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¿Qué se ha votado en el Congreso relativo a una posible reducción de penas de presos etarras?
El 22 de marzo de 2024, el Gobierno presentó ante el Congreso de los Diputados una iniciativa para modificar (por el procedimiento de urgencia) la ley 7/2014, a partir de la directiva europea 2019/884. En el plazo habilitado para que el resto de grupos parlamentarios presentaran sus enmiendas, Sumar incluyó una modificación para suprimir la disposición adicional única de la norma.
Cuando el texto llegó a la Comisión de Justicia, se reunió la ponencia, que es un grupo reducido de diputados que representan a cada uno de los grupos parlamentarios y que se constituye dentro de la comisión para debatir una iniciativa concreta. Sus reuniones son a puerta cerrada y en ellas se debate el texto presentado y las enmiendas. Posteriormente, emite un informe de la ponencia, aprobado por voto ponderado, que recoge los cambios a la iniciativa original, que pueden ir más allá de lo recogido en las enmiendas. Esta ponencia estuvo conformada por tres miembros del PP, tres del PSOE, tres representantes de Sumar, dos de Vox, un diputado de EH Bildu, uno del PNV, una representante de ERC y uno de Junts.
En esta ponencia se incluyeron varias de las enmiendas presentadas por diferentes grupos parlamentarios, entre ellas la enmienda número 5 presentada por Sumar y que pedía la derogación de la disposición adicional.
Este fue el texto que posteriormente se presentó ante la Comisión de Justicia en el que viene incorporada la supresión de la disposición adicional única de la ley. Hasta ahora, las penas en el extranjero debían cumplirse íntegramente y después cumplir la pena impuesta en España, pero con el cambio que incluye la ley, la pena cumplida en el extranjero se restaría a la española.
¿Cómo votó cada grupo parlamentario?
El pasado 10 de septiembre, la Comisión de Justicia de la Cámara Baja aprobó el informe de la ponencia en el que ya se incluía la derogación de la disposición adicional única. Posteriormente, se votó en el pleno 8 días más tarde. En la sesión del 18 de septiembre, todos los grupos parlamentarios aprobaron la reforma de la ley presentada por el Ejecutivo. El texto salió adelante con 346 votos positivos (4 de ellos emitidos de forma telemática) y ahora espera su refrendo definitivo en el Senado (la votación estaba prevista para este martes 8 de octubre pero se ha aplazado y todavía no se conoce la nueva fecha).
¿Qué dicen ahora el PP y Vox?
Varias semanas después de esta votación en el Congreso, el Partido Popular ha rechazado públicamente esta reforma. Borja Sémper, portavoz del PP, ha dicho en una rueda de prensa este mismo lunes 7 de octubre que se trata de una “trampa” del Gobierno para posibilitar que “presos etarras muy sanguinarios puedan salir de la cárcel sin cumplir con las penas impuestas en España” [min. 23:55].
Estas palabras llegan después de que El Confidencial publicara que la reforma “acortará las penas de prisión a 41 etarras”. Según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), con la aprobación de esta reforma, 44 personas condenadas por delitos relacionados con ETA podrían “descontar la pena que han cumplido en Francia” y “7 podrían ser excarcelados en los próximos meses”.
Sémper ha afirmado que el PP hará “todo lo que esté en su mano para revertirlo e impedirlo”. Según ha asegurado en esta intervención, los senadores populares votarán en contra de esta reforma en el pleno del Senado [min. 27:10]. Actualmente, el PP cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta con 145 representantes (de 265).
José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, ha asegurado que su partido está “estudiando” la posible "artimaña jurídica" del Gobierno y ha solicitado al Gobierno que retire su propuesta de “inmediato”. Según ha explicado Fúster, pueden ampararse en el artículo 127 del Reglamento del Senado que establece que los proyectos de ley presentados por el Gobierno pueden ser retirados por el Ejecutivo.
¿Este cambio es un pacto entre el PSOE y EH Bildu?
Algunas webs han publicado que la decisión de eliminar la disposición adicional única (lo que permitiría la reducción de condenas de algunos condenados por delitos relacionados con ETA) se debe a un pacto entre POSE y EH Bildu. Hemos preguntado a ambos partidos, desde el PSOE explican que “es fruto de una enmienda incorporada durante la tramitación parlamentaria” que fue “aprobada por unanimidad con el consenso de todos los grupos, tanto en ponencia, como en Comisión y finalmente en el pleno del Congreso”. “Es una tramitación absolutamente normal y transparente”, añade la oficina de prensa del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. EH Bildu explica a Maldita.es que “no es cierto” porque se aprobó por unanimidad y que su partido “ni siquiera registró ninguna enmienda”.
¿El Gobierno ha hecho una “trampa” con esta reforma?
En Maldita.es no entramos a valorar eso, os contamos que esta reforma proviene de una directiva europea que debía ser transpuesta y que en la propuesta inicial del Gobierno no se incluía la derogación de la disposición adicional única. Fue en la ponencia del proyecto de ley, en la que hay representantes de todos los partidos, cuando se incorporó la derogación de la disposición adicional única. En la votación por asentimiento en comisión de la ponencia, quedó aprobada [min. 5:49] [pág. 2].
El texto final aprobado por la ponencia estaba al alcance de todos los partidos políticos, puesto que había representantes de todos ellos durante la sesión cerrada y se distribuye antes de su votación a la comisión (que se encarga de ratificar el informe de la ponencia y votar las enmiendas que no fueron incluídas). El texto aprobado por la comisión se denomina dictamen y es elevado al Pleno para su votación en el Congreso de los Diputados.
¿El Senado puede frenar la reforma?
Tras la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso, el texto pasa al Senado. En su tramitación, la Cámara Alta puede:
Aprobar el texto sin modificación: no incluye enmiendas al articulado sobre el texto remitido por la Cámara Baja. En este caso, la ley está lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su entrada en vigor.
Vetar el texto: es una enmienda a la totalidad del texto a través de la cual el Senado muestra su rechazo a la iniciativa, siempre y cuando cuente con mayoría absoluta del Pleno.
Enmendar el proyecto de ley: se modifica una parte del texto que fue aprobado por el Congreso.
En los dos últimos supuestos, el proyecto de ley regresa al Congreso, donde se celebraría un último debate para levantar el veto del Senado (con mayoría absoluta en una primera votación o mayoría simple dos meses más tarde) o para votar las enmiendas parciales introducidas por la Cámara Alta (aquellas rechazadas se eliminan).
En este caso, los grupos políticos no han presentado enmiendas a la iniciativa del Gobierno (ni para vetar el texto completo ni para modificar parte del articulado). El martes 8 de octubre estaba previsto que se celebrara el pleno para tomar en consideración el texto, pero al inicio de la sesión, el PP ha solicitado aplazar la votación (petición que ha salido adelante con 143 senadores a favor). El Presidente de la Cámara, Pedro Rollán, ha afirmado que el Senado cumplirá los plazos de tramitación incluídos en la Constitución (que en tramitaciones urgentes es de 20 días naturales en el Senado) y convocará otro pleno para votar esta reforma legislativa antes del 14 de octubre.
