MENÚ
Se está hablando mucho de la posible repercusión de la orden ejecutiva que ha firmado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que toca uno de los puntos más importantes para el funcionamiento de Internet tal y como lo conocemos hoy. Dado que las decisiones de Twitter de modificar y ocultar algunos de sus tuits fueron el desencadenante, las redes sociales son las que están en la mira. Sin embargo, no hay que olvidar que de salir adelante también repercutiría en otras plataformas como YouTube, Airbnb, Booking...
De mantenerse en vigor, podría causar un cambio drástico en cómo lo hacemos porque estas compañías podrían empezar a cargar con una responsabilidad judicial por las cosas que publicamos y comentamos en ellas que ahora no tienen. A nosotros, en Europa, nos afectaría indirectamente en cualquier caso.
Si lo piensas, cuando una persona es acusada de delito de odio por un tuit que ha publicado, por ejemplo, es la persona en cuestión la que es llevada a los tribunales, pero no Twitter. En Europa, cada caso es diferente pero la plataforma podría obligar a retirar un contenido si se lo pide un proceso judicial. “Y no solo eso, sino que tienen que tomar medidas oportunas si creen que un contenido es ilícito; una autoridad puede requerir que tomen acciones”, explica Rahul Uttamchandani, abogado especializado en protección de datos y nuevas tecnologías.
¿En que consiste la inmunidad de la redes sociales en EEUU?
En Estados Unidos, por otra parte, cuentan desde 1996 con una norma recogida en la sección 230 del “Communications Decency Act” que determina que los publicadores de contenido en Internet, como pueden ser las redes sociales, no son responsables de él. Es decir, que no se las puede enjuiciar por que haya un contenido indebido o una mala práctica si el que ha escrito el comentario es una persona ajena a la plataforma.
Estas compañías tecnológicas están basadas en Estados Unidos y por eso se someten a la regulación que hay allí. Cuando asientan una sede en otra zona, como Europa, tienen que adecuarse a determinadas leyes, como pasó con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo en 2018. “No es que se aplicase porque tienen sede en Europa, sino porque la aplicación de la norma iba vinculada a ser ciudadano europeo”, añade Uttamchandani. Esto fue un proceso ya de por sí complicado y excepcional.
Como dice el periodista Alex Barredo, “un futuro sin Sección 230 y con el ‘Artículo 17’ de copyright de la Unión Europea será muy distinto. Caótico, con potencial hacia una descentralización privada ‘todo vale’, o a una ultra-centralización ultra-regulada donde los gobiernos revisen todo”. Es decir, que es imposible adivinar cómo afectaría el que se mantuviese la orden ejecutiva de Trump a las plataformas en Europa.
La norma estadounidense exime a las tecnológicas de la responsabilidad sobre los contenidos
Sin embargo, no es lo único que recoge esa norma, que es sobre la que quiere actuar Trump. Es la responsable de que prácticamente cada vez que se ha intentado acusar a una plataforma tecnológica en EEUU de un perjuicio causado por su funcionamiento o por el contenido que maneja, esta haya salido impune (o casi). ¿Por qué? Pues porque es a lo que se acogen continuamente: ‘yo te pongo los medios y la plataforma para que tú disfrutes el servicio y publiques el contenido que tú quieras, pero yo no me hago cargo de cuál sea’.
En lugar de eso, las plataformas se autorregulan mediante unas políticas, normalmente conocidas en documentos llamados “Normas de Uso” o “Reglas Comunitarias”, que han sido elaboradas por las propias compañías y que son las que marcan lo que puede moverse en ellas y lo que no. Esas políticas son una especie de garantía: siempre y cuando el contenido se ajuste a lo que pone en ellas, las tecnológicas tienen más oportunidades de agarrarse a la protección de la Sección 230 de la “Communications Decency Act” y salir impunes. Esto es lo que llamamos autorregulación, un concepto que definimos en nuestro glosario.
Como señala la revista Wired, “en resumidas cuentas, la Sección 230 es el pegamento reglamentario que sostiene todo lo que amas y odias sobre Internet”.
No sólo afectaría a redes sociales sino al conjunto de tecnológicas, aunque las primeras se vieran más golpeadas
Por eso, precisamente, todo este asunto va un poco más allá. Pese a que la orden ejecutiva se está describiendo como un ataque contra las redes sociales y su funcionamiento, de rebote podría modificar sustancialmente el de otras plataformas, como TripAdvisor y Yelp, donde buscamos y comentamos sitios para comer y para hacer otras actividades, o Airbnb, que usamos para alquilar estancias vacacionales.
En estas plataformas también se publica contenido, no hace falta que sea una red social como tal para que la reglamentación las afecte. Pongamos el ejemplo de Yelp o de TripAdvisor: si no existiese esa sección, los propietarios a los que no les gustasen las reseñas que les dejan podrían demandar a estos servicios por hacer que su restaurante reciba una valoración más baja que afecte a su negocio.
En 2017, Airbnb pasó por un proceso judicial extenso, después de demandar a varias ciudades estadounidenses porque aprobaron una legislación que haría a la tecnológica rendir cuentas por las publicaciones de viviendas ilegales de corto plazo. Ilegales porque las personas que subían su apartamento para alquilarlo no lo registraban como tal y lo que querían los legisladores es que Airbnb pagara impuestos por ellos. Muchas de las personas implicadas defendían la Sección 230 y el hecho de que no se hiciese responsable a Airbnb en esos casos locales porque, ¿no habría que hacer lo mismo con Amazon? ¿Y verificar que cada uno de los vendedores que hacen negocio en su plataforma tienen licencia? En San Francisco, por ejemplo, existen criterios específicos para registrar las viviendas.
Esto no significa que Airbnb no quisiese ejercer cierto control sobre la manera de la que se usa la plataforma para ofrecer casas, sino que quería hacerlo a su manera. De ahí la importancia de las normas comunitarias propias que os explicamos antes. Ahora, por ejemplo, no puedes subir una vivienda a Airbnb sin aportar cierta información que pruebe su registro en un portal de estas características.
Que Donald Trump firme una orden ahora que limite esa impunidad a la que se acogen las tecnológicas sienta precedentes porque ya no sólo se trata de que podamos compartir un tuit más subido de tono o que se pueda verificar un contenido en Facebook. La forma de regular de estas compañías cambiaría totalmente.
Y, sin embargo, todo tiene pinta de que caiga en papel mojado. Expertos estadounidenses ya han puesto en duda que la orden ejecutiva no vaya a ser rebatida porque confronta con la libertad de expresión online. Las órdenes ejecutivas están sujetas a revisión judicial y pueden ser dejadas sin efecto si los tribunales consideran que su contenido no está conforme a la ley o la Constitución. Pero que se muestre dispuesto a hacerlo ya es destacable, porque es como si empujara a sus propias multinacionales fuera del país.
