“Loss and damages”. Este término, que se puede traducir como pérdidas y daños, es una de las grandes novedades de la COP27 que se celebra en Egipto. Por primera vez, la financiación de las pérdidas y daños causadas por la crisis climática se ha introducido como un tema de agenda en una conferencia climática, según explicaba en la inauguración de la COP27 su presidente y también ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry. No obstante, las nuevas conversaciones sobre esta cuestión durante la COP tendrán “vistas a adoptar una decisión concluyente a más tardar en 2024".
For the first time since the adoption of the UN climate convention, Parties agreed to introduce #LossAndDamage funding as an agenda item at the climate conference. (1/2) #COP27 pic.twitter.com/Ct8Q6WVnd0
— COP27 (@COP27P) November 6, 2022
El término pérdidas y daños se refiere a los impactos del cambio climático que no se han evitado o no pueden evitarse mediante esfuerzos de mitigación o adaptación. Se pueden deber tanto a fenómenos repentinos como ciclones e inundaciones así como a acontecimientos de evolución lenta como el aumento del nivel del mar y la desertificación. Además, el concepto de pérdidas y daños incluye las pérdidas económicas y las no económicas, como aquellas producidas en la salud humana, en la herencia cultural y en la biodiversidad.
Existen diferentes instrumentos de financiación para afrontar las pérdidas y daños. Uno de ellos son los seguros de riesgo de catástrofe, como el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de México, que busca financiar la recuperación de los efectos que produzca un desastre natural.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
En 1991, la Alianza de Pequeños Estados Insulares lanzó una propuesta para financiar medidas que contrarresten las consecuencias adversas del cambio climático sin usar el término pérdidas y daños. La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), firmada en 1992, incluyó un artículo para “estudiar a fondo las medidas que sea necesario tomar” como la financiación, los seguros y la transferencia de tecnología hacia países en desarrollo para paliar situaciones derivadas de los efectos adversos de la crisis climática o del impacto de la aplicación de medidas de respuesta. La CMNUCC es un documento jurídico internacional que admite el problema del calentamiento global y pide evitar que los gases de efecto invernadero afecten de forma “peligrosa” en el clima del planeta.
En 2013 se aprobó el Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños relacionados con las repercusiones del cambio climático para, entre otros objetivos, “intensificar las medidas y el apoyo a la financiación, la tecnología y el fomento de la capacidad”, para hacer frente a las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático.
Posteriormente, el Acuerdo de París, firmado en 2015, en su artículo 8 reconoce la “importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático” y pone el Mecanismo de Varsovia bajo la autoridad y orientación de la COP.
En la COP26 celebrada en Glasgow (Reino Unido) en 2021, un grupo de 134 países en vías de desarrollo y subdesarrollados conocido como G77 y China lanzaron un comunicado conjunto para pedir una financiación de las pérdidas y daños causados por la crisis climática. Finalmente, se acordó crear un fondo de más de 600 millones de dólares estadounidenses para apoyar la adaptación de los países menos desarrollados y crear el ‘Diálogo de Glasgow sobre pérdidas y daños’ para financiar actividades que eviten, minimicen y afronten las pérdidas y los daños.
En octubre de este año, el G7 (Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Japón e Italia) acordó con el V20 (20 Estados con economías vulnerables al cambio climático donde viven unos 500 millones de personas, como Bangladesh, Malawi y Maldivas) una “cooperación en materia de protección financiera que responda a las pérdidas y daños”.
