Preocupa a organismo seguridad del Padrón Electoral Alerta INE riesgos por la nueva CURP Advierten que ley obliga a entregar datos confidenciales al Gobierno federal ERIKA HERNÁNDEZ El Registro Federal de Elec- tores del Instituto Nacional Electoral (INE) advierte que la Plataforma Única de Iden- tidad y la CURP biométrica provocarán riesgos de confi- dencialidad y seguridad para el Padrón Electoral, e impac- to negativo en elecciones. Esa instancia destaca que en la nueva legislación apro- bada por el Congreso si se obliga al organismo electoral a entregar al Gobierno fede- ral información confidencial de 100 millones de ciudada- nos sin reglas ni "limites". En el informe que pre- sentó el RFE a consejeros y partidos, del que REFORMA tiene copia, advierte que se obliga al INE a proporcionar incluso el código fuente de soluciones tecnológicas y de cualquier programa, lo que resulta "riesgoso". Indica que la CURP pro- vocará el desánimo ciudada- no para tramitar la credencial, provocando una desactuali- zación del Padrón Electoral y, en consecuencia, menos participación en elecciones. Lo anterior, argumenta, debido a que un amplio sec- tor de la población tramita la credencial por ser una iden- tificación oficial. "La CURP podría desin- centivar la inscripción al Pa- drón Electoral. La ciudada- nía que no se registre en el Padrón estará impedida pa- ra participar en los procesos electorales, y como efecto po- dría aumentar el nivel de abs- tencionismo en las elecciones. "Podría generar un im- pacto en los diversos proce- sos electorales y de participa- ción ciudadana, al no contar con instrumentos registrales actualizados, lo que pudiera restar legitimidad en los re- sultados", apunta. En el documento de 23 páginas se explica que la Ley sobre Desaparición Forzada establece que toda autoridad que tenga a su cargo datos biométricos o de identifica- ción de personas deberá per mitir la "consulta inmediata". Sin embargo, advierte, la legislación tiene vacíos, pues no se establecen reglas para De acuerdo con el Registro Federal de Electores, la Plataforma En alerta roja Unica de Identidad y la CURP biométrica provocarán: Habilitar el uso de las bases de datos administradas por el INE con propósitos distin- tos a la legislación vigente. No se garantiza la prote cción de datos personales en posesión de sujetos obligados. No establece mecanismos diferenciados para institu- ciones con régimen espe- cial, como el INE. El acceso a registros biométricos por parte de terceros sin mandatos judiciales podría originar cuestionamientos. Diversos mecanismos, convenios y proyectos institucionales vinculados con el reconocimiento de la credencial para votar se verán afectados. El INE tendrá que diseñar mecanismos para garanti- zar la transferencia de datos en condiciones de seguridad, legalidad y transparencia. La CURP biométrica desde el Gobierno federal podría ser percibida como una instrumentalización politica de la identidad. La infraestructura tecno- lógica se tendrán que am- su acceso, no se requie- re autorización previa ni señala responsabili- dades administrativas o penales para quien haga uso indebido de la información. De acuerdo con el informe, la CURP biométrica puede causar riesgos de seguridad al Padrón Electoral. pliar, lo que representa au- mento en los costos actuales de operación. El INE tendría que compartir el código fuente de las solu- ciones tecnológicas que haya desarrollado para la digitalización de trámites y servicios. Tendría que implementar la Llave MX como el inicio de sesión único en sus soluciones tecnológicas, se incorporado a dicha plataforma", señala. Ello requerirá, in- siste, de auditorías, tra- zabilidad de accesos, segmentación de datos para controlar quién y para qué se consulta la información. LA CURP BIOMÉTRICA Por ello, apunta, el INE deberá demandar al Go- bierno definir alcances, salva- guardas y condiciones para el acceso a su base de datos. "La exigencia de un ac- ceso irrestricto podría entrar en tensión con las disposicio- nes legales que establecen la confidencialidad de los da- tos personales que obran en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores. "Esta disposición reque- riría definir con claridad los limites, condiciones y me- canismos legales, así como los mecanismos tecnológicos, mediante los cuales el INE podría, o no, permitir dicho acceso, ya que se podría per- der el control sobre qué per- sona o institución accederá a la información del Padrón Electoral que pudiera haber Además, indica, habría afectaciones a derechos fun- damentales, como garantizar la protección de datos perso- nales en posesión de sujetos obligados, pues el modelo propuesto por el Gobierno no requiere autorización del ciudadano. "Tal procesamiento se realizaría sin requerir nece sariamente el consentimiento del titular ni una autorización judicial previa específica, lo cual podría traducirse en una intromisión desproporciona- da en la esfera privada de las personas", afirma. También preocupa que el INE estará obligado a com- partir el código fuente de so- luciones tecnológicas y de cualquier programa de cóm- lo que genera riesgos de confidencialidad. EI INE estaría obligado a proporcionar información a la autoridad para determi- nar el grado de cumplimien- to de los modelos. La obligación de reportar todas las soluciones tecnológicas desarrolladas por la DERFE en un plazo breve representa un riesgo operativo relevante. puto que se utilice o desarro- lle para la digitalización de trámites y servicios. "Esta situación podría comprometer la seguridad, confidencialidad y control institucional sobre compo- nentes clave del sistema re- gistral", advierte. "El riesgo se incrementa si no se establecen con clari- dad los supuestos de excep- ción, lineamientos de clasifi- cación de sistemas críticos o medidas que limiten el uso, modificación o redistribución del código por otros sujetos obligados". Además habrá un impac- to presupuestal, pues las nue- vas obligaciones requerirán crear sistemas, mecanismos, incluso reforzar campañas de información. El RFE afirma que este es un análisis inicial, por lo que debe realizarse una revisión más exhaustiva de los riesgos, además de que el Gobierno federal no ha respondido a solicitudes del INE sobre los impactos.