El 25 de agosto las principales empresas tecnológicas tendrán que cumplir con la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), una serie de normas con las que la Unión Europea busca regular los servicios digitales. El texto establece diferentes categorías para las compañías dependiendo de su tamaño y los servicios que preste, entre las que se encuentran las Very Large Online Platforms (VLOP, plataformas en línea de muy gran tamaño, como Twitter o Instagram) y los Very Large Online Search Engines (VLOSE, motores de búsqueda en línea de gran tamaño, como Google o Bing). Os explicamos en qué consiste esta clasificación, que compañías la componen actualmente y qué sanciones establece la DSA si incumplen con sus obligaciones.
La DSA establece una serie de categorías para los diferentes servicios tecnológicos según su relevancia
La Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act) es un conjunto de normas aprobadas por la Unión Europea con el objetivo de regular los servicios digitales, como redes sociales o tiendas online, para ofrecer mayores garantías a los usuarios de la UE. El texto recoge una serie de medidas y obligaciones para las empresas tecnológicas, como herramientas para la moderación de contenidos y mayor transparencia en los algoritmos y en el tratamiento de datos personales. Aquí puedes consultar más detalles sobre el funcionamiento de la ley, y en este otro artículo puedes ver cómo nos va a afectar como usuarios.
Esta regulación no afecta a todas las compañías por igual, sino que se establece un rango de obligaciones en cuatro categorías, que dependen de los servicios que prestan las empresas y del número de usuarios que tengan. Estas categorías son:
- Servicios intermediarios: compañías que ofrecen infraestructuras de red para transmisión de datos, como los proveedores de internet, por ejemplo Vodafone y Movistar.
- Alojamiento de datos: empresas que ofrecen servicios de nube y alojamiento web, como Dropbox y Microsoft OneDrive.
- Plataformas y buscadores en línea: aplicaciones que reúnen a vendedores y consumidores, o que permiten difundir y encontrar información en la red, entre las que se encuentran Telegram y Yahoo!.
- Las plataformas y motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño: llamadas en inglés Very Large Online Platforms (VLOP) y Very Large Online Search Engines (VLOSE), son las aplicaciones que por su número de usuarios activos en la UE (más de 45 millones al mes) pueden tener mayor impacto social, como Twitter y Google. Actualmente, son 19 los servicios en esta categoría: AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Bing, Booking, Facebook, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube y Zalando.
Todos los servicios digitales (o intermediarios) deberán cumplir con unas medidas básicas, como hacer públicos sus términos y condiciones. A medida que subimos de categoría se añaden obligaciones más exigentes.
Las categorías funcionan en forma de muñecas rusas, ya que, por ejemplo, una plataforma online no sólo transmite información, sino que también la almacena y además la difunde. Por tanto, tiene que cumplir con las obligaciones de las categorías inferiores (las básicas de servicios intermediarios y las de alojamiento de datos) y se le añaden nuevas responsabilidades al ofrecer más servicios al usuario.

Las VLOP y los VLOSE son las plataformas y servicios sujetos a obligaciones más exigentes y que deben cumplirlas de forma anticipada, pero algunas se han mostrado en contra
Las empresas en la categoría más alta (VLOP y VLOSE) deben cumplir con las medidas específicas para ese grupo y con todas las obligaciones acumuladas de los tres niveles por debajo; es decir, son los servicios digitales sujetos a medidas más exigentes de la DSA. Además, tienen que cumplir con la nueva normativa de forma anticipada, en concreto a partir del 25 de agosto de 2023, mientras que el resto de compañías tendrán que cumplir con estas obligaciones desde el 17 de febrero de 2024.
Algunas empresas se han opuesto a ser consideradas como plataformas de muy gran tamaño, como Amazon y Zalando. Mientras que la primera ha recurrido la decisión ante el Tribunal General de la UE, Zalando ha presentado una denuncia contra la Comisión Europea.
Otras compañías ya han realizado simulacros en colaboración con la UE para comprobar si tienen la capacidad de cumplir con la ley, como es el caso de Meta y TikTok. Aunque Twitter abandonó en mayo el Código Europeo de Buenas Prácticas contra la Desinformación, la red social de Elon Musk también se ha sometido a esta prueba por parte de la UE para comprobar sus sistemas de moderación de contenidos.
Las empresas serán multadas si no cumplen con sus obligaciones, y de nuevo las VLOP y los VLOSE responderán a más escenarios de incumplimiento
Si no cumplen con la DSA, las empresas detrás de estos servicios digitales también se verán expuestas a sanciones. En general, la ley establece una serie de sanciones que no podrán superar el 6% del volumen de negocios anual global de la compañía (artículo 52, en la imagen) y que aplican para todas las empresas.

Como ocurre con las obligaciones, también las multas son proporcionales, en este caso a la gravedad o la duración de la violación de la ley. En el caso de las plataformas y buscadores en línea de muy gran tamaño, la ley amplía los supuestos en los que las compañías pueden ser multadas por cometer una violación de sus obligaciones, como en el incumplimiento de medidas cautelares o de aquellos compromisos que hayan sido declarados vinculantes, como será el caso del Código de Buenas Prácticas contra la Desinformación si se convierte en código de conducta. También pueden recibir sanciones si proporcionan información incorrecta o si se niegan a someterse a una inspección por parte de las autoridades europeas.

¿Quiere decir esto que la Comisión Europea podría multar a una plataforma por, por ejemplo, los contenidos ilegales que publiquen sus usuarios? No exactamente. Hay algunos supuestos en los que la DSA exime a los servicios de ciertas responsabilidades. En el caso de contenidos ilícitos, un servicio que se limita al alojamiento de datos o a la transmisión de información no tendría responsabilidad sobre un contenido si puede demostrar que no ha sido partícipe de su creación ni lo ha modificado. Es decir, si prueba que no sabía de su existencia. En cualquier caso, aunque no esté obligado a monitorizar todo el contenido que alberga, sí deberá crear mecanismos para que los usuarios puedan notificarlos.
