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“ÚLTIMA HORA: Las primeras personas que iban a ser expulsadas a Ruanda han sido detenidas”. Con este mensaje, el Ministerio del Interior de Reino Unido anunció este 1 de mayo en su cuenta de Twitter (ahora X) que han comenzado las detenciones de personas migrantes en situación irregular para deportarlas a Ruanda. Esta medida forma parte de un acuerdo con Ruanda para enviar a personas migrantes y solicitantes de asilo a este país, considerándolo como un “país seguro”, que fue aprobado el 22 de abril por el Parlamento británico y que recibió el visto bueno por parte del rey Carlos III tres días después. Con esto culminan dos años de negociaciones en Reino Unido y se prevé que el acuerdo esté vigente hasta el 13 de abril de 2027, con posibilidad de ser prorrogado.
Las personas enviadas a Ruanda serán los solicitantes de asilo y aquellas personas que entren o hayan entrado de forma irregular en Reino Unido desde cualquier origen y que cumplan con los requisitos de haber viajado después del 1 de enero de 2022, haber realizado un viaje peligroso hasta llegar a territorio inglés y haber pisado otro país en el que haber podido pedir asilo. La excepción a este plan de reubicación en Ruanda son los ciudadanos ruandeses y los menores no acompañados.
Los solicitantes de asilo deberán cumplir con tres requisitos para poder ser enviados a Ruanda y que este país evalúe su caso
El objetivo que persigue este nuevo acuerdo es “disuadir a las personas de realizar viajes peligrosos a Reino Unido para solicitar asilo”, según explica el Gobierno británico. También añaden que “en particular, pero no exclusivamente, se pretende disuadir las llegadas en pateras”. De este modo, además de las personas que entren de manera irregular en el territorio, los solicitantes de asilo que reúnan tres requisitos también serán enviados a Ruanda:
Haber estado previamente en otro país en el que hubieran podido solicitar asilo o tener conexión con algún país cruzado previamente.
Que su viaje hasta Reino Unido sea considerado peligroso, como los viajes en patera o la entrada clandestina en camiones.
Haber viajado a Reino Unido después del 1 de enero de 2022.
Una vez trasladados a Ruanda, lo que está acordado es que este país analizará cada situación y decidirá si acepta la solicitud de asilo o no. En caso de aprobarse y ser reconocidas como refugiadas, estas personas no podrán regresar a Reino Unido. En caso contrario, Ruanda deberá concederles igualmente la residencia permanente y en ningún caso podrá enviarlas a otro país, salvo que las personas reubicadas así lo deseen. También existe la posibilidad de que Reino Unido solicite el regreso de una persona reubicada en Ruanda, en cuyo caso y siempre con el consentimiento de esta persona, se le asistirá en el proceso.
Ruanda debe cumplir con una serie de obligaciones para que Reino Unido lo considere como un “país seguro” y se mantenga el acuerdo
Para que este acuerdo pueda mantenerse, Ruanda debe ser considerado “país seguro” a ojos de Reino Unido y del derecho internacional. Así, las personas enviadas a este país africano no podrán ser reubicadas en otro país y todas las peticiones de asilo deberán ser examinadas de acuerdo al derecho internacional.
Por su parte, el Gobierno ruandés se ha comprometido con una serie de obligaciones al firmar este tratado. Entre estas destacan:
Ninguna persona que sea trasladada a Ruanda bajo este tratado puede ser reubicada en otro país, excepto en Reino Unido.
Si el Gobierno inglés lo requiere, cualquier persona reubicada en Ruanda estará disponible para regresar a Reino Unido.
El Gobierno ruandés deberá mejorar su sistema de asilo para responder adecuadamente a las peticiones de las personas reubicadas.
Las personas reubicadas, independientemente del estatus que les conceda Ruanda, deberán ser tratadas en igualdad de condiciones.
Estas obligaciones y el compromiso de Ruanda a cumplir con ellas se incluyeron en 2023, después de que el Tribunal Supremo de Reino Unido decretase que este acuerdo era ilegal al considerar que Ruanda no era un país seguro al que deportar a personas solicitantes de asilo debido a las deficiencias de su sistema de asilo, el riesgo de expulsión de las personas reubicadas a su país de origen y la situación de los derechos humanos.
Con estos cambios, Ruanda ya no puede ser catalogada como país “no seguro” en términos generales, sino que cualquier persona que quiera impugnar su traslado a territorio ruandés deberá argumentar por qué este país supone un riesgo para ella en particular, como, por ejemplo, ser un conocido crítico del Gobierno ruandés. En última instancia, los demandantes podrían acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por otro lado, al hacerse efectiva la reubicación desde Reino Unido, el Gobierno británico deberá proporcionar a Ruanda información sobre las personas trasladadas, como sus datos biométricos, problemas de salud o necesidades especiales que deban ser atendidas.
Organismos internacionales como ACNUR han expresado su preocupación ante la aprobación de este acuerdo. Instan al Gobierno británico a reconsiderarlo y a optar por medidas más prácticas que garanticen la adecuada gestión de los flujos migratorios en el país, basándose en la cooperación internacional y el respeto por los derechos humanos.
Reino Unido ha anunciado que ha empezado a detener a las primeras personas migrantes que serán deportadas a Ruanda
El 1 de mayo, el Ministerio del Interior de Reino Unido anunciaba el comienzo de las primeras detenciones de “inmigrantes ilegales” para comenzar con el plan de deportación a Ruanda sin precisar ninguna cifra. En un vídeo que publicó esta institución en redes sociales, se muestra a la policía entrando en casas en las que residen personas migrantes en situación irregular para detenerlas.
El Ministerio del Interior ha afirmado en un comunicado que, en un plazo de entre nueve y once semanas, comenzarán los vuelos a Ruanda. Por su parte, el ministro del Interior, James Cleverly, ha afirmado que están trabajando a buen ritmo “para detener rápidamente a aquellos que no tienen derecho a estar aquí para que podamos hacer despegar los vuelos”.
Desde este Ministerio, también se ha revelado que se han habilitado más de 2.200 espacios de detención para estas personas a la espera de ser deportadas, se ha capacitado a 200 nuevos trabajadores sociales para procesar rápidamente las solicitudes, ya se han reservado vuelos comerciales y se ha puesto en espera un aeropuerto.
