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El Ministerio de Justicia ha decidido hacer caso omiso del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y ha notificado que acudirá a los tribunales para impedir que se haga público el informe de la Abogacía del Estado sobre ceder competencias a las comunidades autónomas para regular los vehículos con conductor (VTC) como Uber o Cabify.
Durante el proceso de negociación para encontrar una solución a las reivindicaciones de los taxistas, que durante semanas realizaron protestas, el Ministerio de Fomento realizó una consulta a la Abogacía del Estado sobre las posibilidades jurídicas de realizar un trasvase de competencias cuya respuesta fue negativa, según el diario El Mundo.
A finales de agosto Maldita.es solicitó al Ministerio de Justicia, del cual depende la Abogacía del Estado, copia de la consulta y de la respuesta de la Abogacía. Justicia se negó a hacer público el documento amparándose en que hay un proceso judicial en curso en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Maldita.es reclamó ante el Consejo de Transparencia, un organismo público independiente encargado de promover la transparencia, que resolvió que la información debía hacerse pública e instó al Ministerio a entregar el informe.
Sin embargo, lejos de cumplir con la resolución del Consejo, el Ministerio ha anunciado en una nueva respuesta su negativa a hacer pública la información y la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el Consejo de Transparencia para intentar evitar tener que hacerlo público.
Tras un proceso de varios meses, el 29 de septiembre se publicaba en el BOE el Real Decreto-ley 13/2018, que otorgaba a las comunidades autónomas y ayuntamientos competencias sobre los vehículos VTC.
