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La ley del 'solo sí es sí': rebajas en las condenas, en qué se basan los jueces, la postura de Igualdad y qué dicen los expertos

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El pasado 7 de octubre entró en vigor la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí'. Desde entonces, diferentes tribunales han revisado y rebajado las penas de algunos condenados por delitos sexuales. Te explicamos lo que está pasando.

¿Se están produciendo ya rebajas de condenas?

Se han dado ya diferentes casos en los que los tribunales han rebajado la pena de condenados por delitos sexuales. A 25 de noviembre ha ocurrido por lo menos en Madrid, Baleares, Andalucía, CantabriaMurcia, Castilla y LeónCastilla-La Mancha, CantabriaGalicia y Canarias, según han anunciado públicamente los propios Tribunales Superiores o confirmado a Maldita.es.

Los expertos consultados por Maldita.es y los juzgados explican que esto se debe a que la ley puede aplicarse con carácter retroactivo siempre que beneficie al reo. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid señalan a Maldita.es que “al haber una modificación legislativa, algunas personas ven una rebaja de la condena”. Pero aclaran que se “revisa caso por caso” y que “en ningún caso se modifica la sentencia, nunca se entra al fondo de la sentencia”.

Además, según El Confidencial, en Cataluña un hombre fue condenado el pasado 22 de septiembre por agredir sexualmente a una mujer y los magistrados consideraron aplicarle ya la ley del 'solo sí es sí', aunque aún no había entrado en vigor, porque con ella le tocaba una pena de cárcel inferior.

Otro ejemplo es el auto de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid por el cual se rebaja la pena de ocho a seis años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su hijastra. En este caso, según se indica: “Con ocasión de la reforma operada mediante la LO 10/2022, que entró en vigor el 7 de octubre de 2022, de reforma del C.P en delitos contra la libertad sexual, la pena mínima que se contempla el art. 183.1 y 3, es de 6 años de prisión: razón por la que conforme a lo dispuesto en el art. 2.2 del C.P. resulta ésta más favorable para el reo, por lo que procede la revisión en el sentido interesado por el penado”.

¿En qué se han basado los jueces para aplicar rebajas de condena?

Los jueces se basan en el artículo 2.2 del Código Penal (CP) que dice que “tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena”. Así lo ha explicado también el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un comunicado.

Artículo 2 del Código Penal.

El catedrático en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Manuel Cancio explica a Maldita.es que la revisión de la condena en caso de que haya una reforma que beneficie al reo “es parte de los derechos del condenado”. Se entiende, dice Cancio, que “no tiene sentido” mantener una pena que exprese la posición de la ley en el pasado cuando el Parlamento ha cambiado el ordenamiento penal y este es mejor para el reo.

El abogado penalista José María de Pablo, que ya había avisado en septiembre cuando se aprobó la ley de las rebajas de condenas que podría causar, detalla a Maldita.es que estas rebajas al hacer la aplicación retroactiva de la ley del 'solo sí es sí' pueden aplicarse tanto a petición del condenado o de oficio por el tribunal. Eso sí, detalla que "en una revisión no se pueden añadir circunstancias que no se contemplen en la condena inicial", como, por ejemplo, la valoración de posibles agravantes. "Se trata de aplicar la nueva ley a lo que ya consideró la sentencia firme", explica.

¿Qué dijo el CGPJ y sobre qué advirtió durante la tramitación de la ley?

La Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha afirmado en rueda de prensa el 15 de noviembre que la ley pasó por todas las voces expertas del Ministerio de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal que “pusieron alguna pega a la proporcionalidad, pero nunca hablaron de revisión” [min 26:36]. Sin embargo, el CGPJ sí que habló de la posibilidad de que se pudieran rebajar las penas si se modificaban las máximas que se establecían hasta entonces en el Código Penal.

El CGPJ alertó el 25 de febrero de 2021, en el punto 245 de su informe preceptivo sobre el anteproyecto de la norma, que la reforma comportaría revisiones de las condenas máximas establecidas antes de la entrada en vigor de la ley: “La reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se haya impuesto las penas máximas conforme la regulación vigente”.

Fuente: Informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual del Consejo General del Poder Judicial (febrero de 2021).

El día después de su rueda de prensa, Rosell tuiteó que el CGPJ "sólo advertía de revisar si bajaban las penas máximas" y que "en otros casos NO se revisaban. (Hasta ayer)". El catedrático en Derecho Penal Manuel Cancio coincide en que "en los informes del CGPJ, de la Fiscalía o del Consejo de Estado no se hablaba de la revisión de penas mínimas". Maldita.es también ha revisado estos informes y no ha encontrado nada relativo a la revisión de penas, excepto el caso sobre las penas máximas que mencionaba el CGPJ.

El informe preceptivo del CGPJ sobre la ley hace referencia a una versión del texto que no es la que hoy está aprobada. Era una versión anterior del anteproyecto del Ministerio de Igualdad. En él se proponía la rebaja de algunas penas máximas. Por ejemplo, se reducía la pena máxima por violación: de 12 a 10 años de cárcel [art.179]. El Código Penal vigente en aquel momento penaba la violación con una horquilla de 6 a 12 años. Ese borrador del anteproyecto, de octubre de 2020, proponía dejarlo en una horquilla de 4 a 10 años.

Tras recibir el informe en el que el CGPJ alertaba de que rebajar esas máximas podría conllevar rebajas de condenas –como han asegurado tanto Irene Montero, como Victoria Rosell– Igualdad decidió no rebajarlas. Este fue el proyecto que aprobó el Consejo de Ministros y que mandó al Congreso, donde ya no se incluía el descenso del máximo de algunas penas, pero sí del mínimo. Por ejemplo, esta versión acabó dejando la horquilla para la violación en una pena de 4 a 12 años. Mantuvieron el descenso en el mínimo, pero no en el máximo. El CGPJ en su informe no se pronunciaba sobre la disminución de estos mínimos y la ley acabó saliendo adelante en el Congreso dejando la pena por violación en esa horquilla de 4 a 12 años [art. 179].

¿Dijo el Ministerio de Igualdad que no se iban a producir rebajas en las condenas?

El Ministerio de Igualdad negó que pudieran producirse rebajas en las penas. En agosto, El Confidencial publicó un artículo que señalaba que el abogado de 'la manada' estudiaba pedir una reducción de las penas impuestas una vez que la ley entrara en vigor. Rosell lo tildó de "pura propaganda del defensor de los violadores": “No habrá revisión de las penas de 15 años: no hay atenuación ni despenalización”.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, también tachó la posibilidad de que hubiera revisiones de condenas con la nueva ley de "propaganda machista". Aseguró que la jurisprudencia era muy clara: “Tanto la Fiscalía General del Estado como la jurisprudencia en nuestro país es clara respecto a que si las penas impuestas entran dentro del nuevo rango de penas, de la nueva horquilla de penas que salen de la nueva ley, no cabe la revisión de penas”. Así se expresó en comisión en el Congreso el pasado 2 de noviembre y añadió que “todo condenado tiene derecho a pedir con la modificación de una ley una reducción de penas”, aunque indicó que en ese momento “todavía” no se conocía “una sola reducción de penas y no se va a conocer, es propaganda machista” [min. 1:36:33].

No obstante, el auto de la sección nº17 de la Audiencia Provincial de Madrid que recoge la rebaja de la pena –de 8 a 6 años– al padrastro que penetró a su hijastra que en ese momento tenía 13 años –al que ha tenido acceso Maldita.es– tiene fecha del 7 de octubre, día en el que entró en vigor la norma y, por lo tanto, previo a las declaraciones de Montero. Otro caso sucedido en Cataluña y publicado por El Confidencial trata de una sentencia del pasado 22 de septiembre, antes también de las declaraciones de la ministra y antes incluso de la entrada en vigor de la propia ley.

La Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, habló de “bulos machistas” cuando La Vanguardia publicó un artículo que hablaba de “brechas en la ley”. Además, señaló a los abogados que defienden estas causas y tildó sus advertencias como “propaganda machista”.

Igualdad dice ahora que la nueva ley no se está aplicando bien, ¿qué dicen los expertos?

Al conocer la primera rebaja de una condena tras la aplicación de la ley publicada por El Mundo el 15 de noviembre, la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, se pronunció en Twitter y aseguró que el problema “no era la ley”. Dijo que, para rebajar la condena, el tribunal “obvia el abuso de superioridad del padrastro”.

En una rueda de prensa esa misma tarde, Victoria Rosell reiteraba que el problema no era la ley: “Siempre hay un margen de aplicación de la ley”. Explicaba Rosell que el Gobierno y el poder legislativo ya habían hecho su trabajo y que ahora llega el turno del poder judicial: “Tiene que hacer también su trabajo, formándose y aplicando la ley completa tal como es. No de una manera tan reaccionaria y sorprendente”.

Para la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, existen “serios problemas con el Poder Judicial, sus sesgos de género y su interpretación de la realidad que juzgan”. La ministra Irene Montero explicó al día siguiente en una declaración ante periodistas, que "hay jueces que están incumpliendo la ley" y que confía en que se unifiquen los criterios “para garantizar la protección de las mujeres tal y como establece la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y que no queden en la impunidad los agresores”.

Para el catedrático en Derecho Penal Manuel Cancio, "para cada caso, habría que estudiar qué pasaría si el delito fuera juzgado con la nueva ley. Si aplicando los nuevos baremos la pena sería la misma, no cabría la revisión de la pena". Así, según Cancio, "para la revisión habría que hacer un ejercicio que no es simplemente sustituir la pena mínima anterior por la nueva, como están haciendo algunos juzgados, sino estudiar caso por caso cómo se penarían de acuerdo a la nueva ley, ya que no es que se estén bajando las penas por un tipo de delitos, sino que se están fusionando dos delitos en uno nuevo".

Sin embargo, el también catedrático en Derecho Penal, de la Universidad del País Vasco, Norberto Javier de la Mata sostiene que esto no sería así, poniendo el ejemplo de que "si a alguien se le condena a ocho años por delito de sedición, que ahora tiene una pena de ocho a diez años, cuando se reforme el delito y se aplique una horquilla, por ejemplo, de cuatro a ocho años, o de dos a ocho, no se podría mantener los ocho años".

Coincide con él el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid Julio Banacloche, que afirma que, aunque la pena se encuentre dentro de los nuevos baremos, "por supuesto que se debe revisar. Cuando desaparece o cambia un tipo penal, hay que mirar si el nuevo le sería aplicable al condenado por el tipo antiguo, y si es así, si conllevaría una menor pena".

¿Qué dice el Gobierno sobre la posibilidad de reformar la ley?

Otros miembros del Gobierno, como la ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, se abrieron el martes 15 de noviembre a la posibilidad de reformar la ley. Montero señaló que hay que “estudiar” la ley “con detenimiento”. “Evidentemente no era el objetivo de la ley el que se pudieran rebajar las penas con motivo de abusos a menores. Todo lo contrario. Habría que estudiar las sentencias para ver en qué cuestiones se ampara y el propio texto legal”.

Algo en lo que coincidió Patxi López, el portavoz parlamentario socialista, que resaltó en 'Más Vale Tarde' que “lo primero” es analizar las sentencias y luego “ver si estas situaciones las permite la ley, porque entonces habrá que analizar la ley”. López pidió que no se generalizara con lo que se conocía hasta el momento: “Hay cuatro sentencias, estudiémoslas y acotémoslas”.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó también el martes que “corresponde a los tribunales y a la Fiscalía unificar esa doctrina”. Así lo ha señalado en una rueda de prensa tras una cumbre del G-20 en Bali [min 38:10]. El presidente ha pedido que se espere a que los tribunales unifiquen esa doctrina “para extraer conclusiones” y ha resaltado que la voluntad tanto del poder ejecutivo como del legislativo con esta norma fue “claramente reforzar las seguridades de las mujeres”.

¿Podrían dejar de rebajarse las penas con una nueva reforma?

El abogado penalista Jose María de Pablo explica a Maldita.es que una nueva reforma que endurezca las penas no sería aplicable a los que han visto ya revisadas sus penas, ni tampoco a los que lo están pidiendo ahora: “A cualquiera que haya cometido un delito sexual antes de hoy, se le aplicará siempre la ley penal más favorable que haya estado en vigor desde que cometió el delito, que seguirá siendo la redacción actual del ‘solo sí es sí’ por mucho que se modifique en el futuro”. Esto viene recogido en el artículo 9.3 de la Constitución, que dice que la Carta Magna garantiza “la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”.

En ello coincide la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga Elisa García: "La ley ya está vigente y sus efectos se mantienen hasta que se apruebe una nueva. Los efectos retroactivos en favor del reo es un derecho constitucional. Está prohibido los efectos negativos en perjuicio del reo, por lo que una nueva ley no podría hacer que los casos mejorados con esta ley vuelvan al estado anterior".

¿La ley unifica los delitos de agresión y abuso sexual? ¿Reduce algunas penas anteriores?

La ley del ‘solo sí es sí’ modifica algunos aspectos del Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual. Entre ellos, la norma elimina la distinción entre abuso y agresión sexual. Ahora, con la nueva reforma todo queda englobado en el delito de agresión sexual y pasa a considerarse así todo acto sexual que se produzca sin consentimiento.

Además, la norma reduce las horquillas mínimas en algunas de las penas, lo que ha hecho que algunos condenados hayan pedido la revisión de las mismas. Por ejemplo, para un caso de violación [art. 179] se contempla una pena mínima de cuatro años frente a los seis del CP anterior [art. 179 de la anterior actualización del CP].

¿La ley contemplaba una disposición para evitar rebajas de condena? ¿Se puede hacer?

En una rueda de prensa Rosell este 15 de noviembre señalaba que la ley pasó por el Congreso de los Diputados y por el Consejo de Estado y que no se planteó ninguna enmienda para introducir una disposición transitoria ni ninguna modificación similar. Según señala el abogado penalista Jose María de Pablo a través de su cuenta de Twitter, la ley de Garantía de la Libertad Sexual no contiene “la habitual disposición transitoria que limite los casos de posible revisión de condenas”. Preguntado por Maldita.es, afirma que "si hubiera habido disposición transitoria los reos hubieran tenido derecho a revisión solo en los casos que marque esa disposición, salvo que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional esa limitación" y destaca que "hasta ahora nadie ha recurrido ninguna disposición adicional de este tipo" al Constitucional.

Legálitas, una empresa de asesoría legal, asegura a Maldita.es que esta disposición transitoria "debía haber especificado que se restringía el efecto retroactivo de forma clara, diciendo que las nuevas penas no afectarían a las sentencias dictadas antes de que entrara en vigor la ley".

De hecho, José María de Pablo en un hilo en Twitter ponía como ejemplo la reforma del Código Penal de 1995. Esa reforma llevaba una disposición que aseguraba que "en las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este Código cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo Código". Es decir, que si una pena de cárcel seguía siendo compatible con el nuevo CP, no se reduciría.

Fuente: Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal.

Sin embargo, para Manuel Cancio "la necesidad de revisar las penas no es susceptible de ser tratada por una disposición transitoria. Las reformas del Código Penal o la proposición de ley para reformar el delito de sedición lo que hacen es decir cómo se deben revisar las condenas, pero una disposición que dijera que no se pueden revisar las sentencias anteriores a la entrada en vigor de una ley sería inconstitucional". Cancio defiende esto diciendo que "en nuestro sistema jurídico no se puede seguir teniendo en la cárcel a una persona por un delito que ha dejado de existir en el ordenamiento legal".

Coincide en este punto Norberto Javier de la Mata, catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, que dice que "dicha disposición transitoria, que entiendo debería decir que la ley no tendría carácter retroactivo, sería absolutamente anómala y me atrevería a decir que inconstitucional. Implicaría una derogación del vigente artículo 2.2 del Código Penal. Pero no sólo eso, vulneraría todos los principios existentes y no discutidos del Código Penal: retroactividad de la ley penal favorable entre otros".

Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya, afirma en el mismo sentido que "las disposiciones transitorias de la ley pueden concretar cómo deben proceder, pero hay algo que está por encima de lo que puedan disponer tales transitorias y es la retroactividad de las leyes favorables al reo. La decisión debe tomarla cada tribunal respecto a cada caso concreto".

¿Qué partidos votaron a favor de la ley del 'sólo sí es sí' en el Congreso?

La ley del 'sólo sí es sí' es una ley orgánica. Por lo tanto, de acuerdo con la Constitución Española, debe aprobarse con mayoría absoluta en el Congreso (es decir, más de la mitad de los votos). Esto sucedió el 25 de agosto de 2022, cuando el proyecto de ley salió adelante con 205 votos a favor, 141 en contra y 3 abstenciones.

Los partidos que votaron a favor de la ley fueron el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya, Compromís, Junts, PdeCAT, Más País, el Bloque Nacionalista Galego, Ciudadanos, PNV, EH-Bildu, Teruel Existe y Coalición Canaria, así como la diputada independiente (antiguamente en el grupo parlamentario de Unidas Podemos) María del Carmen Pita y cuatro diputados del PP.

En contra votaron el Partido Popular (excepto esos cuatro diputados), Vox, un diputado del PNV, UPN, FORO Asturias y el diputado independiente Pablo Cambronero, anteriormente en el grupo parlamentario de Ciudadanos. Se abstuvieron los diputados de la CUP y el del Partido Regionalista Cántabro.

¿Qué dicen las asociaciones progresistas de jueces y fiscales sobre la aplicación de la ley?

La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia ha considerado en un comunicado “muy desafortunadas e inapropiadas” las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que asegura que la rebaja de las penas a condenados por abusos sexuales se debe a cómo los jueces que están interpretando la ley del ‘solo sí es sí’ y no a la norma en sí misma.

Para Montero es el machismo lo que puede hacer que “haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley y que la apliquen de forma errónea”. La asociación de magistrados señala en su comunicado que “la reforma de las penas con las que se castigan algunos delitos conlleva la necesidad de revisar sentencias por exigencia de principios constitucionales”. Algo que, explican, ya “advirtió” el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el informe preceptivo que enviaron antes de que se aprobara la Ley.

La asociación incide en que si el Ministerio “no alcanzó a ver esa consecuencia” eso no justifica que “se arremeta contra los jueces tachando sus decisiones como justicia machista o considerando una aplicación defectuosa”.

Para la Unión Progresista de Fiscales las declaraciones de Montero son “inadmisibles” y “descalificaciones genéricas”. En otro comunicado, en este caso publicado en sus redes sociales, esta organización recuerda que la revisión que hacen los jueces y fiscales se hace con “escrupuloso respeto” a las garantías del procedimiento y a la ley aprobada en el Parlamento.

¿Qué puede pasar a partir de ahora?

La catedrática en Derecho Penal Elisa García explica que lo normal es que ahora algunos de estos casos lleguen al Tribunal Supremo, ya sea a través de la defensa o la Fiscalía si estas deciden recurrir. “El alto tribunal tiene criterios muy restrictivos para aplicar con efectos retroactivos la ley penal más favorable. Es por eso que puede anular algunas sentencias que se estén cambiando, o no”, señala.

El Supremo estará entonces obligado a pronunciarse en todos los asuntos que le lleguen y en los que por ley son competentes, como sería el caso de estas rebajas de penas. Para sentar jurisprudencia, dice la experta, bastarán un par de sentencias del Supremo en la misma línea para que “pueda usarse como jurisprudencia en tribunales inferiores". "Mientras más sentencias en un mismo sentido, más consolidada será la postura del Supremo”, explica. Señala que “lo normal” es que el Supremo resuelva en el mismo sentido, todavía no se sabe cuál, pero “lo esperable” es que sea en el mismo.

Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid resalta que, en última instancia, todo es recurrible y puede acabar en el alto tribunal: “Ante controversia en la aplicación de una norma, el Supremo convoca un pleno no jurisdiccional –aunque no esté previsto en ninguna parte de la ley– para marcar una línea ante las distintas interpretaciones”. No es obligatorio, dice, pero podría ayudar a “organizar las cosas”. Ante esto, podrá haber tribunales que no actúen como el Supremo, pero entonces, señala García, la parte perjudicada podrá recurrir.

En todos estos procesos de revisión de las penas, dice Cancio, tiene que intervenir el Ministerio Fiscal, “que podría sacar una circular, como han hecho otras veces” y, así, a diferencia de los tribunales, “los miembros de Fiscalía estarían bajo jerarquía y todos los fiscales tendrían que seguir esas pautas”. El catedrático explica que esta circular “no sería vinculante nada más que para la posición de los fiscales, pero marcaría una línea, que tendría su valía”. La Fiscalía sí podría emitir esta circular “de un día para otro”, pero el Supremo no podría pronunciarse tan rápido: “Tendría que llegarle el asunto y convocar el pleno jurisdiccional”. **El 21 de noviembre, la Fiscalía dictó un decreto para que los fiscales den una "respuesta uniforme", publicó Europa Press: revisarán caso por caso "sin automatismos y sólo se contemplarán modificaciones cuando la pena impuesta "exceda en abstracto de la que correspondería imponer en aplicación de los preceptos de la nueva legislación penal". Es decir, la Fiscalía establece que no habrá revisiones de penas cuando la que ya estuviera impuesta quepa en el marco de la ley.

Desde el Ministerio de Igualdad aseguran que la circular de la Fiscalía sobre una reforma anterior del CP ya es jurisprudencia. Pero García explica que no es así, que esto solo “instruye a los fiscales” que deben actuar e informar en estos casos “sobre la rebaja de la pena por aplicación de la ley más favorable al reo, cómo debe actuar o qué debe pedir”. La catedrática en Derecho Penal señala que así, de alguna manera, unifica la postura de la Fiscalía, que es una de las partes: “El juez es el que dirime la cuestión y solo lo hace atendiendo a la ley y a la jurisprudencia del Supremo”.

Además, Cancio señala que esa jurisprudencia a la que hacen referencia desde Igualdad, a la disposición transitoria 5 del Código Penal de 1995, ya no estaría en vigor porque se refiere a una ley en concreto: al Código Penal aprobado en 1995. Sin embargo, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de La Rioja difieren en este asunto. En una entrevista en El País, Celso Rodríguez y Javier Marca opinan que la disposición transitoria quinta sigue siendo aplicable porque “de momento es criterio básico y sigue vigente”, explica el presidente del tribunal madrileño. Marca añade además que “hubiera preferido” una disposición transitoria específica “para evitar problemas interpretativos, pero al no haberla se puede aplicar la anterior porque no está derogada”. Aunque entiende que “caben argumentos contrarios” respecto a esto.*

Los jueces de las 15 secciones de la Audiencia Provincial de Madrid se reunirán el próximo 25 de noviembre para estudiar los efectos que la nueva ley del 'sólo sí es sí' sobre delitos sexuales tiene en los casos ya sentenciados y en los que todavía están por juzgar, según han publicado medios como elDiario.es o LaSexta. La reunión buscaría “unificar criterios” ante la rebaja de las penas que se han conocido en las últimas horas.

*A 17, 18, 22 y 25 de noviembre de 2022 se ha actualizado esta información para seguir añadiendo opiniones de expertos e información de lo que está sucediendo con las rebajas de condenas tras la aprobación de la ley del 'solo sí es sí' y las disposición transitoria quinta del Código Penal.

** A 21 de noviembre de 2022 se ha añadido la orden interna de la Fiscalía para que los fiscales no revisen lar penas cuando estas quepan en el marco de la ley de 'sólo sí es sí'. 


Primera fecha de publicación de este artículo: 16/11/2022

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