En corto:
Tanto la Diputación Foral de Bizkaia como la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) dicen a Maldita.es no tener constancia de que se haya producido un repunte de empadronamientos de personas migrantes en situación irregular, al contrario de lo que señalan los contenidos difundidos, que no identifican sus fuentes y afirman que “no se ha podido verificar que este procedimiento concreto se esté aplicando de manera generalizada ni identificar los municipios donde supuestamente se producirían estas actuaciones”.
El empadronamiento de personas sin hogar, tanto nacionales como extranjeras, en espacios públicos (como bancos del parque), es una práctica permitida por la ley. Esta recoge que habitar una “infravivienda” o la “ausencia total de techo” no impide formalizar el padrón, pero sí se debe garantizar que, vivan donde vivan, las personas empadronadas puedan recibir comunicaciones. Así, en los casos más extremos, como el de las personas sin hogar, se deberá reconocer un “domicilio ficticio”, establecido por los Servicios Sociales del municipio, que podrá ser la propia sede de estos o el albergue municipal, entre otros. Ya en 1996 se contemplaba en la ley la posibilidad de empadronar a personas sin hogar.
Respecto al empadronamiento como fin para obtener prestaciones sociales, en País Vasco la Renta Garantizada de Ingresos (RGI) sí puede percibirse aun estando en situación administrativa irregular, al contrario de ayudas estatales como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
En cambio, el padrón no basta para poder participar en procesos electorales, que exigen, entre otras cosas, tener residencia legal. Una vez obtenida, las personas migrantes extracomunitarias pueden participar en elecciones municipales siempre y cuando sus países de origen tengan acuerdos de reciprocidad con España. Actualmente, estos son Noruega, Ecuador, Nueva Zelanda, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Islandia, Bolivia, Cabo Verde, República de Corea, Reino Unido y Trinidad y Tobago. Además, deben demostrar entre tres y cinco años de residencia legal, salvo en el caso de Nueva Zelanda, que no exige periodo mínimo.