La venta de los edificios a Inversiones Holmes S.L.
Según la nota de prensa del 4 de diciembre de 2014, la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía cerró la operación bajo la fórmula de sale and lease back, abonando en primera instancia un alquiler de 23,6 millones de euros anuales. La operación se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 17 de febrero de 2015.
Esta operación, que llevaba intentando cerrarse desde 2011, consiste en una transacción doble en la que se vende un inmueble por parte de la empresa usuaria para después llevar a cabo un contrato de alquiler a largo plazo y seguir haciendo uso de él.
El precio de la venta ascendió a 300 millones de euros, y se pretendía arrendar los 70 edificios durante un periodo de 20 años, permitiendo a la Junta “obtener liquidez sin renunciar al uso administrativo de los edificios”.
Las propiedades, situadas en Sevilla (25), Huelva (9), Cádiz (8), Córdoba (8), Jaén (7), Almería (5), Málaga (5) y Granada (3), también disponían de 949 plazas de aparcamiento asociadas, y se acordó abonar 23,6 millones de euros anuales de alquiler.
La recompra de los inmuebles en 2023
Posteriormente, en 2023 el Gobierno de Andalucía presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, volvió a comprar los 70 edificios públicos por 327.284.000 euros, según una nota de prensa del 8 de enero de 2024 de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, y donde se aseguraba que la operación de la recompra iba a suponer “un ahorro de al menos 35,6 millones de euros cada año, cifra que se pagó en el alquiler de los edificios en 2023”.
Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, explicó que la operación suponía la eliminación de una sola vez del 60% de coste de los alquileres anuales que había venido pagando la Junta de Andalucía hasta el año 2023. Además, insistió en que “en una década, habríamos pagado bastante más por los alquileres de lo que vamos a pagar por la compra”.
Por otra parte, con la recompra de los edificios, se buscaba poner solución al problema que se plantearía en 2034 con la expiración del contrato de arrendamiento suscrito con Inversiones Holmes. Por ello, se buscaba ahorrar en los alquileres y “disipar la incertidumbre de la ubicación de los 8.600 empleados públicos que trabajan en estos edificios tras la finalización del contrato”.