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¡Hola de nuevo, malditas y malditos! Empieza un nuevo curso, la oportunidad perfecta para que nos pongáis al día con todas las dudas que os han rondado la cabeza durante el verano sobre esa nueva tecnología que has leído en el periódico, o simplemente para desquitaros con alguna pregunta que no os hayáis atrevido a hacer nunca. Envíanoslas a tecnologí[email protected], a nuestro Twitter, Facebook o a este formulario.
Hoy os hablamos sobre la Lista Robinson, los enormes cables transatlánticos que se colocan en los océanos y mares y la privacidad por diseño. ¿Preparados?
¿Cómo se instalan los cables de Internet transatlánticos? ¿De quién son responsabilidad?
El origen de los cables de red que dan vida a Internet y su colocación en los mares y océanos del mundo es un asunto que sigue provocando mucha curiosidad. Concretamente, nos habéis preguntado cómo se instalan estos cables y de quién son responsabilidad.
Pese a que da la sensación de que nuestra conexión a Internet y nuestras comunicaciones internacionales son siempre inalámbricas, en realidad lo que la asegura son los alrededor de 400 cables submarinos que enlazan diferentes continentes para llevar la conectividad de red de un sitio a otro y que, a su vez, se conectan con toda una infraestructura de torres, antenas y centros de datos a nivel local.
Son cables que recorren aproximadamente 1,2 millones de kilómetros del mundo -tres veces la distancia a la Luna- y se colocan en el fondo del mar. A la hora de instalarlos en la zona más próxima de la costa, se entierran para que no se vean o importunen. Sin embargo, en alta mar, están depositados directamente sobre el lecho marino.
También varían en longitud: hay cables de 131 kilómetros, como uno que comunica Irlanda con Reino Unido, pero también existen de hasta 20.000 kilómetros para enlazar Asia con Estados Unidos. Los primeros cables conectaban EEUU con Reino Unido, aunque a día de hoy hay zonas sin conectar (como Australia y Sudamérica) porque se considera que no realizan un intercambio de datos significativo.
Según TeleGeography, la firma de telecomunicaciones que ha creado el mapa de referencia del cableado submarino, el cable en sí tiene la anchura de una manguera de jardín. El material de fibra que recibe los impulsos eléctricos es muy fino, pero está recubierto de varias capas de protección y aislamiento del entorno (teniendo en cuenta que deben aguantar años tendidos en el agua).
Colocarlos no es un proceso fácil tampoco: antes de que salga un barco a alta mar con las máquinas necesarias para ir desenrollándolo a lo largo del recorrido, hay que hacer diferentes evaluaciones de dónde se va a colocar y también preparar la zona por la que va a pasar. Por ejemplo, creando una franja donde pueda apostarse el cable.
¿Quién es responsable de toda esa infraestructura? Desde el Comité Internacional de Protección de Cables (ICPC, por sus siglas en inglés), explican a Maldita Tecnología que los cables se colocan atendiendo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que garantiza “libertad para depositar y mantener los cables más allá del mar territorial de cualquier estado costero: a 12 millas náuticas o más de la costa”.
Hay más de cien empresas de telecomunicaciones (como Vodafone, por ejemplo) y consorcios que poseen cables submarinos. El sector ha sido predominante desde su creación, pero ahora, multinacionales como Google, Facebook o Microsoft juegan también un papel importante colocando sus propios cables. En este enlace puedes ver un mapa actualizado de los cables operativos.
“No existe un regulador global de los cables submarinos colocados en alta mar, así que las entidades que los gestionan se coordinan directamente con otras industrias marinas, como la de la pesca, la navegación, la del gas y el petróleo, la energía renovable o la minería del fondo del mar”, afirma el ICPC.
Si un cable se estropea o deja de ser funcional, es su propietario quien se encarga de la gestión y en muchas ocasiones se deja en el lecho marino, según explica el ICPC. Existe un mercado activo de recuperación de material de los cables que luego puede reciclarse, a menos que se haya recubierto de sedimentos o de una forma de vida como un coral.
¿Qué es la Lista Robinson? ¿Por qué están las empresas obligadas a comprobarla?
Puede que muchos de vosotros hayáis oído hablar de la Lista Robinson, a la que te puedes apuntar para evitar que las operadoras y otras empresas te bombardeen con llamadas y mensajes para que compres sus productos. Y si no la conocías, ya estás tardando en finiquitar este artículo para enterarte de qué va la cosa. Ahora bien, ¿por qué están las empresas obligadas a excluir de sus campañas comerciales a las personas que aparecen ahí apuntadas?
La Lista Robinson lleva funcionando desde 1993, aunque en ese momento se utilizaba para que la ciudadanía pudiera oponerse a que le enviaran publicidad por correo postal y no por Internet. Según cuenta a Maldita Tecnología Emilio Suárez, responsable jurídico de Adigital, la asociación que la fundó y dirige desde entonces, el paso a lo digital se hizo cuando entró en vigor la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999 y su reglamento de desarrollo en 2007.
Cuando se disparó el uso de Internet y las empresas aprovecharon para crear nuevas estrategias comerciales, se buscaron maneras de hacer más accesible el derecho a la oposición, que nos asegura que una empresa no utilice los datos personales que tiene sobre nosotros para un determinado fin si se lo solicitamos.
Para facilitar el ejercicio se creó el concepto de fichero de exclusión publicitaria, al que responde la Lista Robinson y que operan en España bajo regulación nacional. No solo para cubrir la publicidad en Internet: la lista hace posible que podamos oponernos a recibir llamadas indeseadas, correos electrónicos, SMS, etc.
Luego entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales y su uso se extendió más aún. A día de hoy hay cerca de 1.200.000 personas inscritas en ella, según Suárez, aunque no es el único fichero que hay con esta función.
Ahora, la gran pregunta: ¿por qué están las empresas obligadas a mirar esa lista antes de contactar a la gente para una campaña publicitaria? Los ficheros de exclusión publicitaria como la Lista Robinson vienen incluidos el artículo 23 de la LOPD, que dice que pueden crearse “sistemas de información” que incluirán “datos imprescindibles para identificar a los afectados” con el objetivo de “enviar el envío de comunicaciones comerciales a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a recibirlas”.
Las empresas tienen que mirar esta lista si los ciudadanos no han dado su consentimiento para que se les contacte porque es una forma válida que tienen de ejercer su derecho a la oposición del uso de datos.
¿Y por qué es Adigital quien tiene que gestionar los datos de la Lista Robinson? La ley también indica que las entidades que manejen ficheros como esta lista deben tener el visto bueno de la Agencia Española de Protección de Datos (la autoridad de control competente), como es el caso de la asociación.
“El sistema de consulta de la Lista Robinson por parte de las empresas fue diseñado para garantizar que estas nunca tengan acceso a los datos de los ciudadanos inscritos, al mismo tiempo que nosotros no tenemos acceso a los datos de la empresa”, nos explica Suárez.
Si quieres apuntarte a la Lista Robinson, puedes hacerlo desde este enlace. Ten en cuenta que el efecto no es inmediato: si una empresa ya ha iniciado una campaña publicitaria y no estabas apuntado desde antes en el fichero, podrás seguir recibiendo comunicaciones.
¿Qué significa “liberar el código” de una aplicación?
Se ha hablado mucho en los últimos días de la aplicación de rastreo de contactos Radar COVID y la necesidad de “liberar su código”. De hecho, alrededor de 200 académicos han firmado un manifiesto pidiendo al Gobierno expresamente que lo hagan. A raíz de ello, surge la siguiente pregunta: ¿qué significa “liberar el código y por qué es importante?
Liberar el código informático de una aplicación tecnológica consiste en hacer públicas las instrucciones con las que se ha creado tal aplicación. El código en sí es como se llama a las secuencias de comandos que crean los programadores para que un programa informático ofrezca un servicio de una manera concreta, y viene representado por líneas y más líneas de operaciones (que no todo el mundo sabe interpretar, claro está).
Publicarlo para que cualquiera pueda consultarlo sirve para que la sociedad civil y otros actores que no son las empresas o instituciones que lo han creado puedan analizarlo por su cuenta y comprobar que lo que dicen sus desarrolladores que hace y no hace es cierto.
¿Qué tiene esto de beneficioso? Por una parte, que atiende a un principio de transparencia que da mayor credibilidad y confianza a los proyectos tecnológicos. Por otro lado, al hacer público el “manual de instrucciones” de una aplicación, hay otros desarrolladores, académicos, investigadores y profesionales del campo que pueden estudiarlo para encontrar fallas en él y proponer soluciones.
Esta no es una práctica muy común en España, pero sí es deseable dentro del principio de transparencia que citamos. De hecho, es tan recomendable hacerlo que la Unión Europea cuenta con una licencia estándar pensada para que las administraciones públicas puedan liberar un programa elaborado por ellas.
No hacer público el código de ciertas herramientas informáticas también puede acarrear problemas: en España, por ejemplo, la fundación Civio lleva más de un año intentando acceder al código fuente del programa BOSCO, diseñado para decidir qué solicitantes tienen derecho a recibir la ayuda del bono eléctrico y cuáles no, y saber en qué parámetros se basa para hacerlo.
En el caso de Radar COVID, la comunidad académica lo pide porque es una aplicación que busca implantarse de forma masiva en la población y que está enmarcada en una crisis sanitaria, por lo que la transparencia es esencial para que se pueda adoptar de forma eficaz.
Por otra parte, la tecnología en la que está basada la app (y de la que te hablamos aquí), un protocolo llamado DP3-T, se ha diseñado con el objetivo de preservar la privacidad de las personas y se ha hecho público desde el comienzo. Por tanto, uno de los requisitos para usarlo es que las administraciones que lo hagan también publiquen su documentación.
¡Un segundito más!
No somos técnicos o ingenieros pero contamos con mucha ayuda de personas que son expertas en su campo para resolver vuestras dudas. Tampoco podemos deciros qué servicio usar o dejar de usar, solo os informamos para que luego decidáis cuál queréis usar y cómo. Porque definitivamente, juntos y juntas es más difícil que nos la cuelen.
Si tienes cualquier duda sobre esta información o cualquier otra relacionada con la manera de la que te relacionas con todo lo digital, háznosla llegar:
Primera fecha de publicación de este artículo: 08/09/2020.
