Los mensajes sobre el bajo precio que reciben los agricultores y ganaderos por sus productos frente al precio de venta son una constante, sobre todo en los contenidos que hablan de un intento de “destruir el campo español”. También las dudas sobre quién establece esos precios o por qué no se sabe exactamente la cantidad que reciben. Todo ello está relacionado en realidad con la cadena alimentaria en Europa y en España. Pero ¿cómo funciona esta cadena de valor en España? ¿y la ley que la regula?
La cadena alimentaria: el proceso desde que se cultiva hasta que llega al consumidor
El proceso desde que se cultiva un vegetal o se cría un animal hasta que llegan al supermercado como alimentos listos para el consumo es lo que se conoce como cadena alimentaria. Aunque son el destino final de estos productos, los consumidores no se incluyen en este sistema, como explica la doctora en Derecho Teresa Rodríguez en su análisis de la ley de cadena alimentaria.
Por tanto, en la cadena alimentaria participan:
Productores primarios: agricultores y ganaderos. Pueden operar individualmente o a través, por ejemplo, de cooperativas.
Industria transformadora: empresas que procesan los productos frescos convirtiéndolos en alimentos listos para el consumo.
Distribuidores: supermercados, hipermercados y otros establecimientos que venden los alimentos al consumidor.
“La gran diferencia de tamaño entre los operadores que la conforman es una de las notas que en mayor medida definen la cadena alimentaria europea y, muy especialmente, la española”, explica Rodríguez. Una estructura dispar que genera desigualdades a la hora de fijar los precios que se pagan, por ejemplo, a los agricultores.
A estos desequilibrios de poder se añade que “el recorrido de un producto puede ser complejo”, explica a Maldita.es el ingeniero agrónomo y catedrático en la especialidad de Economía Agraria Juan Francisco Julià Igual. “Por ejemplo, los agricultores pueden vender directamente a la industria alimentaria o pasar por diversos intermediarios, como mayoristas. Este entramado puede dar lugar a una superposición de operadores que influye en los costes y el precio final”, matiza Julià.
Contratos por escrito, sanciones y organismos de control: algunas claves de la Ley de la Cadena Alimentaria
La agricultura se caracteriza por un porcentaje de valor añadido bajo y estancado en la cadena de valor, según la Comisión Europea, y ese es uno de los motivos por los que uno de los 10 objetivos principales de la Política Agraria Común (PAC) es la mejora de la posición de los agricultores. Como parte de este objetivo, se aprobó en 2019 una Directiva Europea que pedía a los países miembros una regulación de las prácticas comerciales desleales. En España, el resultado fue la reforma en 2020 y 2021 de la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada en 2013.
Esta norma pretende reforzar la regulación de las relaciones entre los operadores de la cadena de valor, prevenir las prácticas desleales y mejorar el funcionamiento de la cadena. La ley incluye algunas regulaciones clave:
Contratos por escrito: la ley obliga a que los acuerdos se formalicen por escrito y los firmen todas las partes implicadas. Además se crea un registro de contratos alimentarios para facilitar su supervisión.
Prohibición de vender a pérdidas: para “evitar la destrucción de valor en la cadena”, la ley prohíbe que se pague a los productores menos de lo que les costó producir el alimento. Los operadores que realicen la venta final de los alimentos (como los supermercados) “no podrán aplicar ni ofertar un precio de venta al público inferior al precio real de adquisición del mismo”. Lo contrario se considerará venta desleal a no ser que fuesen productos a punto de caducar.
Sanciones y publicidad: incumplir los plazos de pago o modificar sin previo acuerdo las condiciones del contrato son algunas de las sanciones que pueden conllevar multas desde 250 hasta 1.000.000 euros dependiendo de su gravedad. Además, desde 2024, las sanciones graves o muy graves se publicarán indicando el infractor, la infracción y la cuantía de la multa.
Creación de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA): es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cuya misión principal es supervisar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Es quien publica las sanciones, realiza las inspecciones y actúa como punto de contacto para denunciar el incumplimiento de la ley.
🫒 El aceite de oliva: así cambia su precio desde el origen hasta el destino
El precio del producto se va elevando a medida que avanza en la cadena alimentaria, pero esta evolución no es uniforme, explica el catedrático e ingeniero a Maldita.es.
El Observatorio de la Cadena Alimentaria está llevando a cabo algunos estudios para aportar más información sobre la cadena de valor y la formación del precio de los productos. En 2023 se publicó uno sobre el aceite de oliva virgen extra para la campaña 2020-2021 que sirve como ejemplo del funcionamiento de la cadena.
El siguiente gráfico muestra la evolución de su precio de salida a medida que avanza en la cadena. También las variaciones entre el precio mínimo y máximo en cada etapa, que ascienden hasta los 88 céntimos por kilo, y dependen de factores como la calidad del producto, el tipo de producción (convencional o ecológica), la presentación (a granel o envasado) y las estrategias comerciales de cada eslabón.
En la fase agraria, el aceite de oliva virgen extra tiene un precio base de unos 2,5 €/kg en función de los costos de producción, cosecha y transporte inicial de la aceituna. En la fase industrial, el precio sube por el coste de extracción, maquinaria, energía, almacenamiento y el envasado del producto, con márgenes de ganancia incluidos. Finalmente, en la fase de distribución, el precio se incrementa por los costos logísticos y los beneficios de los mayoristas y minoristas.
“Pese a los avances en cuanto a información gracias a los observatorios de precios del Ministerio y de algunas comunidades autónomas, todavía es necesario un mayor avance en el conocimiento de los procesos de formación de precios”, apunta Julià.
