José Blanco fue investigado por el Tribunal Supremo en el marco del ‘Caso Campeón’
En octubre de 2011, José Blanco López, ministro de Fomento entre abril de 2009 y diciembre de 2011 en el segundo Gobierno de Zapatero, fue acusado por el empresario gallego Jorge Dorribo de haber recibido una comisión de 400.000 euros a cambio de supuestos favores ante el Ministerio de Sanidad en el marco de la 'Operación Campeón', una trama de obtención ilegal de subvenciones en Galicia. José Blanco negó los hechos en varias ocasiones.
En noviembre de 2011 la jueza de instrucción del juzgado de Lugo que llevaba la causa remitió al Tribunal Supremo la acusación contra el ministro. También en noviembre de 2011, la Fiscalía del Tribunal Supremo vio indicios de delito por su posible implicación en la causa. Blanco declaró ante el Tribunal Supremo en enero de 2012. Lo hizo a petición propia sin que se llegase a pedir un suplicatorio al Congreso de los Diputados. En julio de 2013 el Tribunal Supremo archivó la causa contra Blanco al considerar que no había indicios de tráfico de influencias.
El exministro Manuel Chaves fue condenado en 2019 por el ‘caso de los ERE’
Manuel Chaves fue ministro de Política Territorial y Administración Pública entre abril de 2009 y diciembre de 2011 durante el primer Gobierno de Zapatero. Tras ser imputado en 2013 en el marco del caso de los ‘ERE’, en 2019 fue condenado por prevaricación a 9 años de inhabilitación como responsable de un entramado para desviar fondos públicos entre los años 2000 a 2009 en la Junta de Andalucía, donde fue presidente entre 1990 y 2009. En 2024 el Tribunal Constitucional anuló su condena y ordenó dictar otra sentencia.
La exministra Magdalena Álvarez fue condenada en el año 2019 en el marco del ‘caso de los ERE’
Magdalena Álvarez fue ministra de Fomento entre abril de 2004 y abril de 2009 durante el primer Gobierno de Zapatero. Y también fue consejera de Economía de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004. Tras ser imputada en el año 2013, en 2019 la Audiencia Provincial de Sevilla la condenó a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación entre los años 2000 y 2004 al aprobar un sistema de desvío de fondos públicos a través de los presupuestos de la Junta de Andalucía en el marco del ‘caso de los ERE’. En junio de 2024 el Tribunal Constitucional sentenció rebajar parte de su pena al considerar que no hubo prevaricación entre los años 2002 y 2004, pero no anuló su condena.