Tres años después de la entrada en vigor del Reglamento de la UE de Servicios Digitales, los españoles siguen teniendo sus derechos menos protegidos que otros millones de ciudadanos europeos. Por eso la Fundación Maldita.es ha promovido una carta para reclamar a los grupos parlamentarios que den luz verde a las competencias y recursos que necesita la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) para implementar la DSA en España.
El reglamento, más conocido como Digital Services Act (DSA) por su nombre en inglés, es una regulación innovadora y fundamental para asegurar que las plataformas digitales y buscadores más grandes actúen según unas reglas, con obligación de identificar y reducir los riesgos que sus servicios suponen a veces para los menores de edad, la salud, las elecciones o la desinformación. También abre posibilidades inéditas hasta ahora para que los investigadores puedan estudiar lo que sucede en esas plataformas.
En la aplicación de esa regulación tienen un papel muy relevante los Coordinadores de Servicios Digitales de cada estado miembro, que son las autoridades independientes responsables de buena parte de su ejecución. Sin embargo, aunque la ley fue aprobada en Europa con un amplísimo apoyo también entre los eurodiputados españoles, la Comisión Europea ha tenido que llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplirla al no dar a la CNMC las atribuciones necesarias para desplegarla en España.