“En el año 2001, el Gobierno aprobó un Plan Hidrológico Nacional (PHN), que hubiera resuelto el problema del abastecimiento de aguas en Cataluña y después fue suspendido por razones ideológicas por el señor Rodríguez Zapatero”. Estas declaraciones son de José María Aznar, expresidente del Gobierno de España (1996-2004), en referencia a la situación de emergencia por sequía que atraviesan actualmente las Cuencas Internas de Cataluña.
Aportamos contexto sobre el Plan Hidrológico Nacional aprobado en 2001, en la etapa de Aznar, por qué se modificó —que no derogó— en 2005, cuál era la posición de la Unión Europea con respecto a ese plan y qué críticas recibió, más allá del Gobierno de Zapatero (2004-2011), durante su tramitación y aprobación.
Plan Hidrológico Nacional de 2001: qué decía y cómo planteaba llevar agua al sur y al Levante
“Ese Plan Hidrológico conectaba todas las cuencas de España, suministraba agua al Levante español y era el abastecimiento de aguas de Barcelona”, dice Aznar.
Se refiere a la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, el texto legal que busca gestionar los recursos hídricos de toda España para, entre otras cosas, hacer frente a las sequías. Cuando se aprobó por el Gobierno del PP con el apoyo de CiU y Coalición Canaria, incluía una serie de trasvases de agua entre cuencas hidrológicas: del Ebro a las Cuencas Internas de Cataluña , del Ebro al Júcar , del Ebro al Segura y del Ebro al Sur (actual Cuencas Mediterráneas Andaluzas). También permitía trasvases de pequeña cuantía “entre diferentes ámbitos territoriales”, sin especificar. Estos trasvases no existen en la actualidad.
Según el texto de la ley, estos trasvases sólo se podían usar para abastecimiento, mejora de ecosistemas degradados y consolidación del suministro de agua para regadíos precarios, ya fuera porque les faltara agua o porque no hubiera "la suficiente garantía" de que tendrían en el futuro. También prohibía usar estas aguas para crear nuevos regadíos o ampliar los existentes en cuencas receptoras de estos trasvases (Cataluña, Júcar, Segura y Sur). Del mismo modo, los trasvases tenían que garantizar que se podían cumplir los usos de la cuenca que cedía el agua, es decir, la del Ebro.
Ese PHN establecía también un canon del trasvase, una tasa que buscaba compensar a las cuencas que cedían agua (Ebro) y que debían pagar quienes recibían las transferencias. El dinero recaudado por ese canon se debía destinar a actuaciones ambientales, como recuperación del uso del agua y del entorno, mejorar la calidad del agua o la restauración forestal.
Esta ley también incluía 863 infraestructuras hidráulicas como embalses, desaladoras y canales, algunas nuevas y otras a ampliar, para hacer cumplir el Plan (visibles en este gráfico interactivo de El País de 2001). El Gobierno tenía la intención de que parte de la financiación de esas obras proviniera de fondos europeos.
El siguiente gobierno, del PSOE, suprimió el proyecto de trasvase del Ebro aunque no derogó el PHN al completo
En otras declaraciones, Aznar dice: “Ese Plan de 2001 estaba hecho, estaba aprobado y mi sucesor (Zapatero), solamente por razones ideológicas, lo derogó”.
El PHN no se derogó como tal. Se modificó en 2004 y en 2005 para cambiar el contenido de algunos artículos —por ejemplo, las infraestructuras a construir— y derogar, precisamente, los que hacían mención a las transferencias del Ebro y el canon del trasvase. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sigue recogiendo este PHN en su apartado de documentación y los planes especiales de sequía (como este del Júcar, de 2023) siguen incluyendo este PHN en su marco normativo.
Para cambiar el Plan, el Gobierno del PSOE de 2004 esgrimió motivos económicos, ambientales, de evaluación de impacto ambiental y técnicos. Resumimos a continuación los argumentos:
Económicos: “Se han exagerado los beneficios del proyecto, infravalorado los costes y en algunos casos ni han sido tomados en consideración. La estructura de precios no ha sido suficientemente bien explicada”.
Ambientales: “No se han analizado los efectos de una reducción de las cantidades de agua a trasvasar. No se despejan incertidumbres sobre el caudal del Ebro ni se han adoptado medidas para proteger el Ebro y su delta. No se ha asegurado la protección de especies protegidas y existe riesgo de propagación de especies invasoras”. Hay que decir que el PHN de 2001 recogía la elaboración de un Plan Integral de Protección del Delta del Ebro, pero no se llegó a aprobar antes de que se modificase esta ley.
De evaluación de impacto ambiental: “No se recoge información sobre la toma y distribución del agua del trasvase, bombeos o instalaciones eléctricas, clave para determinar su consumo de energía y el cumplimiento por España del Protocolo de Kioto. Tampoco se ha informado sobre el aumento de salinidad previsto, pospuesto a estudios futuros, que pueden llegar cuando el daño es irreparable”.
Técnicos: “Ausencia de rigor en estudios sobre disponibilidad efectiva de agua para trasvasar. No es posible determinar cuánta agua puede ser transferida, ni con qué garantías”.
Así, el Ejecutivo de Zapatero defendió eliminar los trasvases (y las obras que se tenían que hacer para completarlos) y en su lugar apostar por la construcción de desaladoras para aumentar los recursos en las cuencas del Sur, Segura, Júcar e Internas de Cataluña.
En respuesta a Maldita.es, David Saurí, profesor de Geografía de la Universitat Autònoma de Barcelona experto en la gestión de recursos hídricos, opina que los argumentos del Gobierno de 2004 eran “sólidos” y también sirven para “contrarrestar opiniones que ahora, con la sequía que padecen las Cuencas Internas de Cataluña, vuelven a aflorar, como que ‘el Ebro tira agua al mar’”.
Desde su punto de vista, “el principal problema eran los efectos sobre el delta del Ebro y la falta de estudios rigurosos sobre disponibilidad de agua futura a tenor del cambio climático y los cambios en usos y cubiertas del suelo”. “Ahora se sabe que las previsiones que se hicieron sobre caudales a trasvasar se basaban en datos de precipitaciones de periodos mucho más lluviosos que los actuales”, agrega.
Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua y maldita que nos ha prestado sus superpoderes, considera que los argumentos del Gobierno de Zapatero “están bien fundamentados” porque se basaron en informes que el Gobierno de Aznar encargó a universidades y centros de investigación cuando el PHN estaba gestándose como anteproyecto de ley. Dichos informes, recuerda Martínez, “nunca fueron expuestos públicamente por el Gobierno de Aznar”. Los expertos que elaboraron los informes los reunieron en un libro: El Plan Hidrológico Nacional a debate, publicado en junio de 2001, un mes antes de la entrada en vigor de la ley.
La posición de la Unión Europea sobre el PHN de 2001: dudas sobre el impacto ambiental de los trasvases
Aznar dice: “Este plan fue aprobado por la Unión Europea y estaba financiado por la UE, habían empezado las obras”. Cuando el plan se modificó por Zapatero sí se habían iniciado los trámites para algunas obras, pero la UE no había aprobado financiación para el proyecto.
Es cierto que habían comenzado intervenciones antes de la modificación de 2004: anuncios de licitaciones en el BOE corroboran que había en marcha contratos de obras y de redacción de proyectos. El propio Aznar participó en actos de colocación de la primera piedra en Murcia y Almería, territorios que habrían recibido agua del Ebro.
Rogelio Galván, ingeniero técnico de obras públicas que ha participado en la planificación hidrológica de la cuenca del Ebro y maldito que nos ha prestado sus superpoderes, agrega que se había creado la sociedad pública TRASAGUA para abordar las inversiones en las infraestructuras necesarias para el trasvase.
Sobre la posición europea, Galván recuerda que la Comisión (el ‘Gobierno’ de la UE, quien gestiona la política comunitaria) no tenía una opinión global sobre el PHN, como defiende Aznar, “sino sobre la financiación europea del mismo”. Muchos de los anuncios de licitaciones del BOE recogían, como información extra, que para algunos proyectos se había “solicitado financiación con cargo a fondos estructurales de la UE”. Según Galván, la Comisión “manifestaba dudas sobre aspectos económicos y ambientales”.
Martínez, detalla que dos organismos de la Comisión –la Dirección General de Medioambiente y la de Mercado Interior– enviaron informes que expresaban una opinión negativa en 2004. El de Medioambiente mostraba dudas sobre cuánto caudal tendría el Ebro tras los trasvases y cómo afectaría esto a su delta; el de Mercado Interior desaconsejaba la financiación europea por “incumplimientos relativos a las normas de licitación pública en el mercado interior europeo”, según resúmenes publicados en medios de comunicación.
En las hemerotecas de medios y preguntas escritas del Europarlamento hay evidencias sobre cuál era la postura comunitaria sobre el trasvase. Las resumimos a continuación:
Mayo de 2002: El País recoge que la comisaria europea de Medioambiente, Margot Wallström, pide al Gobierno español más información sobre el PHN “por su gran escala y el gran interrogante de las transferencias de agua que contempla”.
Marzo de 2003: La Voz de Galicia y El País detallan informes de las direcciones generales de Medioambiente y Mercado Interior con opinión negativa sobre el trasvase del Ebro.
Marzo de 2003: Radio Huesca recoge que Wallström estudiará informes contrarios al PHN y el trasvase del Ebro.
Mayo de 2004, tras la llegada del PSOE al Gobierno pero antes de la modificación: El Mundo recoge que Wallström da la bienvenida al “enfoque global” sobre el PHN y que, después de dos años de conversación con el anterior Ejecutivo, la Comisión “seguía teniendo dudas respecto al trasvase del Ebro”.
Sobre financiación europea, la entonces comisaria europea de Política Regional, Danuta Hübner, declaró en una respuesta parlamentaria que el Gobierno de Aznar solicitó financiación de la UE para los trasvases del Ebro por valor de 1.262 millones de euros. Pero, tras el cambio del Gobierno, las autoridades españolas “retiraron oficialmente las solicitudes de financiación”. Por lo tanto, no es cierto que las obras del PHN ya habían recibido financiación de la UE cuando se modificó, como dice Aznar.
El nuevo Ejecutivo del PSOE optó por hacer obras de desaladoras en lugar de las obras del trasvase, como reconoció la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y Hübner.
Críticas al PHN de 2001, más allá de la política
Más allá de las posiciones de uno y otro partido, ¿qué rechazos y apoyos tenía el PHN de 2001 entre la comunidad científica y la sociedad civil? Las resumimos a continuación.
Las posturas en contra al PHN de 2001 se resumían en que los trasvases tienen un grave impacto ambiental (se altera el equilibrio natural del río, se dejan de depositar nutrientes y sedimentos en la desembocadura que son necesarios para los ecosistemas, entre otros argumentos) y pueden generar un conflicto entre territorios que dicen necesitar ese agua y quienes sienten que se les está privando de ella:
Libro El Plan Hidrológico Nacional a debate, coordinado por Pedro Arrojo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza, y que representa a 160 miembros de la comunidad científica española. Es un compendio de informes previos a la aprobación del PHN, algunos solicitados por el Ministerio de Medioambiente de la etapa Aznar, que posteriormente ignoró peticiones para celebrar un simposio sobre estos informes y publicarlos.
Fundación Nueva Cultura del Agua: organización sin ánimo de lucro constituida en el año 2000 al calor de conflictos y organizaciones locales que se oponían a las grandes obras hidráulicas, como la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases. También presentó alegaciones a los trasvases planificados en el PHN.
Organizaciones ecologistas: criticaron el PHN porque “no se basa en un uso racional del agua”, presentaron propuestas alternativas y convocaron manifestaciones.
Plataforma en Defensa de l'Ebre: movimiento social contrario a la política de trasvases y al Plan Hidrológico Nacional.
El PHN de 2001 también tenía posiciones a favor, más allá de las del Gobierno de Aznar, que consideraba estos trasvases de agua como una “satisfacción racional de las demandas en todo el territorio nacional”. Hay que contextualizar que este PHN se aprobó después de una importante sequía que sufrió España en la década de los 90, que afectó principalmente al sureste de la península y tuvo importantes restricciones en el uso del agua para 12 millones de personas, incluyendo al sector agrícola.
Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM): aglutina intereses de empresarios y agricultores del levante, quienes defendían que el trasvase iba a aportar agua y desarrollo económico en una región con fuerte presencia agrícola. Defendían el Pacto del Agua, un documento aprobado por unanimidad en la Asamblea de Murcia que apostaba por medidas que solucionasen lo que consideraban “el déficit hídrico estructural de la cuenca del Segura”.
Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura: el principal colectivo de agricultores que recibe agua del trasvase Tajo-Segura. Convocaron manifestaciones para defender el trasvase ya existente y el proyecto del Ebro.
Bola extra: ¿Qué habría pasado si hubiera seguido adelante el PHN de 2001?
No es posible verificar si el PHN de 2001 habría solucionado o aliviado la sequía y escasez de agua actuales. No obstante, hemos preguntado a los expertos qué creen que habría ocurrido.
Saurí considera que ese PHN no sería coherente con las condiciones hidrológicas y climáticas. “No se trata sólo de que llueve menos, sino también que llega menos agua a los ríos que han de proporcionar los caudales para los trasvases”. Esto se debe porque con el aumento de la temperatura del cambio climático, aumenta la evapotranspiración (agua que se evapora) y las plantas requieren más agua por estrés hídrico.
Este experto también destaca que, cuando se estima el agua trasvasable, la cuenca “excedentaria”, se hace con cálculos “alejados de la realidad, correspondientes a períodos anteriores más fríos y húmedos, que los actuales, más secos y cálidos”. A modo general, Saurí opina que los trasvases, como el Tajo-Segura, pueden derivar en una fuerte conflictividad social y territorial porque existe una gran incertidumbre sobre las garantías del agua que se tendrá en el futuro, especialmente cuando hay poca agua (como en una sequía) y muchos usos a atender (regadíos, consumo humano).
Martínez, por su parte, opina que habría sido “extremadamente improbable” que el trasvase del Ebro saliese adelante “con la enorme oposición social que suscita”. De hecho, el Estatuto de Autonomía de Aragón recogió en su reforma de 2007 un artículo específico para que las instituciones aragonesas “eviten transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la comunidad autónoma”.
En un artículo científico publicado en 2001, la experta explica por qué los trasvases también tienen un impacto negativo en las cuencas que reciben el agua: ante la expectativa de recibir más agua con obras hidráulicas, se anima a aumentar la superficie de regadío, lo que desequilibra la planificación del agua que hace falta en una cuenca “deficitaria”. Es decir, que aunque el PHN no permitiera ampliar los regadíos con agua trasvasada, probablemente otros agricultores querrían poner más regadío con agua local y al final volvería a faltar el agua.
En ese desequilibrio de crecimiento de regadío y obra de trasvase aún no completado, se acude a las aguas subterráneas, que son más difíciles de recargar que las superficiales y que si se explotan de manera no controlada, derivan en pérdidas de biodiversidad y empeoramiento de la calidad del agua (salinización, se pierde autodepuración natural). Y aunque lleguen esas obras, Martínez mira al trasvase Tajo-Segura como un ejemplo de este desajuste: “Veinte años después de la llegada de las primeras aguas del trasvase, el déficit hídrico de la cuenca (del Segura) ha aumentado en una cantidad mayor incluso que todo el volumen de agua del trasvase asignado al regadío”.
En este artículo ha colaborado con sus superpoderes Rogelio Galván, ingeniero técnico de Obras Públicas, y Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
Martínez forma parte de Superpoderosas, un proyecto de Maldita.es que busca aumentar la presencia de científicas y expertas en el discurso público a través de la colaboración en la lucha contra la desinformación.
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