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El cambio de Gobierno no se ha notado en el trámite que marcará cómo funcionará la transparencia en España en los próximos años. El borrador de reglamento de la Ley de Transparencia que ha redactado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública mantiene los peores vicios del que redactó el Gobierno del PP, algo que a juicio de Maldita.es limitará de forma grave el acceso a la información pública en nuestro país.
Desde Maldita.es realizaremos alegaciones a dicho borrador siguiendo nuestras propuestas de transparencia dentro del plazo de audiencia abierto por el Ministerio con el fin de que a la ciudadanía se le facilite obtener información de nuestras instituciones públicas en lugar de obstaculizarlo.
Un borrador que no resuelve los problemas graves y empeora la situación actual
El borrador del Gobierno socialista limita qué es la información pública: recoge que la información pública sólo es aquello que una administración elabora o adquiere "en el desarrollo de las competencias que tiene atribuidas". Esa precisión, que no existe en la ley, impediría a juicio de Maldita.es poder solicitar información sobre las competencias que ejerce una Administración a pesar de que no le sean propias, como las facturas de iluminación de una carretera que un Ayuntamiento haya instalado sin que sea una infraestructura de su competencia.
Además, concreta algunas causas de inadmisión pero deja abierta la posibilidad a que se rechace por otras causas no especificadas: todos los artículos que citan las causas de inadmisión mantienen expresiones como "se inadmitirán a trámite cuando concurra, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias". Lejos de lo que debería hacer el borrador, que es fijar las causas por las cuales puede rechazarse dar acceso a cierta información, con la redacción actual se da la opción a las instituciones de rechazarlo por "otras causas" que no aparecen en el articulado.
El reglamento endurece las causas de inadmisión que hasta ahora se interpretaban siguiendo los criterios del Consejo de Transparencia: considera reelaboración agrupar, ordenar, recopilar o sistematizar información de varias fuentes diferentes y dispersas y también cuando sólo sea una fuente pero haya que tratarla de diferentes formas y no existan parámetros predefinidos para ello. Los criterios del Consejo no mencionan ninguno de estos casos como reelaboración.
La mezcla de procedimientos también está presente en el reglamento. En el borrador se recoge que si se ha obtenido una información por otro procedimiento distinto, entonces una solicitud al amparo del ejercicio de derecho de acceso será considera como repetitiva y será sujeto de desestimación.
Algunos problemas que existen actualmente al solicitar información pública son completamente ignorados por el borrador: no se atajan las demoras injustificadas que practican algunas administraciones. Maldita.es había propuesto que se marque un tiempo máximo por el cual la solicitud debe llegar del registro donde se presenta a la unidad competente, algo que el borrador no recoge permitiendo que las administraciones ganen un mes adicional, algo sobre lo que el Consejo de Transparencia ha llamado la atención en varias resoluciones, justificándose en que la solicitud ha tardado semanas en llegar de un departamento del mismo organismo a otro. Tampoco fija los plazos máximos para notificar cuando se ha empezado a tramitar una solicitud, por lo que la ciudadanía seguirá sin saber si su solicitud está dentro o fuera del plazo para resolver durante los primeros días del plazo de reclamación.
Unas mejoras muy menores en comparación con los obstáculos que causa
El borrador sí recoge pequeños cambios que mejoran, de forma muy limitada, el anterior borrador del PP: marca un plazo máximo de 10 días para ampliar el plazo a la hora de reenviar una solicitud de un organismo a otro cuando el receptor no es competente, también un plazo máximo de 10 días desde la recepción (y no desde la detección de aspectos a subsanar, como en el anterior borrador) para que las administraciones soliciten una subsanación o requiere que los derechos de terceras personas se vean en riesgo "concreto, previsible y definido" para considerar que una solicitud sea abusiva.
Sin embargo, estos pequeños cambios son prácticamente irrelevantes cuando se comparan con los problemas realmente graves que el borrador supone para lo que será el acceso a la información si se termina aprobando.
