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Los “2.500 millones para derribar presas”: es el presupuesto estatal para restaurar ríos, incluye otras medidas y las barreras que se derriban no son presas grandes

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  • Con las inundaciones tras la DANA, se difunden contenidos que comparten que el Gobierno de Sánchez ha destinado 2.500 millones de euros para derribar presas
  • Esa cifra es la financiación prevista por el Estado para restaurar los ríos hasta 2030, incluye demoler pequeñas presas y azudes (no grandes presas) y otras medidas
  • Los derribos no siempre los financia el Estado, sino el responsable conocido. En la provincia de Valencia, la Administración solo ha tenido que financiar un derribo, según los datos disponibles
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“El Gobierno de Sánchez destina 2.500 millones [de euros] a derribar presas”. Coincidiendo con las inundaciones tras la DANA, diferentes publicaciones y contenidos en redes afirman que se ha destinado esa cantidad de dinero a la demolición de presas en España hasta 2030. Otros añaden que España es un “referente en la demolición de presas”.

Los 2.500 millones de euros es la inversión que la Administración General del Estado prevé hacer en toda la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 2023-2030, un plan que incluye más medidas que eliminar barreras obsoletas en los ríos, como crear inventarios de especies invasoras. Además, las infraestructuras que se eliminan, como hemos explicado, no son grandes presas que crean embalses, sino azudes y otros obstáculos pequeños que ya no se utilizan. Por último, el derribo de muchas de estas infraestructuras no las financia el Estado, sino el responsable conocido. 

Los 2.500 millones de euros son la inversión del Estado para restaurar los ríos

Los 2.500 millones de euros que los contenidos mencionan son la inversión prevista por el Estado en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR) 2023-2030. Este plan nacional busca “alcanzar el buen estado o buen potencial ecológico” en los ríos de España, explica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). 

En el documento de la Estrategia se puede ver tanto la inversión estatal prevista (páginas 17 y 114) como un desglose de las medidas y cuánto se estima que costará cada una (tabla 13, página 115). A esta cantidad de 2.500 millones habría que añadirle la inversión que dedican otras administraciones más allá de la central —comunidades autónomas, municipios e islas— que se mencionan pero no se detallan en el documento.

En el documento se explican las medidas de este plan nacional. La que más dinero recibe es “desarrollo directo de las medidas de conservación, restauración y protección de las inundaciones”, por 1.700 millones de euros (el 68% del presupuesto). Aquí se incluye “la restauración integral de corredores fluviales”, “restaurar ríos con sedimentos contaminados por industrias o minas” e “implementar medidas de protección frente a inundaciones”. Esto se consigue de muchas maneras, entre ellas: eliminando obstáculos e infraestructuras obsoletas, con laminación de avenidas (reducir los caudales máximos en caso de avenidas), canalizando las escorrentías (redirigiendo el agua que fluye libremente por la superficie) o haciendo proyectos de defensa ante inundaciones, entre otros.

No se derriban grandes presas de embalses en uso, sino azudes y otras infraestructuras obsoletas

Como hemos explicado en Maldita.es, las infraestructuras que se derriban dentro de esta Estrategia Nacional de Restauración de Ríos no son grandes presas de embalses que están en uso, sino barreras fluviales: estructuras que interrumpen el flujo de los ríos y que son en su mayoría azudes y presas de pocos metros de altura que han quedado obsoletas o no tienen uso. Estas estructuras no están diseñadas para retener grandes cantidades de agua, como sí hace un embalse, sino que servían para elevar la lámina de agua y desviar el caudal a otros lugares para, por ejemplo, facilitar el riego de parcelas cercanas.

En la página web de seguimiento de la ENRR se puede ver el número de azudes eliminados por demarcación hidrográfica y por año, con datos actualizados hasta 2021. Además, en el geoportal del MITECO se puede ver dónde estaban estas infraestructuras y datos adicionales, como altura de la barrera, río por el que discurre, año de demolición, Administración responsable y, en algunos casos, quién ha financiado el derribo.

Existen infraestructuras aún no contabilizadas por estos datos del MITECO. Esto puede ser porque se han derribado después de 2021 (por ejemplo, el azud del Molí Malanya en Bellús, Valencia) o que se inicia su demolición por otros trámites legales que no tienen que ver con la ENRR (por ejemplo, que se acaba el permiso del aprovechamiento de aguas, como en la presa de Los Peñascales de Torrelodones, en Madrid).

En la provincia de Valencia, todos los derribos (menos uno) han sido financiados por sus titulares

En el caso de las infraestructuras demolidas en la provincia de Valencia, se conoce quiénes han financiado estas actuaciones gracias a los datos que dispone el geoportal del MITECO.

  • El azud del Corindón, demolido en 2017 y de 1,5 metros, estaba en el municipio de Chulilla y en el cauce del Turia, fue financiado por el anterior responsable de esta infraestructura, Iberdrola

  • Las cinco pequeñas infraestructuras en la Rambla de L’Algoder, demolidas en 2006 y sin altura conocida, estaban en el municipio de Real y fue financiado por el titular de la concesión de riego para cumplir con una sanción.

La excepción es el azud del Molí Malanya, demolido en 2022 (y por tanto, aún no está en el geoportal) y situado en el municipio de Bellús, no contaba con titular conocido, por lo que la demolición ha corrido a cargo de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Más allá de la provincia de Valencia, en otros caudales relevantes:

  • El azud de Carburos, demolido en 2017 y de dos metros, no se encontraba en la provincia de Valencia sino en Teruel, en el cauce del Turia. En este caso, fue financiado por el anterior responsable, Endesa.

  • El Aprovechamiento H. El Retorno, demolido en 2015 y de 7,35 metros, tampoco en la provincia de Valencia sino en Albacete, en el cauce del río Cabriel, fue financiado por el titular de la central que absorbió la concesión, Iberdrola.

  • Por último, el azud de Mirasol, en el cauce del Cabriel entre las provincias de Cuenca y Valencia, deberá ser derribado y la financiación correrá a cargo de su anterior titular, Iberdrola.

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