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En ocasiones tras una catástrofe, un fenómeno meteorológico extremo u otras situaciones que han causado daños graves, se declara el área afectada como “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”. Esta categoría, conocida como ‘zona catastrófica’, se concede tras el cumplimiento de una serie de requisitos y abre la puerta a un conjunto de ayudas económicas, fiscales y laborales para los afectados.
Cómo se aprueba la declaración
Esta figura aparece recogida en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, cuyo objetivo es “reforzar los mecanismos que potencien y mejoren el funcionamiento del sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes”.
Para que una zona se declare afectada gravemente por una emergencia de protección civil, debe ser aprobada por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta de los ministros de Hacienda y de Interior y de los titulares de los demás ministerios a los que concierna. Además, podrá ser solicitada por las administraciones públicas afectadas (como una comunidad autónoma).
¿Qué criterios debe presentar el territorio?
Se declarará una zona como catastrófica cuando se hayan producido “daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada” o cuando “se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales”, dice el texto legal.
Como requisitos, la ley indica que la propuesta de declaración debe incluir una delimitación del área afectada. Además, el Ministerio del Interior aclaró a Maldita.es que los delegados y subdelegados del Gobierno deben aportar con el máximo detalle posible otras condiciones: descripción del hecho catastrófico, niveles de actuación de emergencia declarados (si se ha necesitado la incorporación de medios extraordinarios), descripción y evaluación provisional de los daños personales o materiales derivados del siniestro, de la perturbación grave de las condiciones de vida de una colectividad y de los servicios esenciales afectados para el mantenimiento de las funciones sociales básicas.
¿A qué ayudas económicas pueden optar los afectados?
Si finalmente un territorio es declarado zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, se pueden activar ayudas económicas a particulares por daños en su vivienda habitual y enseres de primera necesidad, a corporaciones locales por gastos derivados de sus propias actuaciones, a personas físicas o jurídicas que hayan contribuido con una prestación a nivel personal o con sus propios bienes, a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios o a producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura, por los daños causados.
Asimismo se podrá optar a subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular e incluso se podrán abrir líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
También pueden tomarse medidas fiscales y laborales
Además de las ayudas económicas, las zonas afectadas podrán obtener beneficios fiscales como una exención de la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles que afecte a viviendas, establecimientos industriales, turísticos, explotaciones ganaderas, etc., cuando hayan sido dañados y así se acredite o una reducción del impuesto sobre actividades económicas proporcional al tiempo transcurrido desde el día en que se haya producido el cese de la actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad.
Aquellos que sufran una pérdida de actividad laboral ante este tipo de situaciones también podrán beneficiarse de ciertas medidas en caso de suspensión de contrato, reducción de la jornada laboral o extinción del contrato e incluso los trabajadores por cuenta propia que puedan demostrar que su actividad se ha visto cesada por este acontecimiento.
Todas las medidas fiscales, laborales y relativas a la Seguridad Social que pueden activarse tras una declaración de estas características están descritas en el artículo 24 de la Ley 17/2015.
¿Son compatibles las ayudas con las indemnizaciones del seguro o del Consorcio de Compensación de Seguros?
Sí, las ayudas por daños materiales son compatibles con las que pudieran concederse por otras administraciones públicas o con las indemnizaciones que correspondieran a las pólizas de seguro, según el artículo 21 de la ley. No obstante, el importe global de todas ellas no podrá superar el valor del daño producido.
Un ejemplo de ello es que, cuando se declararon diferentes territorios de España como catastróficos en 2019, los propietarios de establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios que hubiesen sufrido graves daños, una vez fueron indemnizados por el Consorcio de Compensación de Seguros, también tuvieron la opción de obtener una subvención por parte del Gobierno de hasta el 7% de la cuantía de los daños indemnizables producidos por el siniestro, hasta el importe máximo de 9.224 euros.
¿Quién realiza la coordinación y seguimiento tras las declaración?
Una vez se ha declarado un área concreta como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, se constituye una Comisión de Coordinación, según el artículo 25 de la ley que regula esta declaración (Ley 17/2015). Esta comisión está integrada por representantes de las Administraciones estatal, autonómica y local afectadas.
Créditos de las fotos: Unaihuiziphotography (incendio), Eduardo Aguayo (inundación) y Vismar Ravagnani (granizo).
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Primera fecha de publicación de este artículo: 22/08/2022
