MENÚ
Casi todas las organizaciones europeas de verificación (95,7%) quieren participar en el debate público sobre cómo combatir la desinformación y reclaman a las instituciones que les escuchen. Lo hacen porque creen que tienen mucho que aportar: el 87% dice que mediante su actividad ha aprendido lecciones que harían más efectivas las políticas y regulaciones contra la desinformación. Sin embargo, el 81% cree que los fact-checkers no están representados adecuadamente en esos debates a nivel europeo.
Son sólo dos de los hallazgos del primer estudio europeo sobre organizaciones de fact-checking y su visión de las políticas públicas contra la desinformación. Se trata de una encuesta realizada por Maldita.es en colaboración con la International Fact-checking Network (IFCN), en la que 24 organizaciones de 18 países han dado su opinión sobre sus propias capacidades para participar en el debate público y sobre los asuntos más relevantes en materia de desinformación.
El 78% de las organizaciones de verificación en Europa querrían ser más activas en los debates sobre políticas públicas contra la desinformación pero, entre ellas, dos de cada tres dicen no tener recursos suficientes para hacerlo. Incluso las organizaciones que sí dedican personal a trabajar en el área de las políticas públicas, normalmente sólo tienen una persona que lo hace y que emplea en ello menos de cinco horas a la semana.
Para compensar esa falta de recursos, los verificadores optan por colaborar entre sí: el 87% ha hablado con otros fact-checkers europeos sobre asuntos relacionados con políticas públicas en el último año y el 65% ha participado en alianzas con otras organizaciones. Con todo, piensan que hay camino por recorrer: más del 95% cree que a la comunidad europea de fact-checking le beneficiaría contar con una única voz al interactuar con plataformas digitales y cargos públicos.
Peticiones a los gobiernos y las grandes plataformas
Preguntados por el papel de las instituciones públicas en la lucha contra la desinformación, el 81% de los verificadores europeos cree que estas pueden jugar un papel efectivo, pero incluso más, el 86%, alerta del peligro de que algunas de sus acciones sean malinterpretadas como censura o manipulación desde el poder. Con todo, tienen mucha más confianza en las acciones públicas si se toman a nivel europeo y no nacional. Por poner un ejemplo: el 86% está a favor de la creación de un regulador europeo de plataformas digitales cuando menos de la mitad vería efectiva esa medida a nivel estatal.
En cuanto a las grandes plataformas digitales, casi la totalidad de las organizaciones de fact-checking en Europa, el 95,6%, cree que esas compañía serían más efectivas frente a la desinformación si contaran con los verificadores para colaborar en el diseño de sus mecanismos de moderación. Un 87% opina, además, que esas compañías deberían usar el contenido de los fact-checkers como base de sus decisiones en ese ámbito y que, si lo hacen, deberían pagar por lo que usen (95%).
Aunque el 87% de los verificadores consideran que las etiquetas sobre contenido engañoso u otros recursos gráficos son efectivos contra la desinformación, hay muchas otras cosas que creen que las grandes plataformas digitales pueden hacer. El 100% les reclama que permitan un mayor acceso a sus datos a investigadores, organizaciones de la sociedad civil y a los propios fact-checkers. La misma unanimidad que suscita la financiación de iniciativas independientes de alfabetización mediática.
Las respuestas de las organizaciones de fact-checking que se reflejan en el estudio se obtuvieron mediante una encuesta online con 85 preguntas, a la que fueron invitados durante el pasado verano todos los verificadores europeos que son firmantes del Código de Principios de la International Fact-checking Network (IFCN). Participaron 24 organizaciones de 18 países, de las cuales un tercio estaban basadas en países europeos que no son miembros de la Unión Europea. Puedes descargar el informe completo aquí.