC donde se indica que, tras acceder a “decenas” de informes médicos, la empresa Atrys Health-Bienzobas, intermediaria en los tratamientos oncológicos que prestan los seguros privados o mutuas, habría presionado a sus profesionales para no prescribir los tratamientos más caros a sus pacientes.
En esta investigación de ABC se menciona en su interior que los seguros privados (como DKV, Sanitas, Adeslas o Cigna) y mutuas de funcionarios (como Muface, Isfas o Mugeju) tienen delegada la gestión de los tratamientos oncológicos en la empresa ya mencionada. ABC también recoge que Muface ha animado a los pacientes que hayan sido víctimas de ello a presentar una reclamación “si se considera disconforme” con el tratamiento recibido.
Algunos titulares que han informado sobre esta investigación no especificaban que se trataba de casos en seguros privados. Otras publicaciones, como estas de RTVE o El País, sí hacen una mención explícita en sus titulares sobre que dichas presiones para no prescribir los tratamientos más caros contra el cáncer a sus pacientes se han producido en el sector de la sanidad privada.
La Sociedad Española de Oncología Médica subrayó en un comunicado el 18 de marzo de 2025 la “falta de transparencia en el proceso de autorización de fármacos en la práctica privada de pacientes con compañías aseguradoras sometidos a valoración por asesores oncológicos externos”. En el mismo texto, también indican que reconocen “la labor que hacen los oncólogos médicos de nuestra sociedad con independencia del ámbito de actuación, sea privado o público”.
La ministra de Sanidad, Mónica García, reaccionó en su cuenta de Twitter con una publicación donde dijo que en la sanidad pública “los tratamientos se prescriben según criterios de salud, no de negocio”. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, dijo en la misma red social que ellos ya habían dicho hace meses que “las aseguradoras sanitarias privadas que daban servicio a Muface llevaban a cabo prácticas de selección de riesgos para que pacientes de la privada se cambiaran a la pública”.
En febrero de 2025 circularon contenidos que decían que el SNS negó la financiación de algunos medicamentos por sus costes. Entre otros, Maldita.es comprobó que en noviembre de 2024 la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos acordó “la no inclusión” de un medicamento contra la leucemia por “criterios de racionalización del gasto público e impacto presupuestario en el SNS”.
Por su parte, en declaraciones que recoge Europa Press, Atrys Health-Bienzobas dice que “el médico tiene, en todos los casos, libertad de prescripción sobre la recomendación final del tratamiento”. “Bienzobas en ningún caso limita la libertad de prescripción del facultativo”, dicen.
