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Desde Maldita.es hemos desmentido diferentes contenidos desinformadores que parten del Expediente Royuela: una teoría de la conspiración que asegura que, a raíz de unas notas escritas a mano supuestamente por el exfiscal jefe de Cataluña José María Mena Álvarez, diferentes perfiles de las altas esferas de la Justicia y figuras políticas estarían implicadas en una trama criminal salpicada por el narcotráfico, tráfico de influencias, blanqueo de capitales e incluso el encargo y encubrimiento de miles de asesinatos. Se trata de acusaciones sin pruebas que han sido desestimadas por la Justicia en distintas causas.
Estos contenidos desinformadores tienen como principales impulsores a la familia Royuela -el padre y principal promotor de la teoría fue condenado por falsificación de documento privado y presentar denuncias falsas, según publicó entonces El País- y ha estado vinculada a la extrema derecha. Después, han circulado por otras webs y canales pero han sido probados como falsos en repetidas ocasiones por la propia Justicia. Os explicamos en qué consiste y cómo se difunde esta teoría de la conspiración.
Una supuesta trama criminal sin pruebas que busca señalar a altas esferas de la Justicia
El Expediente Royuela se basa, según los impulsores, en una serie de supuestos documentos y manuscritos que según ellos, probarían una trama criminal comprendida por agentes políticos y de la Justicia. Según esta teoría, figuras como la exfiscal General del Estado Dolores Delgado o el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, habrían sido partícipes de una trama criminal salpicada por el narcotráfico y el uso de sicarios para cometer asesinatos, junto a otros delitos graves como el narcotráfico o el blanqueo de capitales.
¿Las pruebas para sustentar estas acusaciones? Unas supuestas notas escritas a mano del exfiscal jefe de Cataluña José María Mena Álvarez, que habrían sido filtradas, y que revelarían sin pruebas más de 2.000 asesinatos por encargo, encubrimientos, movimientos de dinero y pago de favores entre las altas esferas de la Justicia, la política y las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Pero esta red ni es verdadera, ni está sustentada en nada más que estas supuestas notas manuscritas de las que no se puede comprobar ni su origen, fecha ni su autoría.
En 2001, el Supremo ya había desestimado en un auto la petición de Royuela para juzgar a Mena y a otro fiscal por “presuntos hechos delictivos sin ningún fundamento” y le recordaba que en ese momento estaba imputado precisamente por una falsa denuncia contra una jueza de Barcelona.
Estos supuestos papeles escritos a mano estaban también en el centro de una denuncia de la Audiencia Nacional en 2022 contra otro difusor de esta teoría de la conspiración, el exjuez Fernando Presencia. En esa ocasión, la Audiencia Nacional respondía con una denuncia contra Presencia y el archivo de otra denuncia anterior presentada por el propio exjuez que se basaba en los supuestos manuscritos de Mena para acusar a Delgado y a Rodríguez Zapatero de organización criminal y lavado de dinero. Pero el juez apuntó, según elDiario, a “la posibilidad de encontrarnos ante una documentación creada ex profeso”.
En la nota emitida por el juez Joaquín Gadea, del juzgado 6 de la Audiencia Nacional, se destaca que en la denuncia presentada por Presencia “no se aporta información ni de quién la ha presentado, ni de dónde han sido obtenidos los documentos aportados, ni, en definitiva, quién los ha elaborado, cuándo, o a quién han sido remitidos”. E insiste en que los intentos de Presencia por no tener que responder ante la notitia criminis evidencia “la poca solvencia de la misma”, según recoge elDiario.
No hay ninguna prueba de que estas notas sean reales ni que de que las firmas de los documentos sean la de los supuestos implicados en esta trama. Otros usuarios en Twitter también han realizado comparativas entre estas firmas y las de los protagonistas del Expediente Royuela.*
Aunque la denuncia presentada por Presencia ante la justicia fue "desestimada de forma inmediata", sirvió para que la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (Acodap), presidida por el propio Presencia, moviera en redes sociales el bulo de que ambas figuras habían sido imputadas, como ya desmentimos en Maldita.es. La web de esa asociación, que se define como un buzón anónimo que busca “promover todas aquellas acciones necesarias amparadas en la ley, para luchar contra la corrupción y la ilegalidad sea cual sea su procedencia”, ha sido empleada para difundir varios bulos sobre esta supuesta “trama delictiva” en el Tribunal Supremo.
Como os contamos en Maldita.es, la Justicia ordenó el cierre cautelar de esta página el pasado mes de junio por presuntamente incurrir en delito de calumnias e injurias contra diez magistrados del Tribunal Supremo, además de Delgado y Rodríguez Zapatero, y otros contenidos desinformadores. Esta página se encuentran bloqueadas a 27 de julio de 2022.
Teoría sin pruebas creada por la familia Royuela, con condenas por denuncias falsas y lazos con la extrema derecha catalana
En concreto, esta narrativa surge de Alberto Royuela después de la muerte de su hijo, Javier Royuela Samit, en 1993. Un hecho que él atribuye a un encargo de asesinato y encubrimiento planeado por un supuesto enemigo del padre, y que habría contado con la colaboración de miembros de la Guardia Civil. Según esta versión, los exfiscales José María Mena y Carlos Jiménez Vallejo, entonces fiscal en la Audiencia de Barcelona y después Fiscal Anticorrupción, encubrieron y centraron esta trama.
Alberto Royuela, un nombre relacionado con la extrema derecha en Cataluña, formó parte de la organización Hermandad Nacional de la Guardia de Franco y fue investigado, de acuerdo con lo publicado por El País entonces, por su supuesta relación en el atentado contra la revista satírica El Papus, así como por su participación en el asalto al Banco Central de Barcelona en 1981. También es conocido por su actividad dentro de un clan de subasteros, que el mismo Royuela ha defendido como “una mafia” a la que es más difícil meterse que a “la Guardia de Franco”.
En 1999, El País publicó la ratificación por parte del Supremo de una condena de dos años de prisión para Royuela por la falsificación de un documento privado; y en 2003 el mismo medio publicó la condena de 18 meses de prisión en su contra por presentar denuncias falsas contra jueces y fiscales. En una nota de rectificación enviada por el hijo del subastero Santiago Royuela Samit a elDiario.es indicó que su padre entró en prisión en dos ocasiones.
A partir de 2019 es el hijo de Alberto Royuela, Santiago Royuela, el principal difusor de esta teoría a través de la creación de un canal de YouTube a su nombre, así como de una página web dedicadas a la difusión de estas teorías, junto a la publicación de estas supuestas notas manuscritas y su transcripción.
Santiago también tiene vínculos con la extrema derecha, ocupando el puesto número 50 de la lista de Alianza por la Unidad Nacional, predecesor del actual partido Alianza Nacional (cuyo líder fue detenido por enaltecer el nazismo) en las listas de las elecciones al Parlamento Europeo de 1999, como queda reflejado en el BOE.
Teoría compartida en redes sociales y manifestaciones
No solo Santiago Royuela y Presencia han difundido esta teoría de la conspiración en la red. Estos contenidos también son difundidos por otros perfiles como Capitán Bitcoin o Javier Negre, e incluso ha habido manifestaciones, como la que tuvo lugar el pasado 9 de julio de 2022 en Valencia pidiendo la judicialización del Expediente Royuela.
Estas movilizaciones no terminan ahí. En varios vídeos emitidos en directo por Santiago Royuela, se ofrecía la dirección de una nave industrial en la que supuestamente habría una fosa común de víctimas de esta trama criminal. Los simpatizantes llegaron a congregarse alrededor del edificio portando pancartas como “traidores”, “asesinos” o “tortura niños” y una horca, provocando la intervención de la Policía mientras Royuela comentaba los hechos desde su casa, incluso llegando a relatar la teoría a los agentes por videollamada.
El 8 de febrero de 2023 el juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ordenó el registro de los despachos de Fernando Presencia y Santiago Royuela, con el objetivo de encontrar los documentos que se emplearon en las diferentes denuncias, y que la justicia ha desestimado. Las autoridades habrían requisado varios dispositivos electrónicos, según asegura elDiario.es, que cita fuentes del caso.**
* Esta información ha sido actualizada el 20 de septiembre de 2022 para añadir nuevos nuevos contenidos sobre el Expediente Royuela que se difunden en redes sociales.
** Esta información ha sido actualizada el 8 de febrero de 2023 para añadir nuevos nuevos contenidos sobre el registro de los despachos de Fernando Presencia y Santiago Royuela.
Primera fecha de publicación de este artículo: 27/07/2022
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